Juan Luis Aboytes Poceros

Expediente 1924/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1924/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
02/12/2022

Partes del expediente

  • Juan Luis Aboytes Poceros
  • Jaime Flores Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Vista la cuenta que antecede, toda vez que el expediente principal del que deriva el presente incidente de suspensión, en esta fecha se dictó un auto en el cual se ordenó su archivo definitivo, declarándose como asunto totalmente concluido; y en virtud de que se negó la suspensión provisional y definitiva, se tiene que los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción, con base en lo señalado en los artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencias y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte.

  2. Principal

    V i s t a la cuenta que antecede, y toda vez que de autos se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, se declara que la resolución que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, provéase lo conducente en el incidente de suspensión que deriva de este procedimiento y remítase al archivo de este juzgado como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo 1924/2021-IV; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en esta ciudad, el tres de noviembre de dos mil veintidós, y que por turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, José Luis Aboytes Poceros, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: "[.] III. Autoridad responsable. Ordenadora: Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, de este Distrito Judicial de Saltillo, Coahuila, con domicilio en su recinto oficial ubicado en Centro Justicia Metropolitano Nuevo Centro Metropolitano que se ubica en Periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 de esta ciudad de Saltillo, Coahuila. IV. Norma General, Acto u Omisión reclamada. El ilegal trámite de un Juicio Ordinario Civil que se sigue sin que el suscrito haya sido llamado al mismo y que se tramita ante el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Saltillo, Coahuila, radicado bajo el número ********************. [.]" SEGUNDO. Trámite. En proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno se admitió la demanda de que se trata, la cual se registró en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 1924/2021; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se tuvo como tercera interesados a ******************** y ******************** Gricelda Cisneros Escareño, asimismo se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se citó para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1º, fracción I, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de lo reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados, lo que implica analizar no solo el apartado identificado con ese nombre dentro de la demanda, sino la totalidad de ésta, así como sus anexos; lo anterior, con sustento en la Jurisprudencia P./J. 40/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; así como la diversa tesis P. VI/2004 del propio órgano colegiado, localizable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, que en su rubro prescribe: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Por lo expuesto, se precisa como acto reclamado el que sigue: La falta de llamamiento al juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Saltillo, Coahuila, promovido por ******************** en contra de ********************. TERCERO. Existencia de lo reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Saltillo, Coahuila, toda vez que al rendir su informe justificado, aceptó lo reclamado. Certeza que se corrobora con la copia certificada de constancias relativas al juicio de origen que remitió, la cual por tratarse de documento público, goza de eficacia probatoria plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 305 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206 del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De la misma manera es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153 del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, del Tomo VI, primera parte, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con artículo 61 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o. J/323, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 1994, foja 87, que dispone: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. Lo anterior, tiene sustento en la Tesis IV.3o.108 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, febrero de 1995, foja 353, cuyo rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." En el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en los artículos 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6° y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden público que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (...)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Como se observa, el artículo 6 de la Ley de Amparo, establece que este medio de defensa únicamente puede promoverse por la parte a quién perjudique el acto que se reclama, es decir, por la persona sea física o jurídica colectiva (moral), que resienta un agravio en perjuicio de sus derechos sustantivos, también llamados fundamentales. El concepto de agravio debe entenderse como todo menoscabo u ofensa, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente, en transgresión a derechos legítimamente tutelados por las normas legales. Por su parte, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad deviene del perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, enero de 2008, página 225, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Así, el perjuicio o agravio tratándose de un acto emitido por un tribunal, debe ser material y apreciable objetivamente; en otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso tendrá que ser real y no de carácter subjetivo; recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, no abstracto, genérico ni de realización pasada, presente o inminente, no eventual, aleatorio o hipotético, que es en lo que estriba lo "directo" de la ofensa, de tal manera que los actos "probables" no generan agravio, ya que resulta indispensable que aquéllos existan o que haya elementos de los que pueda deducirse su ejecución futura con certeza, sin que se reconozca, ya sea por la Constitución Federal, por la Ley de Amparo o por la jurisprudencia, excepción alguna a este principio. Cabe agregar que, el concepto de "interés jurídico" se encuentra estrechamente vinculado con el de agravio o perjuicio, dado que si un acto de autoridad no lo causa no existirá aquél para intentar de manera válida el amparo, ya que para que la acción constitucional proceda en caso que se combata, no basta que sea impulsada por cualquier interés, por un interés "simple", como suele llamarse a aquél que, sin contar con respaldo legal, tiene todo gobernado en que surja, se mantenga o desaparezca una situación creada por la autoridad. Por lo que es necesario que tal interés se apoye en un derecho derivado de la ley, para exigir del gobernante determinada conducta, positiva u omisiva y que la lleve a cabo. En ese orden de ideas, para demostrar la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere que del escrito de demanda, de los informes justificados y de las pruebas aportadas en el sumario, se acredite la existencia conjunta de los siguientes elementos: a) Un determinado individuo (principio de instancia de parte). b) Existencia de un derecho legítimamente tutelado (legitimación). c) Acto autoritario (principio de procedencia del juicio de amparo). d) Afectación del derecho, a través del acto de autoridad (principio de agravio personal y directo). Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia 1a. /J.168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, enero de 2008, página 225, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Luego, hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal, que faculta al gobernado a exigir de la autoridad determinada conducta, sea de acción u omisión; esto es, el interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es si no, lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo público, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. De aquí que, cuando un acto autoritario no afecte los intereses jurídicos del quejoso, el amparo que contra éste se promueva será improcedente, según lo previene la disposición que se analiza. Ahora, para que en un juicio de amparo se demuestre el interés jurídico respecto de los derechos de propiedad o posesión de un bien inmueble, es necesario que el documento con el que se pretende acreditar sea de fecha cierta, y ello acontece sólo en los siguientes supuestos: 1. Que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente. 2. Desde la muerte de cualquiera de los firmantes. 3. Desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio (verbi gracia un notario público). Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia VI.2o.C.J/308, registro 167466, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, abril de 2009, página 1787, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO. Si quien se queja en el amparo indirecto de haber sido afectado en sus derechos de propiedad y posesión de un bien inmueble, y exhibe un contrato privado de compraventa, con tal documento no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico pues, para que ello ocurra, resulta necesario que el referido título sea de fecha cierta, lo que acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio pues, en caso contrario, tal documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si el embargo y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de que se duele el quejoso, fueron actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Y ello es así por resultar claro, que la fuerza convictiva de un título privado, que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la enajenación cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos. Por ello, la fuerza convictiva de un título privado, no abarca la fecha en que aparece realizado el acuerdo de voluntades, cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos. En efecto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. En el caso particular, el impetrante de amparo reclama la falta de llamamiento al juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Saltillo, Coahuila, promovido por ******************** en contra de ********************; aduciendo ser un tercero extraño a juicio. La razón por la cual el quejoso acudió a esta instancia constitucional, es que argumenta ser arrendatario del bien inmueble materia de la controversia de origen. Para acreditar lo anterior, el citado quejoso adjuntó a su demanda de amparo, copia certificada de un diverso juicio ordinario civil de nulidad de contrato 190/2019 iniciado por el quejoso en contra del aquí tercero interesado ********************. Constancias que son insuficientes para demostrar el interés jurídico para efectos de este juicio de amparo. Es así, porque con dicha documental únicamente se corrobora la intención del quejoso de nulificar el contrato de arrendamiento suscrito entre ******************** en su carácter de arrendador, y ******************** como arrendataria, del uno de agosto de dos mil dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, respecto del inmueble ubicado en ********************sin que se advierta a esta data que en el mismo se haya dictado sentencia; de ahí que sea insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso en este juicio de amparo, como poseedor del bien inmueble materia de la controversia de origen, y por ello se considera que no acreditó tener un derecho legítimamente tutelado. Sin que se soslaye su manifestación de que celebró contrato de arrendamiento con el tercero interesado ********************, por el período del uno agosto de dos mil doce al treinta y uno de julio de dos mil catorce; ya que de las documentales que exhibe se advierte que la también tercero interesada ******************** ********************celebró contrato con ********************, por el período del uno de septiembre de dos mil catorce al treinta y uno de julio de dos mil dieciséis, por lo que no se advierte la existencia de un contrato vigente de arrendamiento que acredite su interés. Lo que se corrobora con la copia certificada del expediente de origen ********************, a la cual se le reitera su valor probatorio pleno; pues de dicha documental, sólo se desprende la existencia de lo reclamado; pero no causa alguna generadora de la posesión a favor del impetrante del amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia II.2o.C. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2000, página 1341, del contenido siguiente: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal." En suma con los medios de prueba no se logró acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, pues ello debe realizarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones; es decir, corresponde la carga de la prueba de ese extremo a la quejosa. Lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, registro 187777, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, febrero de 2002 página 115, que indica: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." No es obstáculo que se haya acreditado la existencia de lo reclamado, pues esa circunstancia no es suficiente para que sea procedente el juicio de amparo, sino que era necesario que el peticionario del amparo acreditara que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Ello, porque entre otros requisitos de procedencia del juicio de amparo, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 6, de la Ley de la materia, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que consiste en que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue la Constitución o un tratado internacional en el que el Estado Mexicano sea parte, el cual debe acreditarse fehacientemente, lo que no ocurre en este caso. Es aplicable la jurisprudencia identificada con el registro 2a./J. 23/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número ochenta y cuatro, diciembre de 1994, página 20, del siguiente tenor: "INTERES JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACION DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCION DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo." Como corolario de lo anterior, conviene recordar que, el término de derecho legítimamente tutelado, se entiende como la existencia de un derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, categoría en la que, sin lugar a dudas, se encuentra el derecho de posesión y de propiedad; empero, la existencia de esos derechos sobre bienes inmuebles, en casos concretos, no se deduce de la sola manifestación que en ese sentido haga quién se dice titular de ellos, sino que requiere de elementos objetivos aptos para acreditar tal extremo, reconocidos por el propio sistema jurídico. Es aplicable, la tesis jurisprudencial P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 2002, página 5, que a la letra dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Sin que obste a la anterior que no se haya emplazado a la tercero interesada ********************, toda vez que de conformidad con el siguiente criterio, no le produce ninguna afectación dado el sentido de la resolución. "TERCERO PERJUDICADO FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA.1 Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio, debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. En esas condiciones, y toda vez que el quejoso no acreditó su interés jurídico en esta instancia; resulta improcedente el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; consecuentemente, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la mencionada legislación. Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1°, fracción I, 74, 75 y demás de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************en contra de lo reclamado a la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Saltillo, Coahuila, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese en término de ley. Así lo resolvió y firma Claudia Luz Hernández Sánchez, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, el día de hoy cuatro de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado, asistida del secretario Mercedes Herrera Reyes, quien certifica que la presente resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Certifico y doy fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte tercero interesado la sentencia engrosada a sus autos el auto de 04 de abril de 2022, por medio de lista de conformidad con los artículos 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo, toda vez que no compareció en el recinto oficial de este Juzgado, no obstante el citatorio que se le dejó para tal efecto según lo establecido por el artículo 27, fracción I, b.

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