Juan Luis Mata Alfaro
Expediente 964/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 964/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Luis Mata Alfaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés. II. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que la presente pieza de actuaciones es destruible, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda.
- Principal
Se cumple prevención. Agréguese a los autos para que obren como legalmente corresponda, el escrito y anexo presentados por ********************, en su carácter de defensor público federal del quejoso********************mediante el cual, cumple con el requerimiento que se les formuló en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintidós, y en atención a ello, se acuerda: Autoridad responsable. Juez de Ejecución Penal, con sede en Valle de Santiago, Guanajuato. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso acude a reclamar:********************La orden para llevar a cabo un posible traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, a un diverso centro de reclusión, así como su ejecución.********************Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: ********************"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."********************De la lectura del artículo transcrito, se advierte que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano.********************En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto.********************Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. ********************La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda.********************En ese contexto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."******************** "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:********************"I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.********************(.)********************El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley"********************Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común.********************En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad".********************Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva.********************De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación.********************De ahí que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.********************Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.********************Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo.********************Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo.********************Ahora, en la especie la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando la posible orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, a un diverso centro de reclusión dentro de la república mexicana.********************Luego, de la lectura de la demanda de cuenta, se obtiene que el impetrante se encuentra actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, pero tiene temor de que lo trasladen a un diverso centro de reclusión dentro de la república mexicana. De esto, se advierte que la orden de traslado que reclama el quejoso es un acto futuro e incierto, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado.********************Ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados.********************Lo que en el caso no sucede, pues el propio quejoso manifestó en su escrito aclaratorio que no ha sido informado de alguna orden de traslado, sino únicamente tiene el temor de ser traslado sin previo aviso, lo cual no implica que a la fecha de presentación de la demanda exista una orden de la autoridad señalada como responsable para trasladarlo a un diverso centro de reclusión dentro de la república mexicana, o que dicha orden sea inminente de realización cierta. ********************De ahí que se considere dicho acto reclamado como futuro de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere la certeza clara y fundada de que los actos impugnados existan o puedan llegar a existir. En otras palabras, dados los antecedentes narrados por el quejoso no se advierte la ineludible emisión de dicha orden, pues no señala ningún dato que objetivamente revele su existencia, tan es así que únicamente refiere que tiene la incertidumbre de ser trasladado a diverso centro de reclusión, sin que exprese datos objetivos que evidencien su certeza. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la quejosa en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Debe decirse que esta Juzgadora no soslaya la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE."; sin embargo, la misma no es aplicable en la especie, en virtud de que en el presente caso esta juzgadora sí se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que no existen indicios objetivos en el sentido de que la autoridad responsable haya ordenado la realización del acto reclamado o que esté a punto de hacerlo; máxime que el propio quejoso manifestó que únicamente tiene el temor de ser trasladado a diverso centro penitenciario, sin previo aviso. Esto se afirma, en virtud que en el presente caso la suscrita se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que no existen indicios objetivos en el sentido de que la responsable haya ordenado la realización de los actos reclamados o que está a punto de hacerlo, y por el contrario, la demanda descansa en meras suposiciones sin sustento objetivo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Sin que con esta determinación se deje al quejoso en estado de indefensión, toda vez que en términos del artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuenta con un medio ordinario de defensa denominado recurso de apelación, para el caso de que sea notificado de la existencia de dicha orden o bien, para el caso de que tal acto llegare a ejecutarse sin mediar notificación de por medio. Se ordena generación de versión pública de proveído. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
No ha lugar conceder prórroga. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por Juan Carlos Zepeda Cruz, defensor público federal del aquí quejoso Juan Luis Mata Alfaro, mediante el cual, en atención a la prevención de demanda formulada el dieciocho de septiembre del año en curso, solicita se conceda una prórroga para su desahogo por las razones que expone; al respecto, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad su solicitud, por las siguientes razones. En principio, el artículo 114 de la Ley de Amparo, en lo que aquí interesa, establece básicamente que el cumplimiento de la prevención formulada por el órgano de control constitucional deberá, el quejoso, hacerlo en el plazo de cinco días. Dicho plazo (cinco días) es fatal, puesto que se trata de un término judicial expresamente establecido en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, respecto del cual opera el principio procesal de preclusión. Bajo esa línea de pensamiento, recuérdese al ocursante que en proveído de dieciocho de septiembre pasado se formuló prevención (en los términos ahí establecidos), dicho auto se ordenó notificar personalmente no solo al profesionista mencionado, sino también al directo quejoso en su lugar de reclusión. De autos se inadvierte que esta última diligencia, a la fecha, hubiere ocurrido. Luego entonces, el plazo a que alude el numeral 114 de la ley de la materia, comenzará a correr una vez que el quejoso se encuentre legalmente notificado del contenido del acuerdo de prevención de dieciocho de septiembre pasado, dado que la consecuencia que impone el multireferido dispositivo legal repercute únicamente a la esfera jurídica del impetrante. Con independencia de la multa con la que fue apercibido el defensor público federal de trato. Ello, se itera, respetando el principio de preclusión aludido. Cierto, el artículo 17 Constitucional establece que es obligación de los órganos jurisdiccionales privilegiar la solución del conflicto bajo el acceso a una tutela efectiva, por sobre los formalismos procesales, verídico resulta que este deber tiene como límites los derechos de las partes, a saber: 1) a la igualdad procesal, y 2) el respeto al debido proceso [formalidades esenciales del procedimiento]; esto último, conlleva a respetar los principios rectores del proceso, como lo es -entre otros- el de preclusión. Estas formalidades esenciales del procedimiento garantizan: i) la buena fe de las partes en el proceso, ii) la no arbitrariedad de los jueces y iii) la seguridad jurídica; por lo que, además de lo expresado en líneas precedentes, no es posible acordar de conformidad a la prórroga solicitada por el ocursante. En consecuencia dígasele a Juan Carlos Zepeda Cruz, defensor público federal del quejoso, que deberá estarse al plazo y apercibimientos decretados en auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. No se soslaya que en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el diverso sumario constitucional 771/2023-I, de la estadística judicial de este Juzgado de Distrito, se haya concedido la prórroga solicitada por la licenciada Diana Guadalupe Ramírez García, quien al momento de su petición fungía como defensora provisional del ahí quejoso, debido a que el asesor definitivo se encontraba gozando de su periodo vacacional; de ahí que su concesión se debió a las particularidades del caso, pues se presume que quien suple a un compañero durante el periodo vacacional habrá de realizar una doble función, de ahí que las cargas de trabajo puedan verse incrementadas, lo que en modo alguno podría repercutir en perjuicio del impetrante. Empero, en el caso que nos ocupa, Juan Carlos Zepeda Cruz funge como defensor definitivo del quejoso en esta instancia constitucional, por lo que es evidente que no se encuentra en el supuesto arriba mencionado; luego entonces, la concesión de la prórroga debe atenderse casuísticamente, esto es, atendiendo a las particularidades de cada uno de los supuestos que se presentan en el quehacer jurisdiccional.
- Principal
Instituto Federal de Defensoría Pública designa defensor. Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta enviados vía correo electrónico por la titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato capital, mediante los cuales da cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado por este órgano de control constitucional en proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés y, para tal efecto, designa al licenciado Juan Carlos Zepeda Cruz, como defensor público del aquí quejoso ****************, y no así a la licenciada Irma Leonor Ramírez Galicia, como informó en su primer oficio, para los efectos legales a que haya lugar. Defensor Público acepta cargo. Asimismo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito de cuenta signado por Juan Carlos Zepeda Cruz y, en atención a su contenido, téngasele aceptando y protestando el cargo de defensor público del aquí quejoso privado de la libertad **************. Como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario (JuanCarlosZepeda) se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De la misma forma, como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio. Se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, en los términos anteriormente apuntados. Sin que haya lugar a tenerle señalando como domicilio físico el que indica en su escrito, toda vez que se advierte que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, máxime que solicitó que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica. Asimismo, téngasele proporcionando cuenta de correo electrónico y número telefónico con la finalidad de establecer contacto en caso de que se estime necesario. III. Comunicación al quejoso sobre designación de defensor público. Hágase del conocimiento del quejoso ******************** que le fue asignado como defensor público para que le preste asesoría en el presente juicio de amparo al Defensor Público Federal Juan Carlos Zepeda Cruz, para los efectos legales a que haya lugar. IV. Realización de notificaciones en el presente asunto. Comuníquese al quejoso ******************** y a su defensor público federal Juan Carlos Zepeda Cruz, que este órgano jurisdiccional ordenará la realización de las notificaciones personales que estime pertinentes a ambos o solamente al aludido impetrante o a su defensor, dependiendo de la naturaleza del acuerdo a notificar. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, undécima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049, con número de registro digital 2025391, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]." V. Prevención. Ahora bien, toda vez que se le ha designado un defensor al directo quejoso y ésta ha aceptado y protestado el cargo, a efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente respecto a la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones II y IV, así como 108, fracciones III, IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, sin presentar ni formular nueva demanda y bajo protesta de decir verdad, se constriña a cumplir con lo siguiente: Indique quiénes son las autoridades responsables en el presente juicio de amparo; lo anterior, toda vez que en el capítulo respectivo señala en su inciso a) a la Jueza de Ejecución Penal con sede en Valle de Santiago, Guanajuato y en su inciso b) a "toda posible autoridad administrativa que llegara a tener el carácter de responsable", lo cual resulta genérico, al no señalar a alguna autoridad en particular, de ahí que es necesario indique a quién o quiénes les recae tal carácter. Precise de manera clara, concreta y precisa cuál o cuáles son los actos que reclama, ya que en su demanda indica que tiene el temor fundado de que las autoridades no le permitan seguir compurgando su pena de prisión en el centro penitenciario en el que actualmente se encuentra recluido (Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato en Ocampo), en virtud de que el pasado dieciocho de agosto de dos mil veinte la jueza responsable ordenó su traslado del Centro de Reinserción Social de "Puentecillas, Guanajuato" al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", violando sus derechos fundamentales. De ahí que no resulta claro si reclama esa orden de traslado de dieciocho de agosto de dos mil veinte, o bien, únicamente tiene la incertidumbre de ser trasladado en algún momento futuro, por lo que deberá aclarar cuál es el acto o actos que en concreto reclama. Relate, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto o actos que en su caso señale como reclamados, entre ellos, cómo se enteró de la orden de traslado reclamada. Se apercibe al promovente que, de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace saber a la parte quejosa y a su defensor que deberán desahogar el requerimiento de que se trata de manera coordinada, a fin de evitar posibles contradicciones que perjudiquen la tramitación del presente contradictorio constitucional.
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