Juan Luis Hernández Delgado
Expediente 622/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 622/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Luis Hernández Delgado
Actuaciones
- Principal
En veintiocho de octubre de dos mil veintidós, la Secretaria CERTIFICA: Que el plazo de que disponía la parte quejosa para recurrir el auto que desechó la demanda de amparo, sin que lo hubiere hecho, transcurrió del veintiuno al veintisiete de octubre del año en curso, toda vez que fue notificado electrónicamente el veinte de octubre del presente año; con lo anterior y con el estado procesal que guardan los autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. CAUSA ESTADO. Toda vez que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2 De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.
- Principal
En catorce de octubre de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con una demanda de amparo presentada electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y turnada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, la cual quedó registrada bajo el folio 13428. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. RECEPCIÓN Y REGISTRO. Por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos del Director General de PEMEX Logística y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 622/2022. 1.2. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, del análisis de la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, último párrafo y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, pues los actos y omisiones reclamados no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. La referida improcedencia está determinada por la imposibilidad de los tribunales de la federación, de estudiar, mediante el juicio de amparo, actos que, aun siendo violatorios de derechos humanos reconocidos y sus garantías, no deriven de un ente en su carácter de "autoridad". Para entender mejor lo anterior, resulta necesario precisar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de dicha legislación, ello implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Conforme a los referidos artículos 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos o normas generales que se reclamen provengan de una autoridad. Por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de las personas, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En ese orden de ideas, existen diversos tipos de relaciones que se establecen entre las partes al momento de interactuar en una situación jurídica; la primera de ellas es la de coordinación, en la cual, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, supuesto en el cual ambas estarán en el mismo nivel y existirá bilateralidad en su interrelación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se suscitan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Entonces, para determinar si las autoridades señaladas como responsables, son autoridades para efectos del juicio de amparo, deberá examinarse, en principio, el tipo de relación jurídica establecida a fin de determinar si ésta se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y que el ente al que se atribuye el acto reclamado actúe en un plano superior. En efecto, para determinar si un ente tiene la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo, deberá acreditarse: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 164/2011. Ahora bien, del examen integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado esencialmente el siguiente: "(.) AUTORIDADES ORDENADORAS: DIRECCION GENERAL DE PEMEX LOGISTICA SUDIRECCION DE CAPITAL HUMANO COORDINACIÓN COORDINACION DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS IV. SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SALAMANCA V. AREA DE RELACIONES LABORALES AUTORIDAD EJECUTORA: VI. INGENIERO ALEJANDRO GUEDEA GUTIERREZ, SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE LA TERMINAL LÁZARO CÁRDENAS. (.)". "(.) ACTOS Y OMISIONES RECLAMADOS: 1. LA RESOLUCION DE LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DGPL-SADGLRP- LCARDENAS-945-2022 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2022. 2. LA INSUFICIENCIA DE FUNDAMENCION Y MOTIVACION DE LA RESOLUCION DE LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DGPL-SADGLRP- LCARDENAS-945-2022 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2022. (.)" Ahora, de los antecedentes narrados en su demanda bajo protesta de decir verdad, así como de las documentales que exhibe, se advierte que el quejoso es empleado de la Terminal Lázaro Cárdenas, Michoacán, de Petróleos Mexicanos, y a través del juicio de amparo reclama la resolución administrativa laboral de doce de octubre de dos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación administrativa DGPL-SADGLRP- LCARDENAS-945-2022. Resolución de la que se advierte que el superintendente de la Terminal Lázaro Cárdenas, Michoacán, dentro de un procedimiento administrativo determinó que el trabajador dejó de cumplir con sus obligaciones laborales inherentes a la categoría que ocupa como ayudante de operador especialista diversos oficios clasificación 13. 63. 20, jornada 07, adscrito a dicha terminal en la que fue contratado por Petróleos Mexicanos, que dejó de cumplir con sus obligaciones contenidas en las fracciones I, III y IV, del artículo 134 de la Ley federal del Trabajo, al no cumplir con las normas de trabajo por dejar de desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante a cuya autoridad está subordinado en todo lo concerniente al trabajo, omitir ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiado en la forma, tiempo y lugar convenidos. Asimismo, tuvo por acreditado el incumplimiento a lo establecido en el Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas, Subsidiarias y empresas filiales, en cuanto al principio de efectividad al no realizar sus actividades en tiempo y forma y con la calidad requerida, teniendo en cuanta el mayor beneficio de la empresa con su actuar, así como al principio de responsabilidad al dejar de cumplir en tiempo y forma y calidad sus responsabilidades laborales, y al principio de integridad, al no tener presente que sus acciones diarias de no realizar sus labores restan a los resultados de la empresa, no se basan en los principios éticos institucionales, incumpliendo con el Código de Conducta de Petróleos Mexicanos; al 11.10 de Eficiencia con relación a las conductas esperadas y de las que no serán toleradas por la empresa. En consecuencia, ante la infracción de las normas labores, impuso al quejoso una sanción disciplinaria consistente en la suspensión a sus labores por ocho días, sin goce de salarios ni prestaciones y pérdida de antigüedad, del catorce al veintiuno de octubre del dos mil veintidós, sin responsabilidad para el patrón. De dicho antecedente se advierte que el acto reclamado deriva de la relación laboral que tiene el quejoso con la Terminal Lázaro Cárdenas, Michoacán de Petróleos Mexicanos Portuaria, la cual en términos del artículo 2º de la Ley de Petróleos Mexicanos, es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, que goza de personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía técnica, operativa y de gestión; y, que de conformidad con su naturaleza jurídica, establecen su propio presupuesto para cubrir las obligaciones y remuneraciones de sus trabajadores, lo anterior, en términos del artículo 104 de la citada norma. Asimismo, para el cumplimiento de su fines, otorga al Director General la facultad de gestión, operación, funcionamiento y ejecución de los objetivos de Petróleos Mexicanos, entre otras, para administrar el patrimonio de la empresa y disponer de sus bienes conforme a lo establecido en la presente Ley y en las políticas y autorizaciones que al efecto emita el Consejo de Administración, así como convenir y suscribir los contratos colectivos y convenios administrativos sindicales que regulen las relaciones laborales de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias con sus trabajadores, conforme a las previsiones máximas previamente aprobadas por el Consejo de Administración, así como expedir el reglamento de trabajo del personal de confianza, en términos del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo. Establece de igual manera que, Petróleos Mexicanos podrá contar con empresas productivas subsidiarias y empresas filiales en términos de la presente Ley para realizar sus actividades. Del mismo modo, establece sus propios procedimientos para imponer a su personal imponer las sanciones respectivas, en términos de las leyes aplicables. Bajo ese contexto normativo, puede afirmarse que el acto que reclama el quejoso no se da en un plano de supra a subordinación regulado por el derecho público, pues si bien proviene de un órgano de una empresa pública productiva del Estado, ésta no ocurre entre funciones que originariamente le corresponden al Estado, en el que dichas empresas puedan imponer su voluntad hacia los particulares, como el caso, que previene el artículo 115 de la legislación en comento que dispone que las controversias nacionales en que sean parte Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales; sino que en este caso, proviene de una relación laboral, respecto de la cual el propio legislador dotó a la empresa de autonomía de gestión y presupuesto para cumplir sus obligaciones con su plantilla personal, de ahí que se sostenga que dicha sanción se dio en una relación de coordinación, pues tiene su origen en el incumplimiento de sus obligaciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, norma que rige sus funciones; por lo que si estima que aquella determinación afecta que sus derechos está en posibilidad de acudir ante la autoridad laboral competente para modificar, nulificar o revocar dicha determinación. En suma, dado que el acto reclamado no deriva de autoridades para efectos del juicio de amparo, en una relación de supra a subordinación, pues tal como se advierte de la Ley de Petróleos Mexicanos, las empresas productivas gozan de autonomía propia y están facultadas para imponer las sanciones a sus trabajadores, lo que de suyo indica que se trata de un conflicto suscitado de un patrón con un trabajador, y no de un ente público con un gobernado Apoya lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia 2a./J. 42/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Undécima Época, aprobada en sesión privada del diecisiete de agosto dos mil veintidós y publicada el viernes 23 de septiembre de 2022 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2025259, de rubro y texto siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE FORMALIZAR UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA, ATRIBUIDA A PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) O A ALGUNA DE SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si los actos relacionados con la omisión de formalizar un contrato de obra pública mediante adjudicación directa, constituyen o no actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los actos relacionados con la omisión de formalizar un contrato de obra pública mediante adjudicación directa, atribuidos a Petróleos Mexicanos o a alguna de sus empresas subsidiarias, constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación: Conforme al artículo 80 de la Ley de Petróleos Mexicanos, todo lo relativo al proceso de concurso, licitación y adjudicación de los contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, es de naturaleza administrativa y, una vez firmados, los pactos volitivos mutan a la modalidad de contrato privado y se rigen por la legislación mercantil o común aplicable. Ahora bien, cuando lo que se reclama es la omisión de formalizar un contrato de obra pública mediante adjudicación directa, atribuida a Petróleos Mexicanos (Pemex) o a alguna de sus empresas subsidiarias, dicha omisión debe considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; por un lado, porque ello no puede reputarse dentro de una relación de coordinación, toda vez que los contratos de obra pública, específicamente, los relativos a las adjudicaciones directas derivadas de situaciones emergentes, deben ser formalizados -de conformidad con lo establecido en las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias-, y la falta de esta formalidad no puede atribuirse a ambas partes en igualdad de condiciones, sino por el contrario, se da en un plano de supra a subordinación regulado por el derecho público, toda vez que las relaciones que se entablan entre una empresa productiva del Estado -que realiza funciones cuya planeación y desarrollo originalmente le corresponden al Estado- y los particulares, se dan en cumplimiento a las facultades establecidas en una disposición legal y no de manera espontánea o discrecional; y por otro lado, porque dichas empresas imponen su voluntad hacia los particulares en el momento en que tienen la facultad de determinar si procede o no la formalización de un contrato de obra o de servicios con motivo de una situación de emergencia, lo cual realizan de forma unilateral, pudiendo crear o extinguir por sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera del particular, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni al consenso del afectado. De ahí que, por tales motivos, esta Segunda Sala considere que dicha omisión constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; lo anterior, sin prejuzgar sobre los requisitos de procedencia que rigen a dicho juicio, particularmente, el relativo al principio de definitividad y/o la actualización de alguna otra causal de improcedencia que lo hagan inejercitable". En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, último párrafo y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. 1.3. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En su atención y toda vez que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo se le autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente expediente, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al procedimiento, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. 1.4. USUARIO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Como lo solicita a parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones que le resulten a través del usuario "XavierBalle22091", para lo cual se instruye al actuario de la adscripción darles de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), asimismo, deberá habilitarse la consulta del expediente Electrónico. 1.5. AUTORIZADO Y CORREO ELECTRÓNICO. Se le tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Augusto Xavier Téllez Ballesteros en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo; además, téngasele proporcionado el correo electrónico xavier.ballesteros@icloud.com, por tanto, manténganse bajo resguardo este dato, a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que sólo deba acudirse físicamente a este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 2.3. Datos de contacto de las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono 4525234435 Ext. 1071 Teléfono celular 4525235483 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera de los siguientes medios de contacto: Mensajería instantánea (WhatsApp) 4525235483 Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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