Juan Luis Jaramillo Cruz

Expediente 241/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
241/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Juan Luis Jaramillo Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión dentro del término legal contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de depuración, pues se negó el amparo y carece de relevancia histórica y documental; asimismo es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión pues se concedió la medida cautelar; por ende, glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 241/2020-VI; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito de demanda presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y por razón de turno, entregada a este Juzgado el dos de marzo del año próximo pasado, Juan Luis Jaramillo Cruz, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México y otras autoridades, por los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Por auto de tres de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 35 y 37 primer párrafo, de la Ley de Amparo; toda vez que se reclaman actos cuya ejecución tiene lugar dentro del ámbito territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo y la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que el quejoso reclama: - La orden de búsqueda, localización y aprehensión girada en su contra, dentro de la causa de control 324/2019, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, así como su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las responsables Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México y Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues así se desprende del contenido de su respectivo informe con justificación que rindieron y las constancias que la primera anexó para apoyarlo. Misma determinación debe tomarse respecto de la autoridad responsable Comisario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Zumpango, Estado de México, no obstante que en su informe haya negado el acto que se le atribuye, toda vez que dado el carácter de autoridad ejecutora con el que fue señalada, lo cierto es que se encuentra en aptitud de ejecutar el acto reclamado en cualquier momento. En efecto, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias y videograbaciones que remitió la primera responsable mencionada en apoyo a su informe con justificación, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por tratarse de la reproducción certificada de actuaciones judiciales expedidas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setecientos tres, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente; sin embargo, las partes no hicieron valer causa de improcedencia ni se advierte de oficio que se actualice alguna de ellas, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo. A continuación, se examinará la constitucionalidad del acto combatido, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. Bajo ese contexto, el quejoso aduce que la determinación de la autoridad responsable es incorrecta sustancialmente por los siguientes motivos: - Previo al dictado del acto reclamado no se le citó a comparecer o a defender sus derechos, violando su derecho de audiencia. - La orden privativa de libertad combatida carece de toda fundamentación y motivación, vulnerando lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, se estima que los conceptos que hace valer el quejoso son infundados, sin que se advierta motivo de suplencia en su favor, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones que se expondrán enseguida. Los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, establecen que ninguna persona puede ser privada, entre otros aspectos, de su libertad, sino es mediante el seguimiento de juicio ante los órganos jurisdiccionales preexistentes, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y acorde a leyes expedidas con anterioridad al hecho que se ventile, así como que todos las resoluciones que contengan actos privativos deben estar debidamente fundamentados y motivados. Al respecto, se debe entender por fundamentación, la cita del o los preceptos aplicables al caso; y por motivación, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hayan tomado en consideración para su dictado; además, debe existir una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas jurídicas aplicables, esto es, que las razones particulares que se expresen, concuerden con la descripción legal. Ahora, el tercer párrafo del artículo 16 Constitucional enumera cuáles son los presupuestos necesarios para que una autoridad judicial libre una orden de aprehensión; porción normativa que establece: ".No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Por su parte, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que existen dos supuestos para que el Juez de Control pueda obsequiar una orden de captura: a) cuando el Ministerio Público advierta la necesidad de cautela; y, b) cuando la autoridad judicial lo haya declarado sustraído a la acción de la justicia. En ese contexto, es necesario destacar que los requisitos para que se libre una orden privativa, dependiendo de cada supuesto, son distintos. Al respecto, la orden de aprehensión que se libra con motivo de la declaratoria de sustracción a la acción de la justicia, debe apoyarse en el hecho que el imputado no haya comparecido a una citación judicial, sin causa justificada y con ello, demostrado su intención de sustraerse de la acción de la justicia, esto es, que busca impedir la realización del juicio o la aplicación de la sentencia, obstaculizando la buena marcha del proceso, por lo que, el mandamiento de captura sería el acto procesal idóneo para garantizar la continuidad del mismo. En este supuesto, a diferencia del diverso, el imputado ya se encuentra sometido a la potestad de la autoridad jurisdiccional con motivo de la tramitación del proceso que se le sigue; en cambio, cuando se solicita orden de aprehensión en razón a que el Ministerio Público advierte la necesidad de cautela, ello tiene la finalidad de conducir al investigado a la audiencia inicial sin que evada la acción de la justicia, pero sin haberse sometido previamente a ésta. Así, cabe mencionar que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional; además, constituye un acto mediante el cual sólo se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado, pues su finalidad es localizar a la persona contra la que se emitió y ponerlo a disposición del Juez que la dictó para el inicio o la continuación del procedimiento. Es orientador al respecto, el criterio que se contiene en la tesis aislada XV.3o.2 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, correspondiente a la Décima Época, consultable en la página 2319, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. POR SÍ MISMA, CONSTITUYE UN ACTO MEDIANTE EL CUAL SÓLO SE RESTRINGE PROVISIONALMENTE LA LIBERTAD AMBULATORIA DEL IMPUTADO Y SU FINALIDAD ES PASAR A UNA SEGUNDA ETAPA DE INVESTIGACIÓN SUPERVISADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, UNA VEZ REALIZADA LA IMPUTACIÓN Y DICTADO EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO." En las relatadas condiciones, atendiendo que la hipótesis que interesa en el presente caso es la prevista en el artículo 141 párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales, en concordancia con lo dispuesto por el ordinal 16 de la Carta Magna, puede advertirse que los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión a que se refieren dichos dispositivos son: a) Que el Ministerio Público la solicite; b) Que la dicte una autoridad judicial competente; y, c) Que se haya declarado sustraído de la acción de la justicia al imputado. En el entendido que, la autoridad judicial debe fundar y motivar su resolución, atendiendo los argumentos expuestos por la representación social al momento de solicitar la correspondiente orden de aprehensión. En el caso, de las copias certificadas y los discos compactos que allegó el Juez responsable como sustento de su informe justificado, se aprecia, en lo que interesa, lo siguiente: 1. El dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, ante la solicitud en línea realizada por el Agente del Ministerio Público, el Juez de Control Especializada en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea, ordenó la localización y aprehensión de Juan Luis Jaramillo Cruz y otros, por el hecho delictivo de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia, previsto por el artículo 287 y 289, fracción I, 290, fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado de México, cometido en agravio de la persona moral denominada Cadena Comercial Oxxo sociedad anónima de capital variable. 2. El veinte de noviembre de dos mil diecinueve, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión, y una vez que se calificó de legal la detención, se formuló imputación contra el aquí quejoso por el ilícito mencionado y la representación social solicitó se decretara auto de vinculación en contra del indiciado, señalándose nueva fecha y hora para resolver su situación jurídica pues se acogió a la ampliación del término constitucional. 3. El veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó auto de no vinculación a proceso a favor del peticionario de amparo, ordenándose su inmediata libertad. 4. Inconforme con dicha resolución la fiscalía y el representante legal de la moral ofendida interpusieron recurso de apelación. 5. De dicho medio de impugnación conoció y resolvió el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, México, bajo el toca de apelación 24/2020, mismo que determinó revocar el auto de no vinculación a proceso y dictó auto de vinculación en contra del aquí quejoso. 5. En cumplimiento a dicha resolución el Juez de Control responsable citó a las partes para audiencia de revisión de medida cautelar a celebrarse el veinticuatro de febrero de dos mil veinte. 6. No obstante que fueron debidamente notificadas las partes, el imputado Juan Luis Jaramillo Cruz no asistió ni justificó su inasistencia, por lo que la autoridad judicial en términos del artículo 141, párrafo cuarto, declaró que éste se había sustraído de la acción de la justicia y previa solicitud de la fiscalía ordenó su búsqueda, localización y aprehensión, girando oficio para ello a la Fiscalía General del Estado de México. Derivado de lo expuesto, el suscrito considera que contrario a lo que afirma la parte quejosa, la resolución impugnada respeta las exigencias del artículo 14 Constitucional, ya que, por una parte, emana de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido y competente, considerando que el acto reclamado se dictó por la autoridad jurisdiccional ante quien se sigue la carpeta judicial número 324/2019; por otra parte, dicho órgano jurisdiccional emitió la resolución que ahora se reclama con base en leyes expedidas con anterioridad al hecho, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, se respetó al ahora solicitante de amparo el derecho de audiencia consagrado en dicho dispositivo, toda vez que fue notificado del inicio del procedimiento y sus consecuencias; tuvo la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas para su defensa, se le dio la oportunidad de alegar, se le citó con la debida anticipación a la audiencia en la que se obsequió la orden privativa de libertad girada en su contra, en la cual incluso estuvo presente su defensor. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133 del Tomo II, Diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Por otro lado, el acto reclamado también se apega a lo establecido en el numeral 16 de la Ley Suprema del país, atendiendo que fue solicitado por el Agente del Ministerio Público que interviene en el desarrollo de la causa de control, que se librará dicha orden de captura. Asimismo, el requisito que prevé el artículo 141 párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a que se haya declarado al imputado sustraído de la acción de la justicia, también se encuentra justificado en la especie, pues de la reproducción de la videograbación de la audiencia celebrada el veinticuatro de febrero del año próximo pasado, se aprecia que el Juez responsable determinó que al hacerse constar la inasistencia del imputado y que se encontraba debidamente notificado, sin que se hubiera hecho saber de algún motivo para su incomparecencia, con base en ello, lo declaró sustraído de la acción de la justicia. En el entendido que, al haber derivado la orden de aprehensión de la declaratoria que se hizo del imputado de sustracción a la acción de la justicia, es decir, con motivo de las obligaciones que adquirió al encontrarse sometido ante la autoridad judicial en razón del proceso que se le sigue, no es necesario analizar si, en la especie, precede denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, tampoco si obran datos que establecen que se ha cometido el hecho y si existe la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, toda vez que el mandamiento de captura que se dicta al actualizarse el supuesto del artículo 141 párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; por ende, si ya se le vinculó a proceso, es evidente que el mandamiento de captura busca poner al imputado a disposición de la autoridad jurisdiccional para que continúe en esa situación jurídica y se prosiga el proceso. De esta manera, tales aspectos se tienen colmados al advertir la responsable que se vinculó a proceso a Juan Luis Jaramillo Cruz, por el delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia, previsto por el artículo 287 y 289, fracción I, 290, fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado de México; ilícito que se encuentra sancionado con pena de prisión. Apoya lo expuesto, la tesis aislada VII.1o.P.128 P, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en la página 1095, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, de rubro y texto: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO SE REQUIERE ESTUDIAR DE NUEVA CUENTA EL CUERPO DEL DELITO NI LA PROBABLE RESPONSABILIDAD CUANDO PROVIENE DE UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN DECLARADO FIRME. No se requiere estudiar de nueva cuenta el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del inculpado en su comisión, cuando la orden de reaprehensión impugnada sea consecuencia directa del auto de formal prisión emitido en su contra, que quedó firme con motivo del análisis realizado en un diverso juicio de garantías, en el que se le negó el amparo en forma definitiva, pues al estar sometido el quejoso al auto de bien preso, es evidente que la finalidad de esa reaprehensión es sólo para el efecto de que continúe en esa situación jurídica, por lo que dicha orden no es violatoria de sus garantías individuales, máxime si no se combatió por vicios propios." En esas condiciones, la responsable fundó y motivó adecuadamente su determinación, pues consideró que el imputado fue notificado de su obligación de comparecer a la audiencia de revisión de medidas cautelares señalada para el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, y con su inasistencia se podría ver demorada o dificultada, por lo que emitió declaratoria de sustracción de la acción de la justicia y, a petición de la fiscalía, libró orden de aprehensión en su contra, habiendo respetado con ello la garantía de audiencia y cumplidos los requisitos para el libramiento del mandamiento de captura previstos por los artículos 16 de la Carta Magna y 141 párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, el suscrito considera que la determinación combatida se encuentra ajustada a derecho y ante lo infundado de los conceptos de violación formulados por el quejoso, procede negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita, lo que se hace extensivo a los actos de ejecución al no ser combatidos por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a ...

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Atendiendo a que por Circular SECNO/10/2021 se levantó la suspensión decretada por su similar CAP/2/2020 relativa a la "Propuesta de medidas en relación con los contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Segundo Circuito", misma que fue extendida por las diversas SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/ 6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, continúese con la tramitación del presente asunto conforme al Acuerdo General 21/2020. Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos y en su lugar se fijan las nueve horas con veinte minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a dicha audiencia por medio de videoconferencia, caso en el cual, deberán manifestar su voluntad de hacerlo a más tardar tres días hábiles previos a la fecha antes señalada.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Coordinadora General de Litigación, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por medio del cual, remite la constancia de emplazamiento de la Agente del Ministerio Público adscrita al Tercer turno de Zumpango, de la Fiscalía Regional de Zumpango, Estado de México, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por ser el actual encargado de la carpeta administrativa 324/2019, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de la mencionada localidad; por tanto, en términos del artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, téngasele por emplazada al presente juicio para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

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