Juan Luis Mata Barraza

Expediente 669/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 30 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
669/2022
Año
2022
Actuaciones
30
Última actuación
03/02/2023

Partes del expediente

  • Juan Luis Mata Barraza
  • Ma. Iram González Benítez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, a tres de febrero de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintidós; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Mediante sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo. Inconforme con lo anterior, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito interpuso recurso de revisión. El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo al Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, remitiendo testimonio de la ejecutoria pronunciada en los autos del recurso de revisión 295/2022, en la que los Magistrados integrantes de dicho tribunal confirmaron la sentencia recurrida, en la que se sobreseyó y concedió la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsables: (.) El juez de control responsable deberá realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la orden de aprehensión de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, emitida dentro de la causa judicial 81/2020 y en contra del quejoso por su probable participación en el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado, en victimización de quien en vida respondiera al nombre de Salvador Sánchez González; y, 2. Emita una nueva en la que considere que, conforme a lo resuelto en la audiencia inicial celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, la detención del quejoso se calificó de ilegal y, por tanto, las pruebas obtenidas de forma directa e indirecta a partir de dicha detención deben considerarse nulas y excluirse para determinar si aconteció un hecho con apariencia de delito y si el quejoso lo cometió o participó en su comisión. En el entendido de que, para establecer qué medios de convicción deben anularse, es necesario que se determine si: La contaminación de la prueba se atenúa; para lo cual deber considerar los siguientes factores para determinar si el vicio surgido de una violación constitucional ha sido difuminado: Cuanto más deliberada y flagrante sea la violación constitucional, mayor razón para que el juzgador suprima toda evidencia que pueda ser vinculada con la ilegalidad. Así, si la violación es no intencionada y menor, la necesidad de disuadir futuras faltas es menos irresistible. Entre más vínculos (o peculiaridades) existan en la cadena entre la ilegalidad inicial y la prueba secundaria, más atenuada la conexión. Entre más distancia temporal exista entre la ilegalidad inicial y la adquisición de una prueba secundaria, es decir, que entre más tiempo pase, es más probable la atenuación de la prueba. Hay una fuente independiente para la prueba; esto es, es necesario determinar si hay una fuente independiente para la prueba. La prueba hubiera sido descubierta inevitablemente; es decir, para no excluir la prueba consistiría en determinar si ésta hubiera sido descubierta inevitablemente en el proceso. Dicho supuesto se refiere, en general, a elementos que constituyan prueba del delito que hubieran sido encontrados independientemente de la violación inicial. (.) Por proveído de uno de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Consecuentemente, se procede a calificar el cumplimiento de la sentencia protectora. Mediante oficio 6260 recibido el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Estado, informó que dentro de los autos de la causa judicial 81/2020, el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós se dictó un auto en el que se ordenó dejar insubsistente la orden de aprehensión de dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Asimismo, mediante diverso oficio 6283 presentado el treinta de noviembre de dos mil veintidós, el citado juzgador remitió copia autentificada de la resolución pronunciada en la causa judicial 81/2020 en la que negó la orden de aprehensión solicitada en contra del quejoso Juan Luis Mata Barraza, por su probable intervención en la comisión del hecho que la Ley señala como delito de homicidio calificado cometido en victimización de Salvador Sánchez González. Así, se observa que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, en la medida que, al resolver sobre el mandamiento de captura que le fue solicitado, consideró que el oficio de puesta a disposición debía invalidarse por constituir una prueba ilícita; en tanto que se obtuvo con motivo de la detención del justiciable, la que fue declarada ilegal en audiencia de veintitrés de septiembre de dos mil veinte. Por tanto, consideró que no existen datos de prueba que hagan probable la intervención del justiciable en el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado. Una vez expuesto lo anterior, se concluye que, la responsable dio cumplimiento exacto a la ejecutoria de amparo, y por ello, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese este juicio como concluido, gírese oficio a las responsables que tuvieron el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General Sin Número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente y el original del incidente de suspensión son susceptibles de depuración. Luego, tomando en consideración de que el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar definitiva solicitada, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo decimoctavo, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución relativa a su otorgamiento y el presente proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista a la parte quejosa y tercero interesado; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad tercero interesado y responsables.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a tres de febrero de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintidós; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Mediante sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo. Inconforme con lo anterior, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito interpuso recurso de revisión. El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo al Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, remitiendo testimonio de la ejecutoria pronunciada en los autos del recurso de revisión 295/2022, en la que los Magistrados integrantes de dicho tribunal confirmaron la sentencia recurrida, en la que se sobreseyó y concedió la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsables: (.) El juez de control responsable deberá realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la orden de aprehensión de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, emitida dentro de la causa judicial 81/2020 y en contra del quejoso por su probable participación en el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado, en victimización de quien en vida respondiera al nombre de Salvador Sánchez González; y, 2. Emita una nueva en la que considere que, conforme a lo resuelto en la audiencia inicial celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, la detención del quejoso se calificó de ilegal y, por tanto, las pruebas obtenidas de forma directa e indirecta a partir de dicha detención deben considerarse nulas y excluirse para determinar si aconteció un hecho con apariencia de delito y si el quejoso lo cometió o participó en su comisión. En el entendido de que, para establecer qué medios de convicción deben anularse, es necesario que se determine si: La contaminación de la prueba se atenúa; para lo cual deber considerar los siguientes factores para determinar si el vicio surgido de una violación constitucional ha sido difuminado: Cuanto más deliberada y flagrante sea la violación constitucional, mayor razón para que el juzgador suprima toda evidencia que pueda ser vinculada con la ilegalidad. Así, si la violación es no intencionada y menor, la necesidad de disuadir futuras faltas es menos irresistible. Entre más vínculos (o peculiaridades) existan en la cadena entre la ilegalidad inicial y la prueba secundaria, más atenuada la conexión. Entre más distancia temporal exista entre la ilegalidad inicial y la adquisición de una prueba secundaria, es decir, que entre más tiempo pase, es más probable la atenuación de la prueba. Hay una fuente independiente para la prueba; esto es, es necesario determinar si hay una fuente independiente para la prueba. La prueba hubiera sido descubierta inevitablemente; es decir, para no excluir la prueba consistiría en determinar si ésta hubiera sido descubierta inevitablemente en el proceso. Dicho supuesto se refiere, en general, a elementos que constituyan prueba del delito que hubieran sido encontrados independientemente de la violación inicial. (.) Por proveído de uno de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Consecuentemente, se procede a calificar el cumplimiento de la sentencia protectora. Mediante oficio 6260 recibido el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Estado, informó que dentro de los autos de la causa judicial 81/2020, el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós se dictó un auto en el que se ordenó dejar insubsistente la orden de aprehensión de dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Asimismo, mediante diverso oficio 6283 presentado el treinta de noviembre de dos mil veintidós, el citado juzgador remitió copia autentificada de la resolución pronunciada en la causa judicial 81/2020 en la que negó la orden de aprehensión solicitada en contra del quejoso Juan Luis Mata Barraza, por su probable intervención en la comisión del hecho que la Ley señala como delito de homicidio calificado cometido en victimización de Salvador Sánchez González. Así, se observa que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, en la medida que, al resolver sobre el mandamiento de captura que le fue solicitado, consideró que el oficio de puesta a disposición debía invalidarse por constituir una prueba ilícita; en tanto que se obtuvo con motivo de la detención del justiciable, la que fue declarada ilegal en audiencia de veintitrés de septiembre de dos mil veinte. Por tanto, consideró que no existen datos de prueba que hagan probable la intervención del justiciable en el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado. Una vez expuesto lo anterior, se concluye que, la responsable dio cumplimiento exacto a la ejecutoria de amparo, y por ello, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese este juicio como concluido, gírese oficio a las responsables que tuvieron el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General Sin Número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente y el original del incidente de suspensión son susceptibles de depuración. Luego, tomando en consideración de que el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar definitiva solicitada, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo decimoctavo, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución relativa a su otorgamiento y el presente proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista a la parte quejosa y tercero interesado; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad tercero interesado y responsables.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a siete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso ********************, por el que solicita se le expida copia certificada por duplicado de todo lo actuado en el presente juicio de amparo; atento a ello, expídase a su costa las copias certificadas que solicita, teniéndose por autorizada a la persona que refiere para recibirlas, previa identificación, toma de razón y recibo que obre en autos. Notifíquese. A

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a uno de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes del Estado, por medio del cual, manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que justifica con la copia autenticada de la resolución pronunciada el veintiocho de noviembre del presente año, en la causa judicial 81/2020, que acompaña a su oficio de cuenta; ahora bien, tomando en consideración, que por auto de treinta de noviembre actual, se tuvo a la autoridad oficiante informando que mediante auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dictó un auto en el que se ordenó dejar insubsistente la orden de aprehensión de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, dentro de la citada causa judicial. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta y anexo; así como con el oficio, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector. Notifíquese por lista a la parte quejosa, a la tercera interesada Ma. ********************; y, por oficio a la autoridad tercera interesada.

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