Juan Luis Bautista Lozano
Expediente 771/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 771/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Luis Bautista Lozano
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que remite el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del juicio de amparo número III-771/2018-L; de igual manera, informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada. Como el pasado veinticuatro de septiembre se reservó proveer de conformidad sobre las diversas manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa, ello hasta en tanto el Juez de Distrito en el Estado de Aguascalientes, en turno con residencia en Aguascalientes, informará si aceptaba o no la competencia, y como ya aconteció, indíquesele que no ha lugar a acordar favorablemente su petición, toda vez que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, aceptó la competencia planteada. Ahora bien, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en términos de lo dispuesto en Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivo Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce; pues este juzgado declinó la competencia. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el autorizado del quejoso - a través del cual denuncia la violación a la suspensión provisional en que aduce han incurrido las autoridades responsables; por tanto, se ordena reservar dicha petición, virtud a que el diecisiete de los actuales este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver la demanda de garantías, y se declinó a favor del Juez de Distrito en Turno, con residencia en Aguascalientes. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por -, por propio derecho, contra actos de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Aguascalientes y otra autoridad, señalando como acto reclamado el siguiente: ".IV. Norma General Acto reclamado; Lo constituye la negativa de admitir mi reingreso, sin motivo justificado, al Programa de Estudios denominado Licenciatura Presencial de Ingeniería en Sistemas de Información Acto del cual tuve conocimiento el día 3 tres de septiembre de 2018 dos mil dieciocho". Ahora, en atención a que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el suscrito procede a analizar si en la especie es o no competente para conocer de la demanda de garantías de cuenta. Analizado el escrito inicial de demanda, se estima que se surte competencia territorial para conocer del asunto a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Aguascalientes, residente en esta localidad. Se afirma lo anterior, en virtud de que en el caso, de la lectura integral del escrito inicial de demanda (atendiendo al principio de unidad que los rige y les da cohesión), se obtiene que la materia del reclamo, no se acota a una simple omisión por parte de la autoridad responsable, sino que aglutina los siguientes actos: i). La negativa a ingresar a la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Aguascalientes, aunando que se estaba valorando por medio de una comisión sobre si se le permitiría el ingreso, fecha a la cual no se le ha notificado dicha resolución; y De lo que se obtiene que, por una parte, la materia del reclamo trasciende a un acto de naturaleza -en principio- negativa, empero que conlleva implícitos efectos positivos. Aclarado lo anterior, ahora resulta oportuno traer a glosa el contenido del artículo 37 de la Ley de la Materia, cuyo tenor literal reza: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del numeral en cita se obtienen tres reglas genéricas para dirimir la competencia para el conocimiento de un asunto y, que a saber son las siguientes: i). Tratándose de actos de naturaleza positiva, será competente el juez en cuyo ámbito espacial de actuación se ubique el lugar en que aquéllos deban tener ejecución, traten de ejecutarse, se estén ejecutando o se hayan ejecutado; ii). Si la ejecución se realiza en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el competente será aquél ante el que se presente la demanda; esto es, el que previno en el conocimiento de la demanda; y iii). Si los actos carecen de ejecución, el conocimiento compete al juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esa tesitura, el primer aspecto a considerar para determinar la competencia de un órgano de control constitucional para conocer de un juicio de amparo, lo constituye la naturaleza del acto reclamado y si éste es susceptible de ejecución material o no. Al efecto cabe aclarar que, todo acto por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Luego, dentro de la clasificación de los actos reclamados, se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y, a los segundos, como los que reflejan una omisión o una abstención. Así para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Además, cabe destacar que para los efectos del juicio de amparo, la omisión jurídicamente relevante únicamente la constituye aquélla que se suscita dentro del ámbito de facultades de la autoridad a la cual se le imputa; de manera tal que no toda clase de inactividad puede ser sometida a un análisis de constitucionalidad. Es orientadora al respecto, la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2016418, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." Es este orden de ideas, las omisiones son una especie de actos negativos que implican un no actuar por parte de la autoridad y, que de manera general, carecen de ejecución material, aunque en casos excepcionales sí la tienen. Por ello, atendiendo al contexto en el que se actualizan, pueden clasificarse en dos tipos: El primer supuesto se refiere a omisiones que, en sentido genérico y acorde a lo dispuesto en el artículo 8° constitucional, constituyen actos omisivos en los cuales, al existir una petición por parte del gobernado y no haber contestación por parte de las autoridades responsables, no traen consigo algún efecto distinto a la inhibición de aquéllas y tampoco requieren ejecución material, pues simplemente se adopta una conducta inactiva de su parte, sin que la misma trascienda o incida en algún otro de los derechos subjetivos públicos del peticionario. Por lo que respecta al segundo tipo de omisiones, debe señalarse que, en sentido estricto y de manera excepcional, éstas sí tienen ejecución material, dado que repercuten en el ejercicio de derechos subjetivos, diversos al propiamente atinente a la petición en sí misma. Este último supuesto es el que en la especie se actualiza el acto reclamado en la omisión por parte de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Aguascalientes, para resolver la valoración para el ingreso del alumno, pues al efecto se tiene que el mismo, ha repercutido en el ejercicio de los derechos subjetivos del quejoso dada su calidad de parte dentro del anotado procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. De modo tal que, la autoridad responsable tiene la obligación constitucional, no sólo derivada del artículo 8°, sino también del referido precepto 17, de atender la petición que le fue formulada por el impetrante, lo que necesariamente derivará en una ejecución material, en tanto que ello incide o repercute en el ejercicio de ese derecho de acceso a la justicia y en la concreción de aquél que ya le fue reconocido dentro del procedimiento natural. Máxime que en el caso, la omisión destacada deriva de una solicitud de actuación que forma parte del espectro competencial de la autoridad responsable. En esa virtud, si el acto reclamado por la impetrante de garantías, se hace consistir en la negativa de admitir el reingreso a la Licenciatura Presencial de Ingeniería en Sistemas de la Información acto reclamado a la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Aguascalientes, lo que evidentemente lleva implícita una ejecución material, la cual se materializara en Aguascalientes. De tal forma, que en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a las jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, compete el conocimiento de la demanda de amparo promovida por -, al Juzgado de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia Aguascalientes, en virtud de que dentro del territorio en que ejercen jurisdicción dichos órganos, se llevara a cabo la ejecución del acto que en esta vía se reclama. Resulta aplicable al caso particular, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así se considera tomando como base lo manifestado por la quejosa bajo protesta de decir verdad en el sentido de que la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Aguascalientes, fue la que indicó que no se podía ordenar el reingreso del alumno por órdenes tanto del Campus Morelia, como de la Rectora, aduciendo que dicha institución se reservaba el derecho de admisión y readmisión del alumnado; consecuentemente, si el impetrante del amparo señala autoridades, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes y en aquella ciudad es donde se ordenó la no readmisión. Sin que obste para la anterior determinación que la quejosa señala como domicilio el ubicado en calle Avenida Ventura Puente número 999, interior 6, en la colonia del Empleado de esta ciudad; sin embargo, el solo domicilio es insuficiente para justificar la competencia de este órgano jurisdiccional, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha modificado su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Lo anterior cobra fuerza con la tesis publicada en la página 73, Volúmenes 217-228 Tercera Parte, materia común del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado". Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, se estima que este Juzgado carece de competencia legal para conocer y tramitar el juicio de amparo, por razón de territorio, y considera competente para conocer de la presente demanda de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en Aguascalientes, en turno. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal se declara legalmente incompetente para conocer y resolver de la presente demanda de garantías y la declina a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes, ordenándose remitirla con sus copias para que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia planteada, solicitándole en su oportunidad acusar el recibo de estilo correspondiente. PRONUNCIAMIENTO SOBRE SUSPENSION. Ahora, en términos de lo dispuesto por los artículos 53, 125, 127, fracción II, y 128 de la Ley de Amparo, atendiendo a la naturaleza del acto de molestia, se procede a realizar el análisis respecto a la suspensión de éste en este mismo cuaderno principal, dado que como ha quedado evidenciado en párrafos precedentes no habido pronunciamiento sobre la admisión de la demanda, precisamente atendiendo a la incompetencia referida. En efecto, del análisis integral de la demanda y de los documentos adjuntos se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la negativa de admitir el reingreso al Programa de Estudios denominado Licenciatura Presencial de Ingeniería en Sistemas de Información; acto que el suscrito considera encuadra en el supuesto que establecido en el artículo 127, fracción II, de la Ley de la Materia. Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. (ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014) Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." El citado precepto 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 138, primer párrafo, de su ley reglamentaria, señalan que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, concederá o negará la suspensión provisional. Ahora, por virtud de la teoría de la apariencia del buen derecho, es factible que el juzgador de amparo realice la comprobación de la existencia del derecho humano que debe ser protegido de modo que sea posible anticipar que en la sentencia que se pronuncie en el expediente principal, exista factibilidad de que se vaya a otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, lo que constituye la base y el sustento para decretar una medida cautelar, cuyo objeto es mantener las cosas en el estado en que se encuentran y, cuando así lo amerite el caso, hacer una restitución provisional con el fin de mantener viva la materia del juicio en lo principal; evitando con ello que los actos reclamados se consumen de tal forma que sea imposible o improbable la restitución a la quejosa en el goce pleno del derecho humano que se dice violado, volviendo con ello inocuo el juicio constitucional. Tal es el espíritu de la reforma al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que del proceso legislativo que dio origen al nuevo modelo de juicio de amparo se advierte en lo referente a la suspensión de los actos, que el Poder Reformador consideró lo siguiente: ".Para tal efecto, se privilegia la discrecionalidad de los jueces consagrando expresamente como elemento a considerar para el otorgamiento de la suspensión la apariencia del buen derecho, requisito éste reconocido por la Suprema Corte de Justicia y que constituye uno de los avances más importantes en la evolución del juicio de amparo en las últimas décadas. Sin embargo, para asegurar su correcta aplicación, se establece la obligación del Juez de realizar un análisis ponderado entre la no afectación del interés social y el orden público y la apariencia de buen derecho. Con esto se logra que la medida cautelar sea eficaz y que no se concedan suspensiones que molesten la sensibilidad de la sociedad". Virtud de lo anterior, los elementos que nutren la teoría de la apariencia del buen derecho son los siguientes: a. Que el acto reclamado sea en sí mismo susceptible a la medida cautelar; esto es, que sea suspendible; b. La demostración presuntiva de un interés jurídico, dado que los actos reclamados provienen de una autoridad considerada formalmente como un tribunal en materia de trabajo (interés suspensional); c. La confrontación de la naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda o las que el juzgador advierta prima facie, en aquellos casos en los proceda la suplencia de la queja deficiente, con los perjuicios al interés social o a las disposiciones de orden público; d. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del que derive la plausibilidad de que la protección constitucional vaya a concederse; y, e. El peligro en la demora en el otorgamiento de la medida cautelar. Ahora para descubrir la verdadera intención de el promovente, el Juez de distrito debe realizar una interpretación integral de la demanda, armonizando todos los datos que en ella se contengan y lograr encausar el sentido real de la misma. Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 40/2000 y en la aislada VI/2004 estableció lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En el caso, los actos y omisiones que la quejosa reclama a la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Aguascalientes, se hacen consistir en negarle el reingreso a dicha Institución. De lo anterior se sigue que el derecho humano que la quejosa aduce desconocido es el de acceso a la educación el cual se encuentra reconocido en el artículo 3o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en lo que interesa establece: "Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias..." Lo cual vulnera el derecho humano reconocido por el citado artículo 3o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, maximizado por el 138, de la Constitución Política del Estado de Michoacán, el cual dispone: "Artículo 138. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado y sus Municipios están obligados a impartir educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Toda educación que el Estado imparta será gratuita". En virtud de lo anterior, tomando en consideración que el artículo 1o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; no tanto, es dable concluir que la norma rectora en la presente resolución es el artículo 138, de la Constitución Política del Estado de Michoacán, el cual además de no controvertir ningún principio fundamental acogido por el normativo 3o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza de mejor manera el derecho humano a la educación. Es así porque de la interpretación funcional del párrafo primero del numeral 3o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -ya transcrito-, se advierten como garantías para la protección del derecho humano a la educación, las siguientes: a. El establecimiento de un sujeto activo indeterminado, que puede ser cualquier persona, sin discriminación puesto que el artículo 3o, no limita el poder de exigir al Estado Mexicano el cumplimiento de la obligación. b. El establecimiento de una obligación incondicional. El citado numeral establece que todas las autoridades de nuestro país están obligadas a cumplir ya que refiere con precisión a la Federación, como los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, están obligados al cumplimiento de la obligación, sin condición alguna. c. La definición del sujeto pasivo específico. Están obligados al cumplimiento de la obligación descrita la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal, y los Municipios. d. La determinación que la educación básica y la media superior son obligatorias y; e. Principio de gratuidad. Por virtud del cual toda educación que imparta el estado será gratuita. Estos principios fundamentales fueron reproducidos por el Poder reformador de la constitución de Michoacán, ya que al reformar el artículo 138, en agosto de 2010, lo redactó en similares términos pero con una variación trascendente para los propósitos de esta resolución. En efecto, en el artículo 138 -ya transcrito-, el Poder reformador de la Constitución Michoacana, reconoció el derecho humano de acceso a la educación, y consignó las mismas garantías para su protección como lo hizo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, empero, además de reconocer la obligación a cargo del Estado y de sus Municipios de impartir obligatoriamente la educación básica y la media superior, incluyó la superior, lo que desde luego, al no colisionar con ningún precepto de la Constitución General, bajo los principios "pro persona" y el de "progresividad" debe ser interpretado en el sentido de que fue la voluntad del Legislador michoacano maximizar el derecho humano en consulta. Se afirma lo anterior porque el principio pro persona en realidad es un criterio para la selección de la norma, que contiene el reconocimiento del derecho humando deducido en el juicio, de tal suerte que en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en dos fuentes del ordenamiento jurídico, y si no se contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, será aquella que lo proteja de mejor manera. Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 1a./J. 107/2012 (10a.) estableció: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano". De lo anterior se sigue que el Estado de Michoacán, sin contravenir los principios fundamentales contenidos en el artículo 3o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho de humano a la educación y establece mayores garantías que la General. Ahora, la quejosa acompañó a la demanda de amparo copia de la Constancia Academica, formatos de Solicitud de Traslado de Sede identificados bajo el número 104, documentos a los que se les concede valor de indicio con fundamento en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, con los que demuestra la titularidad del derecho deducido en el juicio, las que a juicio de esta juzgadora por ahora, son suficiente para demostrar el interés que la parte quejosa tiene para la obtención de la medida cautelar. En virtud de lo anterior, ante la existencia del derecho humano que se dice violado, es probable que en el presente juicio deba otorgarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión, porque en apariencia, el hecho de que se haya negado el ingreso a la facultad como estudiante en el nivel medio y superior, es contrario al principio de obligatoriedad a que alude el artículo 3, de la Constitución Política del Estado de Michoacán. Cabe destacar que en el precepto constitucional 3o, no reconoce -aunque si lo regula- como derecho humano, el acceso a la educación superior; pero, tampoco lo limita, de ahí que en el presente caso, deba aplicarse -por ser lo más favorable-, el derecho doméstico, propio del Estado de Michoacán, porque conforme al artículo 1o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consagra el principio de progresividad con base en el cual deben interpretarse las normas relativas a los derechos humanos, debe convenirse en que el derecho humano a la educación puede ser ampliado en las leyes secundarias -incluyendo las constituciones locales-, con la única limitante que los postulados de tales leyes no sean contrarios a los principios y valores consignados en la Constitución General. Es por lo anterior que esta juzgadora considera que en autos se encuentra satisfecho el requisito de la probable demostración del interés jurídico para obtener la medida cautelar, ya que el quejoso se encuentra en pleno goce del derecho humano a recibir educación en nivel superior, por haber realizado el proceso para el ingreso de la inscripción a la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Aguascalientes. En tal virtud, siguiendo el postulado tradicional del iusnaturalismo, en el que la Persona es el origen, el objeto y la razón de toda actividad del Estado, el ánimo que motivó la reforma constitucional, fue en síntesis, reconocer la existencia de los derechos humanos e imponer a las autoridades mexicanas, de todos los órdenes, la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que conforme al dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso General, del siete de abril de dos mil diez, y que posteriormente fue incorporado al decreto de reformas por el Poder Reformador, significan lo siguiente: Universalidad: Los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. Interdependencia: Consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros y entre sí, de tal manera que el reconocimiento de un derecho humano cualquiera, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos que se encuentran vinculados; de esa manera. Indivisibilidad: Se refiere a que los derechos humanos son en sí mismos infragmentables, ya sean de naturaleza civil, cultural, económica, política o social, pues son todos ellos inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. Progresividad: Se traduce en la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para su satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier retroceso o involución de esta tarea. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en la jurisprudencia 15, que establece: "PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. REPRESENTAN CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. El 10 de junio de 2011 se promulgaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, de las que sobresale la modificación de su artículo 1o. que establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En virtud de éstos, la valoración de los derechos fundamentales queda vinculada a la premisa de que deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, nacionalidad o preferencias (universalidad); además, tales derechos han de apreciarse como relacionados de forma que no sería posible distinguirlos en orden de importancia o como prerrogativas independientes, prescindibles o excluyentes unas ante otras, sino que todos deben cumplirse en la mayor medida posible, así sea en diferente grado por la presencia de otro derecho fundamental que también deba respetarse y que resulte eventualmente preferible, por asegurar un beneficio mayor al individuo, sin que el derecho fundamental que ceda se entienda excluido definitivamente (indivisibilidad e interdependencia); asimismo, con el entendimiento de que cada uno de esos derechos, o todos en su conjunto, obedecen a un contexto de necesidades pasadas y actuales, mas no niegan la posibilidad de verse expandidos, por adecuación a nuevas condiciones sociales que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo (progresividad). De esta guisa, los referidos principios representan criterios de optimización interpretativa de los derechos fundamentales, porque conducen a su realización y observancia plena e inmejorable a favor del individuo, al orientar el proceder de toda autoridad en el cumplimiento del mandato de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de la materia, lo cual se refleja al ejercer el control constitucional, en el sentido de que el respeto y restauración de los indicados derechos son una tarea no sólo de la jurisdicción federal, sino también de la ordinaria en el conocimiento de los asuntos de su competencia. Atendiendo a estos criterios de interpretación de las normas en materia de derechos humanos, es obligación de todas las autoridades del país promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, a todas las personas por igual; por tanto, PROCEDE CONCEDER A -, la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que se le permita asistir a clases como alumno regular, sin que se condicione su ingreso o permanencia en la casa de estudios o limite el acceso a la educación pública que imparte el Estado, por conducto de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Aguascalientes, hasta en tanto se decida sobre la suspensión definitiva en la presente incidencia. Por otra parte, en términos del precepto 28, fracción I de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niegan a recibir tales oficios, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, la Actuaria de este Juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la papeleta de turno, de la demanda de garantías y demás constancias relativas, así como con la presente determinación. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA Por último, se tiene al ocursante señalando domicilio para recibir notificaciones el ubicado en esta ciudad y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a - virtud a que tiene registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, antes los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que señala.
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