Juan Lorenzo Mendoza Martínez

Expediente 6/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
6/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
14/02/2018

Partes del expediente

  • Juan Lorenzo Mendoza Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 14 DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Visto el oficio firmado por la Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, anexa copia con firmas autógrafas y sellos del acuerdo dictado el nueve de febrero del presente año, dictado en el expediente laboral 4/11/1696 de su índice, en el que se tuvo al apoderado legal de la parte demandada ********************, desistiéndose de la prueba testimonial a cargo de ************************* De tal manera, en acato a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas, que en el presente asunto acarrea el desistimiento de las probanzas que refiere la autoridad responsable. En la especie, este órgano de control constitucional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece que es improcedente el juicio de garantías cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, dicho numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la citada improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. En efecto, la improcedencia en estudio se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Tiene aplicación la jurisprudencia número 2ª/J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, página 210, del literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". De esta manera, se insiste que si en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa a las autoridades responsables lo constituye la omisión de preparar y desahogar los testimonios ofertados por la parte demandada en el juicio de origen, a cargo de ****************************Ahora bien, de la constancia remitida por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo; se aprecia que mediante acuerdo de nueve de febrero de esta anualidad, se tuvo al apoderado legal de la parte demandada Abastecedora Fronteriza, Sociedad Anónima de Capital Variable y otros, desistiéndose del desahogo de la prueba testimonial a cargo de ***********************************; por tanto, se llega a la conclusión, de que en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado. Por lo que la desaparición de los efectos del acto impugnado (omisivo), son incondicionales e inmediatos, de tal suerte que ha dejado de existir la omisión de la que se duele la parte quejosa, consecuentemente el acto ya no le agravia. Por ende, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. En consecuencia se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de juicios de amparo.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, se aprecia que el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de Conciliación y Arbitraje, así como por el Actuario adscrito a dicha junta, con sede en esta localidad fronteriza no se recibió con la debida anticipación; esto es, al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, a fin de no transgredir las normas del procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y para que tenga verificativo se fijan las diez horas con veinticinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

  3. Principal

    se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de Conciliación y Arbitraje, así como por el Actuario adscrito a dicha institución, con sede en esta ciudad; sin perjuicio de relacionarlo al momento de celebrar la audiencia constitucional, con el que se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, agréguense para los efectos legales procedentes, las documentales presentadas por la autoridad de mérito, como apoyo a su informe, las se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, de conformidad al artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, con sede en esta ciudad; sin perjuicio de relacionarlo al momento de celebrar la audiencia constitucional, con el que se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, agréguense para los efectos legales procedentes, las documentales presentadas por la autoridad de mérito, como apoyo a su informe, las se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, de conformidad al artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional.

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