Juan Lozano Padilla
Expediente 472/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/10/2021
Partes del expediente
- Juan Lozano Padilla
Actuaciones
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- Principal
Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión dentro del término legal en contra de la sentencia dictada el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo en el presente juicio; por tanto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º; se decreta que ha causado ejecutoria, para todos los efectos de ley. ll.Se ordena archivar. En esas condiciones, atendiendo a lo resuelto por el citado órgano jurisdiccional, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención al artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción I, inciso b) del artículo 18 del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se negó el amparo en el presente juicio, este se considera susceptible de DEPURACIÓN, una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo. Por otra parte, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que a la fecha, no obra el acuse de recibo del oficio 24541 girado en auto de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, en esas circunstancias y toda vez que la autoridad responsable no se encuentra legitimada para interponer recurso de revisión en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; reexpídase el comunicado de referencia a la autoridad responsable a fin de que se impongan de la sentencia dictada en autos. Finalmente, de conformidad a la declaratoria del cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se ordena al actuario judicial de la adscripción que corresponda, para que verifique si en el presente acuerdo existen autoridades responsables respecto de las cuales exista convenio de colaboración celebrado y, de ser el caso, remita el presente acuerdo mediante el oficio correspondiente a través de la interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a las autoridades respectivas. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a , en contra de los actos y autoridades indicadas precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando sexto. SEGUNDO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio firmado por el Secretario comisionado para fungir como Presidente Especial y por el Presiente Auxiliar, ambos de la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por el cual, cumplen con el requerimiento efectuado en acuerdo de veintiséis de junio pasado, ya que informan cuáles son las pruebas pendientes por desahogar en el juicio natural y remiten diversas constancias para acreditarlo. En esas condiciones, se tienen por desahogadas las referidas pruebas documentales en razón de su propia naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo; mismas que serán relacionadas en la audiencia constitucional y tomadas en consideración al resolver el presente juicio de amparo.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, a fin de integrar debidamente la litis en el presente asunto, de conformidad con los artículos 75 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que, dentro del término de tres días, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, informe detalladamente a este Juzgado de Distrito cuales son los medios de prueba admitidos a las partes que se encuentran pendientes de desahogar dentro del incidente de sustitución patronal promovido en los autos del juicio laboral de su índice. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional), publicado por el Diario Oficial de la Federación, el ocho de enero de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número P./J 17/97, visible en la página 108, del tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando Amparo indirecto el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto" En consecuencia, a fin de dar oportunidad a que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las once horas con veinte minutos del veintiuno de julio de dos mil veintiuno, para su celebración.
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