Juan Luis Enomoto Molina

Expediente 298/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
298/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
22/08/2019

Partes del expediente

  • Juan Luis Enomoto Molina

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al que anexa testimonio de la resolución dictada dentro del recurso de queja administrativa 126/2019, de la cual se advierte que dicho tribunal de alzada, en lo que interesa, determinó lo siguiente: "[.] ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por **, en contra del proveído de siete de junio de dos mil diecinueve dictado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Ensenada, Baja California, dentro del juicio de amparo indirecto 298/2019.[.]" En consecuencia, acúsese el recibo de estilo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de Juzgado correspondiente y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, se considera que el expediente en que se actúa, dada su naturaleza y sentido del fallo, carece de relevancia documental, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, dictado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es susceptible de destrucción, pues se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto Vigésimo Primero fracción I, del invocado Acuerdo 1/2009. Consecuentemente, una vez transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este auto, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Vigésimo Primero fracción II, del Acuerdo General de referencia, este expediente estará en aptitud de destruirse. Se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Primero del Acuerdo mencionado.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, dos de julio de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual transcribe el proveído de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dictado en el recurso de queja 126/2019, de su índice, a través del cual se admite a trámite el mencionado medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa Juan Luis Enomoto Molina, en contra del auto dictado por este juzgado el siete de junio de dos mil diecinueve, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA REALIZADO EN CITATORIO DE ONCE DE JUNIO ACTUAL Y NOTIFICO POR LISTA EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL AUTO QUE A LA LETRA DICE: Visto el escrito de demanda promovido por Juan Luis Enomoto Molina, contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ensenada, Baja California, y anexos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno bajo número 298/2019. Ahora, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo el juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, en ese sentido es conveniente destacar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano", por lo que se procede al análisis de la demanda de amparo que nos ocupa. La parte quejosa, en su demanda de derechos fundamentales, señala como acto reclamado, los siguientes:  "LA INCONVENCIONALIDAD DE LOS DIVERSOS REGLAMENTOS Y ARTÍCULOS 268ª DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, 2 FRACCIÓN V, 3 FRACCIÓN I INCISO F), 6 FRACCIÓN I Y 81 FRACCION I Y XII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN RELACIÓN CON LO SEÑALADO EN EL PUNTO 8,111 DEL MANUAL DE ORGANIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES Y LOS ARTÍCULOS 68, 145, 170 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE (97), DECIMO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE LA REFORMA DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2001 Y DECIMO CUARTO TRANSITORIO DE LA REFORMA DEL 05 DE ENERO DE 2004 DE LA MISMA LEY, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 168 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 73 EN RELACIÓN CON EL OFICIO S/N POR SER UN MONTO INFERIOR AL SALARIO MÍNIMO VIGENTE APLICABLE DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.  EL ACTO DE APLICACIÓN EN RELACIÓN AL OFICIO S/N ESTE MISMO EXPEDIDO POR LA SUBDELEGACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. (sic)" Por otra parte, es importante resaltar que el auto inicial de demanda, excepcionalmente puede constituir la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, como lo son aquéllos en los que para llegar a esa conclusión, no se requiere de un análisis exhaustivo, ya que ello es de obvia constatación, sin que pueda modificarse tal determinación con los elementos que aporten las partes al procedimiento; lo anterior de conformidad con la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro once, octubre de dos mil catorce, tomo II, página mil doscientos veinticuatro, materia común, con número de registro 2007580, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." [Énfasis añadido]. En ese contexto, de oficio se advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Previo a justificar lo anterior, se debe establecer que, por cuestión de técnica jurídica, como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2a./J.71/2000, cuando se promueve un juicio de amparo en el que se combate la inconstitucionalidad de una ley con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del peticionario de amparo, no se debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación; de ahí que, en el caso a estudio, se analizará si el juicio de amparo intentado, resulta procedente en cuanto al acto de aplicación, pues de no acontecer así, deberá desecharse la demanda respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Las anteriores consideraciones resultan de la jurisprudencia con número de registro 1005146, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4034, Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Sentencias en amparo contra leyes y sus efectos, novena época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2011, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En efecto, como se dijo anteriormente, respecto al primer acto de aplicación de los dispositivos legales impugnados en esta vía constitucional, consistente en el oficio s/n, mediante el cual se le da contestación al quejoso respecto a una petición, se actualiza la causa de improcedencia contenida en las disposiciones de la ley de la materia del siguiente texto: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Del último de los numerales transcritos se establece que se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, o ante la existencia de un ente u organismo del Estado, cuando concurren los siguientes elementos: a) La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos; y, c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Así, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que ofrece el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia con número de registro 1002545, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 520, tomo II, procesal constitucional 1, común primera parte - SCJN, cuarta sección - partes en el juicio de amparo, novena época del Apéndice del Semanario Judicial de 1917-Septiembre 2011, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, sobre el tópico que nos ocupa la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2011, determinó que el instituto asegurador tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la ley. De igual manera, determinó que el ente asegurador al decidir sobre prestaciones de seguridad social otorgadas por la ley no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que la legislación que lo rige prevé que las controversias entre éste y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la vía ordinaria juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia 543 con número de registro 1002609, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, consultable en la página 600, tomo II, procesal constitucional 1, común primera parte - SCJN, cuarta sección - partes en el juicio de amparo, novena época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-Septiembre 2011, que resulta aplicable al presente asunto por identidad jurídica, de rubro y texto siguiente: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." Asimismo, en la ejecutoria 341/2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó: "[.] Por tanto, considerando que el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con la legislación que lo rige, está facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios; esta Segunda Sala estima que cuando se atribuye al citado Instituto la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta a la petición. En el entendido de que respecto de la respuesta que en su caso formule el Instituto, no procederá ampliación de la demanda de amparo indirecto, sino que el asegurado o beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, de conformidad con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899 A de la Ley Federal del Trabajo que establecen". En ese sentido, tratándose del derecho de petición reconocido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que sustenta la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, esto es, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del ente asegurador dé respuesta a la petición. De igual manera, en la misma ejecutoria determinó que la respuesta emitida sobre la petición planteada, en caso de no satisfacer el interés del asegurado y su beneficiario, se debe acudir a la legislación ordinaria en materia de seguridad social. De lo anterior, derivó la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.) número de registro 2011948, visible en la página 898, libro 31, junio de 2016, tomo II, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual es aplicable al caso por identidad de razones, misma que establece: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." (Negritas y subrayado añadido) Luego, si en el caso concreto la parte quejosa hace consistir el primer acto de aplicación de las normas impugnadas en el oficio mediante el cual se le contestó la petición que formuló para que se le aumentara su pensión a la cantidad de cinco mil doscientos ochenta pesos ($5,280.00), conforme al salario que refiere como mínimo vital por la cantidad de ciento setenta y seis pesos ($176.00), que conforme al artículo 295 de la Ley del Seguro Social, en caso de inconformidad, debe controvertirse en la vía ordinaria laboral, al establecer textualmente: "[.] Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa." Por tanto, los actos reclamados al Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ensenada, Baja California, no constituyen actos de autoridad para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que el oficio reclamado, lo emitió en su carácter de ente asegurador, en sustitución del patrón, en términos de lo resuelto por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia con número de registro 1002609, citada en líneas precedentes, y que conforme a la cual, así como lo dispuesto en el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, en caso de inconformidad, debe controvertirse en la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social. Sirve de apoyo de igual forma, por el fondo dilucidado en el asunto, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 1639, tomo II, libro 28, Décima Época, Marzo de 2016, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." (Negritas y subrayado añadido) De igual forma, por los argumentos que la conforman, la jurisprudencia VIII.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, localizable en la página 2032, tomo XXXII, Agosto de 2010, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. En estas circunstancias, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por Juan Luis Enomoto Molina, contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ensenada, Baja California, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se precisa que lo anterior es acorde a lo establecido en el artículo 17 Constitucional, pues el tramitar una demanda que desde esta etapa se evidencia que es notoriamente improcedente, retardaría la resolución del asunto, además que se causaría un mayor perjuicio a la parte quejosa, por el transcurso de los plazos legales que la ley ordinaria le concede para promover el medio de defensa que resulta procedente. En otro orden, como se anticipó, conforme a la técnica que rige el juicio de amparo contra leyes acogida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2a./J.71/2000 (antes transcrita), se tiene que como resultó improcedente el juicio de amparo en contra del acto de aplicación, y por ende se desechó la demanda en relación a éste; lo procedente es desechar la demanda también por los actos que la parte quejosa hizo consistir en la inconvencionalidad de los artículos 268 a) de la Ley del Seguro Social, 2 fracción V, 3 fracción I inciso f), 6 fracción I y 81 fracción I y XII del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con lo señalado en el punto 8.111 del Manual de Organizaciones de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales y los artículos 68, 145, 170 de la Ley del Seguro Social vigente (97), Décimo Primero transitorio del decreto de la reforma del veinte de diciembre de dos mil uno y Décimo Cuarto transitorio de la reforma del cinco de enero de dos mil cuatro, de la misma ley, así como el artículo 168 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete de la Ley del Seguro Social 73; en virtud de que el estudio de convencionalidad (control de regularidad constitucional) de tales disposiciones no puede desvincularse del acto de aplicación que dieron origen a la promoción de esta instancia constitucional. En otro aspecto, se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizados en los términos que indica, a las personas que refiere. Con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de la actuaria de este juzgado realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. De igual manera, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se tiene a la quejosa haciendo valer su derecho a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas, a las pruebas, y demás constancias que obren en el expediente en que se actúa, en los términos a que se refiere al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha Ley. Luego, a fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por la secretaría del juzgado.

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