Juan López Ramos

Expediente 814/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
814/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/08/2023

Partes del expediente

  • Juan López Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.

  2. Principal

    CERTIFICACIÓN. En León, Guanajuato, el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, hago constar que el plazo para que la parte quejosa impugnara el auto donde se desechó la demanda de amparo, trascurrió conforme con la siguiente tabla: PARTE NOTIFICACIÓN TRASCURSO DE PLAZO QUEJOSO 18 DE JULIO DE 2023 Notificación electrónica. DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2023EGRESO EN SISE17 DE JULIO DE 2023 Asimismo, con la circunstancia de que: Después de realizar una búsqueda en el libro de correspondencia recibida en la Oficialía de Partes de este juzgado federal, no se encontró promoción alguna pendiente de registrar que corresponda al presente expediente. La parte quejosa exhibió documentos que deben ser devueltos; En cumplimiento a lo establecido por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se hace constar que coinciden en su totalidad los expedientes electrónico e impreso; y, La versión pública de la determinación puede ser consultada en la página Servicios y trámites DGGJ (cjf.gob.mx); asimismo, se complementó el apartado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al "Registro y envío de sentencias", con la clasificación de la información confidencial o reservada, según resultó el caso. Doy fe. La Secretaria. CUENTA. En la ciudad de León, Guanajuato, el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta con la certificación que antecede. Conste. León, Guanajuato, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede se provee: Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto dictado el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Se dejan a disposición documentos. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos de la parte quejosa; en consecuencia, se le requiere para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales en relación con el numeral 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de San Francisco del Rincón, Guanajuato, y otras. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" De tal disposición se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve fuera del plazo que la ley de la materia prevé para tal efecto, caso en el cual se reputará consentido tácitamente el acto reclamado. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días: a. Contado a partir del siguiente en que haya surtido efecto, conforme con la ley que rige el acto, la notificación al quejoso de la resolución que reclame; b. Contado a partir del siguiente al en que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; y c. Contado a partir del siguiente a aquél en que el quejoso hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber:  Se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda será de treinta días;  Se controvierta la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años;  Los actos tengan como efecto o puedan privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el cual el plazo será de siete años;  Cuando el acto implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzada a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda se podrá presentar en cualquier tiempo. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de los tres establecidos en el referido artículo 18 de la Ley de Amparo. Entonces la causa de improcedencia se actualizaría atendiendo a si un acto de autoridad puede ser consentido antes de solicitar la protección constitucional. Así, la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente se actualiza cuando éstos no son reclamados dentro de los plazos establecidos en el precepto 17 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. En la especie, el quejoso acude a esta instancia constitucional a reclamar, entre otros: ? La falta de emplazamiento al juicio *** del índice del Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de San Francisco del Rincón, Guanajuato, y sus consecuencias. De igual modo, la parte promovente, bajo protesta de decir verdad, manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés; por tanto, se materializa el supuesto reseñado en el inciso b. Manifestación a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles,8 de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, de acuerdo con la naturaleza del acto, el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días porque no se ubica en alguno de los supuestos de excepción previstos en la Ley de Amparo. En ese orden, en el caso, es aplicable para computar el plazo que la parte quejosa tenía para promover la demanda de amparo el segundo supuesto señalado en el referido precepto 18 de la Ley de Amparo - el contado a partir del siguiente al en que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado- por ende, el plazo de quince días con que, en todo caso, el promovente contaba para promover juicio de amparo respecto del acto reclamado indicado en el inciso a, comenzó a contar a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento, esto es, el veintidós de junio de dos mil veintitrés y concluyó el doce de julio de ese año, sin contar los sábados y domingos por ser días inhábiles. Por lo tanto, si la demanda de amparo fue presentada el trece de julio de dos mil veintitrés, como se obtiene del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, resulta extemporánea al no haberse promovido en el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, que feneció el doce de julio de dos mil veintitrés; en esas condiciones, se considera consentido tácitamente el acto que reclama. Cobra aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". En las relatadas condiciones, la parte quejosa tuvo la posibilidad legal de impugnar el acto que reclama, dentro del plazo perentorio señalado en el artículo 17, de la Ley de Amparo, y si no lo hizo de esa manera, su conducta revela conformidad con dicho acto en su perjuicio, por lo que se colige que existió el consentimiento de su parte en lo que ve al acto reclamado, al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta, esto es, dentro del término de quince días que dispone el aludido precepto; en tal razón, lo expuesto conlleva a establecer la imposibilidad de encausar su inconformidad en este medio, si previamente lo consintió tácitamente, y siendo ello así, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Por tanto, al operar el supuesto en estudio, acorde con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo.

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