Juan Luis Infante Mendoza
Expediente 551/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 551/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 06/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Luis Infante Mendoza
- JUAN LUIS INFANTE MENDOZA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
...Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Primero Penal de Valle de Santiago, Guanajuato, con el que devuelve diligenciado el despacho 603/2021 (841/2021), del índice de este juzgado, enviado para notificar al quejoso; lo que aconteció el veintinueve de junio del año en curso. Dese de baja dicha comunicación en el libro de gobierno correspondiente, previas las anotaciones respectivas. Finalmente, al no existir diligencias pendientes por realizar, dese cumplimiento al auto de veinticuatro de junio de la presente anualidad y remítase el presente juicio al archivo definitivo del juzgado...
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...Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, así como el ocurso de referencia, presentado por el directo quejoso, se advierte que la sentencia por la que se negó el amparo solicitado por la parte quejosa no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo respecto del resto de las partes para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, en atención a que se determinó sobreseer en el juicio, por lo que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental dado que carece de valor jurídico, histórico o documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. DOCUMENTOS: No se allegaron documentos por las partes. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contario sentido, 18, fracción I, inciso b), 20, párrafo primero, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, incisos a) y c) del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) Se requiere a la autoridad responsable para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado; ello, atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. En virtud de que el quejoso *** se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "Cereso Mil" de Valle de Santiago, Guanajuato, en consecuencia, con apoyo en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en relación con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena girar despacho al Juez Penal de Partido, en turno, con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione a quien corresponda a efecto de que notifique de forma personal la presente resolución a dicho quejoso...
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... Téngase por recibido el oficio signado por la Juez Provisional Segundo Penal de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 462/2021 (orden 637/2021), del índice de este juzgado, enviado para notificar a la parte quejosa la sentencia dictada en el presente juicio, lo que aconteció el treinta y uno de mayo del año en curso. Dese de baja la comunicación oficial de mérito en el libro de gobierno correspondiente, previas las anotaciones respectivas. Sin que pase inadvertido que en la diligencia de referencia se haya asentado el presente expediente con el número 551/2021, pues de los diversos datos se advierte que corresponde a este asunto. Notifíquese.
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...TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato y el Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social, ambos de Valle de Santiago, Guanajuato, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 55 y 80 de autos). Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con la constancia que el juez responsable acompañó en apoyo a su informe justificado, la cual consiste en un disco en formato dvd que contiene la causa penal digital *** y audiencias relativas a ésta; a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones Además, el referido expediente electrónico, al haber sido reproducido por la autoridad responsable tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido se apreció, pues fue necesaria la observación sensorial respecto de éste, con el objeto de constatar lo ahí realizado4. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto no se hicieron valer causas de improcedencia y no se advierte de oficio la actualización de alguna, por ende, se procede a entrar al examen de los motivos de inconformidad planteados. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de los motivos de disenso expuestos por el quejoso, procede relatar los antecedentes del acto reclamado, en los siguientes términos: 1. El diecinueve de agosto de dos mil veinte, aproximadamente a las siete horas con cuarenta y cinco minutos *** realizó llamada telefónica solicitando auxilio a la corporación de seguridad pública de Valle de Santiago, en la que labora, por la posible comisión de un delito. 2.- Elementos de esa corporación se constituyeron en el lugar ubicado en la *** a un lado del rastro en aquella ciudad, en atención a la referida llamada telefónica; lugar en el que esperaba la ofendida, quien fue víctima de un atentado cometido en su contra por dos personas que le dispararon en varias ocasiones cuando ella, al salir del turno como oficial de policía preventiva se dirigía a su domicilio ubicado en el referido fraccionamiento; la ofendida viajaba en una motocicleta y al ver que le disparaban comenzó a zigzaguear logrando esquivar las detonaciones de arma de fuego que le propiciaron los sujetos que se encontraban a la altura del citado rastro municipal; estos últimos, quienes se fueron por el camino interparcelario que lleva a la báscula por la carretera Valle-Jaral; lugar donde, posterior a la llamada de auxilio, tres elementos de policía dieron alcance al aquí quejoso al caer en un canal, realizando su detención aproximadamente a las ocho horas con cinco minutos, donde, posteriormente arribó la ofendida e identificó al detenido como uno de sus agresores, a quien identificaba como el *** puesto que ya lo conocía por diversas detenciones anteriores por faltas administrativas e ilícitos, incluso había sido víctima de amenazas por este último (minuto 3:15 a 10:03, segunda parte de la audiencia de veintiuno de agosto de dos mil veinte, hechos narrados por la ofendida) 3.- Derivado de tal detención, el veintiuno de agosto de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia de control de legalidad de detención, en donde se calificó de legal la detención del imputado (minuto 55:00, segunda parte de audiencia); en la misma audiencia, se aperturó la audiencia de formulación de imputación, en la cual, el fiscal investigador formuló dicha imputación, narró los datos de prueba y solicitó la vinculación del imputado (minuto 55:35 a 57:20, segunda parte y 58:05 segunda parte a 10:40 tercera parte de audiencia), y la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional a fin de recabar diversos datos de prueba, lo cual fue acordado de conformidad por el juez de la causa (minuto 11:28, 13:33 a 18:30 y 24:40, tercera parte de audiencia); luego, el fiscal solicitó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure en resolver la situación jurídica del imputado, la cual fue acordada de conformidad por el juez de control. 4.- Luego, en data veintiséis de agosto de dos mil veinte se continuó con la audiencia inicial, al defensa expuso los datos de prueba obtenidos (minuto 10:39 a 40:15 primera parte de audiencia); luego, después de cerrado el debate, se dictó auto de vinculación a proceso a *** (minuto 55:54 segunda parte de audiencia), por su probable intervención en el hecho de que la ley señala como el delito de homicidio en contra de servidor público en grado de tentativa, previsto y sancionado por el artículo 141 A y 18, en relación con los diversos arabigos 13 y 20, primer párrafo, primer supuesto, todos del Código Penal del Estado de Guanajuato, cometido en agravio de *** asimismo, le fue impuesta al ahora quejoso la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa. (Minuto 00:00:04 a 57:07, segunda parte de audiencia) Auto de vinculación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime el promovente del amparo en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo. En sus motivos de disenso, refiere el quejoso que el juez responsable fue omiso en cumplir con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 1º constitucional; luego, la resolución vulnera en su contra lo dispuesto en los numerales 14 y 16 de la Ley Suprema, dado que infringió su garantía de seguridad jurídica, pues las pruebas no se valoraron de manera legal, atentando contra el debido proceso y exacta aplicación de la ley, lo que debe ser observado en todo proceso y en la emisión de la sentencia. Motivo por el cual debió dictase auto de no vinculación a proceso, pues existen contradicciones entre la declaración de la ofendida y los demás datos de prueba, lo que las hacen inverosímiles y faltas de toda razonabilidad, pues la víctima refiere que hizo una llamada telefónica a un número directo de emergencias sin dar razón a que número llamó; asimismo, el testigo *** refiere que el diecinueve de agosto de dos mi veinte a las siete horas con cuarenta y cinco minutos recibió una llamada de reporte por parte de la ofendida, sin embargo, tal información se contrapone con el dicho del vigilante *** quien manifestó que éste fue quien realizó la llamada telefónica al 911 de aquella ciudad, quien nunca manifestó las características de las vestimentas de los atacantes de la víctima; ya que, contrario a ello, la imputación de la fiscalía se basó en el señalamiento de las vestimentas del imputado; luego, del oficio emitido por el encargado de emergencias del 911 de Valle de Santiago, solo se desprende el registro de una llamada realizada por el referido vigilante y no por la ofendida a algún número de emergencia de la corporación policiaca. Cuestión que se hizo saber al juez de control y no le dio el debido valor; pues no hay dato de prueba que acredite la existencia de dos llamadas, pues del informe correspondiente solo se aprecia una llamada al 911, de la que no se desprenden características de los atacantes, ni de sus vestimentas, ni se justifica tampoco la necesidad de una segunda llamada, si como dice la víctima ella ya había realizado el reporte; por lo que al no existir registro de esas llamadas no se colmaron los requisitos para la emisión del auto de vinculación. El quejoso refiere que también le causa agravio el hecho de que el juez de la causa no valoró debidamente los datos de prueba aportados por su defensa en la prórroga de término constitucional, pues desatendió la entrevista de *** aduciendo que existían espacios en la misma, sin embargo, pese a ello sí existía coherencia; además, no tomó en cuenta que de ésta se aprecia que el día de los hechos, esta persona y el imputado se encontraban cerca del lugar de los hechos al haber acudido a pedir trabajo a *** y fueron detenidos; lo que debió concatenar con la entrevista de este último, quien se percató de la detención del imputado y que iba acompañado de otra persona; del mismo modo, refiere que no valoró debidamente las notas de las redes sociales obtenidas de las páginas de información de la ciudad donde ocurrió el evento, pues se aprecia la detención de dos personas y no de una de ellas, incriminando indebidamente al ahora quejoso; pues ante la confronta de los datos de prueba el juez debió atender lo que más beneficiaba al quejoso y no lo que más le perjudicaba. Argumentos que resultan infundados, sin que exista motivo alguno para suplir la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En efecto, primeramente, debe decirse que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, deben reunirse los requisitos previstos por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos5, asimismo, debe observarse lo contenido en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales6. De los referidos artículos se deduce que la representación social puede solicitar al Juez de Control decrete la vinculación a proceso del inculpado, cuando haya formulado la imputación e informado al inculpado su derecho a declarar o abstenerse de hacerlo, y en su caso, que se le haya dado oportunidad para declarar; se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en su comisión. A su vez, la resolución de vinculación a proceso, debe emitirse acorde a lo dispuesto por el numeral 16 de la Constitución Federal, esto es, debe estar debidamente fundada y motivada, y debe reunir los siguientes requisitos: 1. Debe emitirse por una autoridad judicial; 2. Contener la precisión del delito que se imputa al acusado; 3. Indicar el lugar, tiempo y circunstancias de la ejecución del ilícito; 4. Los datos que establezcan que se cometió un hecho que la Ley señala como delito; y 5. Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión7. Luego, contrario a lo pretendido por el quejoso, el auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de origen, satisface adecuadamente los requisitos previstos para su emisión, contemplados en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. En consonancia con lo anterior, el auto de vinculación a proceso sólo exige contar con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el hecho, por el cual se seguirá la investigación, evitando la presentación de pruebas formalizadas durante la primera etapa de investigación del procedimiento, buscando con ello que se mantenga la objetividad e imparcialidad dentro de la etapa de investigación (argumentos que sustentaron la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J.35/2017 (10ª) que más adelante se citará). En el presente asunto, es necesario analizar si el auto de vinculación a proceso reclamado, emitido en la continuación de la audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veinte, cumple con los requisitos previstos en el artículo 19 Constitucional y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; ello, atendiendo a la videograbación de las audiencias remitidas por el Juez responsable junto con su informe justificado. ... En ese contexto, contrario a lo pretendido por el quejoso, el auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de origen, satisface adecuadamente los requisitos previstos para su emisión, contemplados en el artículo 19 Constitucional, así como el diverso numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se afirma lo anterior, toda vez que como el juez precisó, en la etapa preliminar del juicio no se exigen pruebas plenas de la intervención penal del inculpado, pues en este estadio legal, jurídica y constitucionalmente está permitido que el estándar probatorio sea mucho menor que el que tiene que verificarse en una sentencia firme, lo que aconteció en el caso, como se evidenció en el cuatro antes plasmado. En efecto, a decir del Juez responsable, con los datos de prueba anunciados se acredita, hasta ese momento procesal, la actualización del elemento del delito de homicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 138, en relación con los ordinales 141-a y 18, todos del Código Penal en el Estado de Guanajuato, el cual, en la especie, consiste en realizar actos u omisiones idóneos dirigidos inequívocamente a privar de la vida a otro, si el resultado no se produce o se interrumpe la conducta por causas ajenas a la voluntad del activo; en el caso, el haber atentado el imputado contra la vida de la elemento policiaco *** utilizando para ello arma de fuego. Al efecto, para arribar a la determinación anterior, el juez de la causa precisó que los datos de prueba expuestos por la Agente del Ministerio Público son idóneos y pertinentes para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio y hacen probable la intervención del imputado como coautor, sustentando así el cuadro fáctico expuesto por la fiscal. Para ello, el A quo precisó que de los hechos narrados se tiene la presencia de un servidor público, pues la agraviado tiene esa cualidad al ser elemento activo de la Policía municipal de Valle de Santiago, Guanajuato, lo que se demostró con su nombramiento de policía tercero. En ese contexto, es que los motivos de inconformidad que se analizan, esgrimidos por el peticionario del amparo, son infundados. Pues, contrario a lo manifestado por dicha parte, la juez natural, al adminicular los datos de prueba puestos a su consideración, llegó a la conclusión de que, hasta ese momento procesal existen datos de prueba de los que se puede desprender la existencia del hecho que la ley señala como delito de homicidio en grado de tentativa, así como puede ser probable la participación del aquí imputado en su comisión. Ello es así, ya que opuesto a lo argumentado por el peticionario, la resolución reclamada fue emitida acorde a lo dispuesto en los numerales 14 y 16 de la Ley Suprema, pues realizó un análisis de los datos de prueba aportados por las partes acusadora y defensa, determinando que con los ofrecidos por el fiscal resultaban suficientes para decidir en la forma en que lo hizo, exponiendo los argumentos y preceptos legales en lo que se basó para ese efecto y en consecuencia, observando en todo momento el debido proceso y la exacta aplicación de la ley. Se afirma tal cuestión, pues, contrario a lo alegado por el inconforme, como lo asentó el juez de origen, hasta ese momento no existe contradicción entre la declaración de la ofendida y los demás datos de prueba, pues lo relativo a las llamadas efectuadas por la quejosa y el vigilante del fraccionamiento las Haciendas las valoró de manera integral, pues refiere el juez, la defensa no aportó dato alguno para desestimar la información, dado que, efectivamente se trata de dos llamadas, una realizada por la ofendida y otra por un tercero, sin que la realizada por este último tildara de falsa la primer llamada, además, al respecto, no debe desestimarse que la información de la primer llamada se dio a un compañero de la ofendida, pues supieron a donde dirigirse e identificaron a uno de los señalados; además, otro compañero acudió en busca de la quejosa, encontrándola nerviosa, en el fraccionamiento las Haciendas y la llevó hasta el agresor donde se identificó e hizo el señalamiento de éste como uno de los que la atacó; por lo que dice la autoridad responsable, esa interpretación de la defensa no desestima los datos de prueba que llevaron a determinar lo anterior. Además, contrario a lo argumentado por el quejoso, el juez de la causa sí atendió la entrevista de *** quien se encontraba atendiendo las llamadas el día de los hechos, fue al primero que llamó la ofendida al número especial para elementos policiacos y si bien hubo una llamada al 911, está fue realzada por el vigilante del fraccionamiento las Haciendas cuando llegó *** alterada y vestida de policía; insiste el juez, pero hay un teléfono directo para el personal de la corporación policiaca, al que la quejosa marcó y dio las características de las vestimentas del Sansón; cuestión que no se contrapone con los demás datos de prueba, pues prueba de ello fue que enseguida llegó el elemento de policía *** hasta donde estaba la ofendida, ésta abordó la patrulla y se dirigieron hacia donde vio que corrieron los agresores y vio que estaba detenido el *** y lo identificó como su atacante; por lo que, tales llamadas no se contraponen con el resto del material, pues como se aprecia, fue mediante la llamada al número reservado para miembros de la corporación policiaca que la ofendida proporcionó las características del atacante, de ahí que el hecho de que en el informe proporcionado solo apareciera la llamada telefónica al 911 de aquella ciudad, como refirió el juez, no le resta valor a la llamada efectuada por la ofendida. Aunado a lo anterior, no asiste razón al quejoso, al referir que no hay dato de prueba que acredite la existencia de dos llamadas, ni se justifica tampoco la necesidad de una segunda llamada, pues como se ve, la primer llamada efectuada fue la realizada por la quejosa al número especial para elementos de la corporación especial a la que pertenece, de la cual, si bien no existe registro, sí se aprecia que a raíz de ella fue que se desplegaron los diversos elementos policiacos aprehensores y el que acudió hasta donde estaba la ofendida, de ahí que el juez de origen le haya otorgado valor para la emisión de su decisión; y la segunda, fue realizada por el vigilante del fraccionamiento las *** cuando arribó ahí la quejosa alterada y nerviosa, refiriendo lo que había acontecido, esto es, como bien lo refiere el juez, esta última ya no fue por la ofendida sino por un tercero, de ahí que no deba existir justificación para la realización de la segunda llamada, como lo pretende hacer valer el quejoso. Por otro lado, el juez de la causa sí valoró los datos de prueba aportados por la defensa del quejoso y recabados durante la prórroga de término constitucional, pues al efecto refirió que la entrevista de *** son posturas encontradas, pues llama la atención la entrevista del primero, dado que la escritura que contiene tal entrevista no es continua, y no debe haber espacios, aunque refiera la defensa que es una copia, cierto es que, no fue tomada por un funcionario, pues la tomó un tercero; y por lo que hace al segundo es contradictoria al señalar al de la playera roja como el acompañante de *** sin embargo, según los hechos narrados por la defensa éste era el que acompañaba al *** sin referirlo así, pese a que dijo que los conocía porque iban a pedirle trabajo; cuestiones que no demeritan, en esa etapa, lo narrado por la ofendida y por los elementos captores, por las citadas contradicciones. Luego, contrario a lo argumentado por el quejoso, el juez sí valoró las notas de las redes sociales obtenidas de las páginas de información de la ciudad donde ocurrió el evento, sin embargo, refirió que si bien no carecen de valor total dada la fuente de donde provienen, sí son contradictorias con las entrevistas que ofreció la defensa, pues en las notas periodísticas se habla de dos detenidos, uno de ellos herido, sin embargo, *** no refiere haber sido ese herido, pues refiere ser el que acompañaba al *** por lo que, dice el juez, en esa etapa al no ser definitiva y no ser el mismo análisis que en la sentencia, esos datos no demeritan la información incriminatoria que existe en contra del imputado. De lo que se aprecia correcta la determinación asumida por el juez responsable, aunado a que, como se ha dicho, en esa etapa del procedimiento, no se requiere de prueba plena que acredite la responsabilidad del imputado en la comisión del ilícito; pues solamente se requiere la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probable participación del imputado en su comisión; como aconteció en el caso que nos ocupa, acorde a lo expuesto en párrafos que preceden. Máxime que, con los datos de prueba que hasta ese momento procesal se ofrecieron, se aprecia que efectivamente se trató de privar de la vida a la multicitada elemento policiaco, sin embargo, esa conducta no se consumó por causas ajenas a la voluntad de los activos, pues la ofendida logró evadir los disparos que el propiciaron, alejándose del lugar y el aquí imputado al ser identificado por los aprehensores dadas las características de sus vestimentas fue detenido. Circunstancia de la que se advierte que efectivamente el juez de la causa sí considero los datos de pruebas expuestos; además de que, cabe precisar que, como bien expuso la juez, en la etapa procesal en la que se encuentra la causa natural, para el dictado del auto de vinculación solamente es necesario que 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; lo que significa que, en esa etapa no se requiere de la plena demostración del injusto, ni de la valoración del material probatorio, por lo que, el juzgador no estaba en posibilidad de realizar una valoración absoluta de los datos de prueba aportados por la representación social, pues esa labor es materia de la sentencia que en definitiva se dicte en la causa penal; de lo que se colige, que el A quo solamente debió apreciar que con los datos de prueba que se le expusieron se estableciera la comisión de un hecho que la ley señale como delito y la posible partición del imputado, como en la especie, de manera correcta lo expresó. Por otro lado, como se dijo, opuesto a lo argumentado por la parte quejosa, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, sí cumple con los requisitos previstos en el artículo 19 Constitucional y en el diverso numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así es, pues hasta el momento procesal en que se encuentra la causa penal de origen, con los datos de prueba aportados, con ese bajo estándar que se exige, se revela que se ha llevado a cabo ese hecho que engasta en el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de servidor público, previsto y sancionado en el artículo 138, en relación con los ordinales 141-A y 18, todos del Código Penal del Estado de Guanajuato. Se afirma lo anterior, pues el juez de la causa, con base en los datos de pruebas reseñados en párrafos que anteceden, de manera correcta determinó que los hechos puestos a su consideración encuadran en el injusto de homicidio en grado de tentativa en contra de servidor público, en virtud de que hasta ese momento procesal existen datos de prueba sobre la conducta de pretender privar de la vida a *** policía municipal, al disparársele con arma de fuego por parte del imputado y su acompañante. Aunado a lo anterior, es correcta la aseveración del Juez de la causa, al establecer que hasta ese momento, existen indicios sobre la probable participación del quejoso, en la comisión del hecho ilícito, acorde a lo dispuesto por los preceptos 13 y 20, primer párrafo, tercer supuesto, ambos del Código Penal para el Estado de Guanajuato; pues se aprecia que fue él, con otro sujeto, los que intentaron privar de la vida a la referida elemento policiaco; siendo entonces, el coautor en la conducta que se le atribuye; sin que por el momento se advierta causa de extinción del delito alguna que lo exima de esa acusación. Por tanto, se considera que, no se le vulneró ningún derecho fundamental, pues en el caso, se aprecia que en todo momento la autoridad señalada como responsable, ha respetado los derechos humanos del imputado; además, cabe destacar que en el caso se está ante datos de prueba, siendo que podrá ejercer su derecho de contradicción en el juicio, en su caso, en que se desahoguen las pruebas. Por todo lo anterior se puede concluir que existen datos que por ahora, involucran al hoy quejoso como probable responsable en la comisión de los hechos que la ley señala como delito, por lo que, no es dable jurídicamente exonerarlo, al menos hasta esta etapa procesal, de su probable comisión; de tal manera que será en otro momento procesal posterior, cuando con los elementos de prueba que se incorporen al juicio, que permitan, con mayores datos, efectuar una valoración de las pruebas incriminatorias, y en su caso de descargo, para definir si en el asunto existe reproche penal, o no. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización se citan a continuación: Época: Décima Época Registro: 2014800 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.) Página: 360 "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí como sucede en el sistema mixto, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito" entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley" Contradicción de tesis 87/2016. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. 1 de febrero de 2017. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Gabino González Santos y Horacio Vite Torres. Tesis y/o criterios contendientes: El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión 724/2012, 811/2012, 6/2013, 423/2013 y 440/2013, sostuvo la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO 'HECHO ILÍCITO' DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013, página 757, registro digital: 2004857; y al resolver los amparos en revisión 22/2010, 110/2010, 147/2010, 267/2010 y 282/2010, sostuvo la tesis jurisprudencial XVII.1o.P.A. J/25 (9a) de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, página 1942, registro digital: 160330. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 175/2015, sostuvo que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario que el Juez de Control conozca cuál es el delito materia de la imputación, lo que implica que efectúe un análisis de los elementos de la descripción típica del hecho punible correspondiente, esto es, sus componentes objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley, que le permitan calificar si los hechos que el ministerio público imputa al acusado son o no constitutivos del delito. Tesis de jurisprudencia 35/2017 (10a) Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete. Nota: De la sentencia que recayó al amparo en revisión 175/2015, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, derivaron las tesis aisladas XXVII.3o.21 P (10a) y XXVII.3o.20 P (10a) de títulos y subtítulos: "PRISIÓN PREVENTIVA IMPUESTA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CUANDO SE AGOTA LA VIGENCIA DE DICHA MEDIDA CAUTELAR POR EL SOLO TRANSCURSO DEL TIEMPO." y "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS" publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas y del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 26, Tomo IV, enero de 2016, página 3389 y 27, Tomo III, febrero de 2016, página 2025, respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 04 de agosto de 2017 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de agosto de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. De ahí que deba subsistir la determinación asumida por el Juez de control, en la audiencia de vinculación a proceso de veintiséis de agosto de dos mil veinte. En ese sentido, al resultar infundados los motivos de disenso hechos valer por el quejoso, procede negar la protección de la justicia federal solicitada. SÉPTIMO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. OCTAVO.- Notificación al quejoso. En virtud de que el quejoso *** se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "Cereso Mil" de Valle de Santiago, Guanajuato, en consecuencia, con apoyo en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en relación con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena girar despacho al Juez Penal de Partido, en turno, con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione a quien corresponda a efecto de que notifique de forma personal la presente resolución a dicho quejoso. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *** contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones expuestas en el considerando sexto de este fallo. SEGUNDO.- En virtud de que el quejoso *** se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "Cereso Mil" de Valle de Santiago, Guanajuato, en consecuencia, con apoyo en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en relación con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena girar despacho al Juez Penal de Partido, en turno, con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione a quien corresponda a efecto de que notifique de forma personal la presente resolución a dicho quejoso...
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