Juan Luis Briceño Rodríguez.

Expediente 693/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
693/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Juan Luis Briceño Rodríguez.
  • Ministerio Público de la Federación Adscrito.
  • Josue Alberto Moreno Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de Baja california "2", con sede en esta ciudad, toda vez que en quince de noviembre del año en curso, causo estado el sobreseimiento que se decretó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Análisis de constancias. Visto el estado procesal de este expediente, las constancias y las actuaciones que obran en el presente juicio de amparo, resulta necesario precisar lo siguiente: Quejosos. ****************** (si ratificó) ****************** (si ratificó) ****************** (si ratificó) ****************** (si ratificó) Autoridades responsables. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California. Delegado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, Tijuana. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, Mexicali. Delegado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, Mexicali. Acto(s) reclamado(s). La(s) orden(es) de detención, aseguramiento, detención, deportación, incomunicación y/o cualquier acto privativo de la libertad y/o transitar por el territorio nacional. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora, vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que los quejosos ******************, ya no se encuentran alojados y/o detenidos administrativamente en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Por tanto, si los quejosos en su escrito inicial de demanda señalarom esencialmente como actos reclamados, la orden de detención, aseguramiento, detención, deportación, incomunicación y/o cualquier acto privativo de la libertad y/o transitar por el territorio nacional, a las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California, y de la razón actuarial de veintiuno de octubre del año en curso se desprende que los referidos quejosos ya no se encuentran alojados en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California; debido a que durante la tramitación del presente juicio de amparo, los quejosos fueron puestos en libertad. Por tanto, se concluye que cesaron los efectos del acto reclamado por la quejosa a las autoridades responsables, surgiendo con ello, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en virtud de eso, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica en la siguiente tesis de jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Materia: Común, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Tesis número: 2a./J. 59/99, Página: 38). "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). De igual forma, resulta oportuno precisar, por una parte, que se estima manifiesta la causal de improcedencia advertida, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los directos quejosos, han cesado en los efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Por lo antes expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y un minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós, de lo cual deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que se lleva en este Juzgado, para los efectos legales correspondientes. Con motivo de lo antes expuesto, se dejan sin efecto las providencias decretadas, en favor de la quejosa. Modificación en el SISE. Por tanto, se instruye al analista jurídico a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las modificaciones necesarias en el expediente electrónico para dejar sin efectos la fecha antes señalada y, haga las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Finalmente, debido a que los quejosos fueron puestos en libertad tal y como se advierte de la razón actuarial de cuenta, notifíquese por lista el presente proveído.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que no obran en autos las constancias requeridas a la autoridad responsable Titular de la Oficina en representación del Instituto Nacional de Migración, no obstante estar debidamente notificada para ello, tal y como se advierte del acuse del oficio 19899/2022. Por tanto, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, resulta procedente hacerle efectivo a la autoridad responsable Titular de la Oficina en representación del Instituto Nacional de Migración, el apercibimiento realizado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, y se le impone una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cincuenta. Además, se le informa que para conocer la cantidad a la cual asciende la multa impuesta de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, es preciso realizar la operación aritmética de multiplicar las Unidades de Medida y Actualización por $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional) importe que se obtiene de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, en la cual el Instituto Nacional de Estadística y Geografía fijó el valor de la Unidad de Medida y Actualización. En consecuencia, gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Baja California "2", con residencia en esta Ciudad, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que proceda a hacer efectiva la multa impuesta al Titular de la Oficina en representación del Instituto Nacional de Migración. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que se constituya en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, a efecto de que verifique si los quejosos Juan Luis Briceño Rodríguez, Willy Edgar Villantoy Salazar, Josué Alberto Moreno López y Esperanza Elizabeth Moreno Fernández, aún se encuentran recluidos en dicha estación migratoria o en su defecto si éstas fueron deportados, puestos en libertad o trasladados a un diverso centro de detención en otra ciudad. A fin de dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere para las nueve horas con treinta y un minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós para su celebración.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, requiérase al Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe si los quejosos Juan Luis Briceño Rodríguez, Willy Edgar Villantoy Salazar, Josué Alberto Moreno López y Esperanza Elizabeth Moreno Fernández fueron deportados, puestos en libertad o trasladados a un diverso centro de detención migratoria en otra ciudad; asimismo deberá remitir constancias certificadas que acredite su dicho. Apercibido de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa

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