Juan López López
Expediente 627/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juan López López
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 627/2018-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Sin embargo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 627/2018-V, promovido por JUAN LÓPEZ LÓPEZ, por propio derecho, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado en la misma fecha a este Juzgado de Distrito, JUAN LÓPEZ LÓPEZ, JORGE SAMUEL MÉNDEZ ROCHA, GEOVANY ROJO CAMACHO, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamaron de las autoridades, 1) Director, 2) Comité Técnico, 3) Subdirector de Seguridad y Custodia, 4) Comandante de Seguridad y Custodia Delta Uno, 5) Comandante de Seguridad y Custodia Delta Dos, y 6) Supervisor de Seguridad; todos del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos". El veintiséis de enero de dos mil dieciocho se radicó la demanda de amparo con el número 131/2018-V, y concedió la suspensión de plano; además, se ordenó requerir al quejoso y otros, que manifestaran si ratificaban la demanda. Una vez ocurrida la ratificación, por auto de treinta y uno de enero dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda; se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables. SEGUNDO. Separación de juicios. Por auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho se ordenó la separación de juicios y la formación de un expediente nuevo para estudiar por separado los actos que reclamados por cada uno de los quejosos, por lo que en el juicio de amparo 131/2018, se asumió el conocimiento de la demanda de garantías únicamente por el quejoso JORGE ARMANDO CARMONA PEÑA, remitiéndose al jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, las demandas de amparo promovida por los diversos quejosos. Así, ante el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, se radicó la demanda que se formó con motivo de los actos reclamados por JUAN LÓPEZ LÓPEZ; bajo el número de expediente 333/2018; sin embargo, se declaró incompetente por razón de turno, a través de resolución de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, declinando competencia a este juzgado. Por tal motivo, mediante auto de diecinueve de ese mismo mes y año, este juzgado asumió el conocimiento del asunto homologándose las actuaciones realizadas por aquél juzgado, radicándolo con el número de expediente 627/2018-V. TERCERO. Fecha de audiencia constitucional. Finalmente, se ordenó notificar a las partes la radicación del juicio en este tribunal y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que inicio en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado y puede tener ejecución el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. Así, los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten en la determinación por la que se impone al quejoso, al interior del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", una sanción de quince días de aislamiento. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, en virtud de que al rendir el informe justificado, así lo señalaron las autoridades responsables, por conducto del Director y Subdirector de Seguridad y Custodia, respectivamente, del Centro Estatal de reinserción Social "Morelos", como representante del Comité Técnico de dicho Centro, y el segundo como superior jerárquicos de las autoridades, Comandante de Seguridad y Custodia Delta Uno, Comandante de Seguridad y Custodia Delta Dos, y Supervisor de Seguridad. Por consiguiente, debe tenerse por cierta la determinación por la que se impuso al quejoso, JUAN LÓPEZ LÓPEZ, una sanción administrativa de quince días de aislamiento, impuesta por el Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", en sesión de veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Se corrobora con las constancias certificadas que remitió el Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", como Presidente del Comité Técnico, consistentes el acta relativa, a la que se otorga eficacia probatoria plena, en virtud de tratarse de un documento público al haber sido expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferencial, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar, de oficio, si se actualiza alguna. A juicio de quien resuelve, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.". El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos reclamados, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. Ahora, como puede advertirse, la parte inconforme acude a reclamar en esta instancia constitucional, la sanción administrativa de quince días de aislamiento, que le fuera impuesta en sesión del Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos". Sin embargo, contra la sanción combatida procede el medio de impugnación establecido en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispositivo legal que señala lo siguiente: "Artículo 48. Impugnación de resoluciones. Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio.". Del precepto legal transcrito se advierte que contra las resoluciones emitidas por el Comité Técnico del Centro Penitenciario procede el recurso de revisión, dejándose en suspenso la aplicación de la sanción impuesta con motivo de la interposición de dicho recurso, hasta en tanto el Juez de Ejecución resuelva en definitiva; de ahí que, en criterio del suscrito, previo a la promoción del juicio de amparo, debió agotarse dicho medio de impugnación. Lo anterior se estima así, ya que no existe alguna excepción al principio de definitividad, que conforme a la norma invocada, tenga aplicación en el presente asunto, atento a que la sanción combatida es una determinación dictada dentro de un procedimiento disciplinario realizado por las autoridades responsables, y dicho acto reclamado, en estricto sentido, no está directamente vinculado con los aspectos jurídicos básicos de la privación de la libertad del reo en el centro carcelario; de ahí que tal mandato de autoridad debe ser considerado jurídicamente como pronunciado en un procedimiento administrativo, en virtud de la autoridad que lo emite, seguido en forma de juicio y, por ende el quejoso debió observar el principio de definitividad antes de promover el juicio de amparo, tal y como lo consagra la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. La anterior consideración encuentra sustento, en lo conducente, en la jurisprudencia 1a./J. 39/2016 (10 a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 861, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013063, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EN CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES EL GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, como la restricción de tránsito a los límites de la estancia del reo, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación Social, si bien es un acto restrictivo de la libertad personal, es una determinación dictada "dentro de procedimiento", toda vez que se emite como resultado del procedimiento administrativo disciplinario previsto en los artículos 82 y 83 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y los artículos 20, 22, 23, 24 y 25 del Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Centros Federales de Readaptación Social, procedimiento en el que se prevén las exigencias mínimas básicas del debido proceso, a efecto de respetar el derecho de audiencia y defensa al reo, previo a la emisión de la determinación que le impone el correctivo disciplinario. Por tanto, respecto de ese acto, la regla aplicable para juzgar la oportunidad en la promoción del juicio de amparo en su contra, es la genérica de quince días, prevista en el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se ubica en el supuesto de excepción establecido en la fracción IV de ese dispositivo para que la demanda se pueda presentar en cualquier tiempo, ya que éste se refiere exclusivamente a los actos que constituyan ataques a la libertad personal fuera de procedimiento." En la ejecutoria que originó la jurisprudencia invocada, se advierte que la Primera Sala del Máximo Tribunal del país determinó, que el acta o resolución que emite el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación o Reinserción Social, que impone correctivos disciplinarios a un interno ante la comisión de infracciones a las reglas que rigen el orden y disciplina del centro carcelario, constituye un acto emitido dentro del procedimiento disciplinario, porque emana de ese procedimiento administrativo disciplinario formalmente establecido en los ordenamientos reglamentarios que rigen la organización, operación y administración de los centros federales de reclusión, en la cual no tiene intervención el juez del proceso (en caso de que el interno sancionado se encuentre recluido por motivo de la medida de prisión preventiva) o el juez encargado de ejecución de la pena (en caso de que el reo compurgue una sentencia ejecutoria. Y aunque es cierto que la situación jurídica de privación de la libertad del interno en el centro carcelario deriva de la existencia del procedimiento penal (en su fase de juicio o de ejecución de sentencia), también lo es que, el procedimiento disciplinario referido, en estricto sentido, no está directamente vinculado con los aspectos jurídicos básicos de la privación de la libertad que da causa a la presencia del reo en el centro carcelario, pues se trata de un procedimiento autónomo al procedimiento penal, exclusivamente vinculado al mantenimiento del orden, disciplina y seguridad del centro de reclusión, lo cual atañe a las atribuciones de organización, operación y administración del centro de reclusión que conciernen al Ejecutivo, y cuyo conocimiento es reservado por la regulación aplicable, al órgano Consejo Técnico Interdisciplinario, no a la autoridad judicial; por lo que, ese procedimiento disciplinario, atento a su naturaleza y fines, corresponde al denominado "Derecho Administrativo Sancionador". De manera que el acta de correctivos disciplinarios constituye un acto dentro del procedimiento disciplinario, que formalmente cumple con las exigencias mínimas del debido proceso para ser considerado como tal, en el específico contexto de un reo, pues se trata de un procedimiento en el que se prevé en favor del interno, la garantía de audiencia y defensa, previo a la determinación que decide sobre la actualización de la infracción y la procedencia de la sanción, se prevé su notificación formal al reo, incluso, ante la propia autoridad administrativa, tiene cabida el planteamiento de una inconformidad, que debe ser resuelta por la autoridad designada en la norma (artículo 48 Ley Nacional de Ejecución Penal), antes de proceder, en su caso, a la ejecución de la sanción disciplinaria; por tanto, aunque en forma básica, no se trata de un proceso jurisdiccional, sin embargo reúne las condiciones para ser considerado formalmente un "procedimiento". Con apoyo a las consideraciones anteriores, este Juzgador estima que, debido a que la sanción de aislamiento temporal por quince días, reclamado por el quejoso en el presente juicio de amparo, constituye un acto emitido dentro del procedimiento administrativo sancionador a cargo de la autoridad carcelaria correspondiente y que previo a la aplicación de la sanción existe la posibilidad de impugnarla ante el Juez de Ejecución tal y como está establecido en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; ello tienen como consecuencia que previo a acudir al amparo debió agotar dicho recurso. En efecto, el quejoso tenía la obligación de agotar el mencionado medio ordinario de defensa, contra el acto reclamado en esta instancia constitucional previo a la interposición del juicio de garantías, ya que el acto señalado como reclamado podía ser modificado, revocado o nulificado, mediante controversia ante el Juez de Ejecución que resulte competente, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima así, habida cuenta que, para que se surta la citada causa de improcedencia, es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dicho acto mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para ello. Y en el caso específico, la sanción de aislamiento temporal por quince días, reclamado por el quejoso en el presente juicio de amparo, se imputa a autoridades penitenciarias; por lo cual, el acto de molestia proviene de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Además, el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que queda en suspenso la aplicación de la sanción impuesta con motivo de la interposición de dicho recurso, hasta en tanto el Juez de Ejecución lo resuelva en definitiva, lo que evidencia que con su interposición se suspenden los efectos de la medida disciplinaria, sin exigirse mayores requisitos, ni plazos que los que consigna la Ley de Amparo, tal y como se lee del propio artículo citado. Concluyendo que tampoco se estima que se actualice la última de las excepciones al principio de definitividad, atento al principio que establece la presunción de legalidad de los actos de autoridad, a más que al observar que dicha sanción fue impuesta por la autoridad competente para ello en términos de la Ley Nacional de Ejecución, ello conduce a estimar que no carecía de fundamentación al sí estar previsto en una ley exactamente aplicable su imposición; además de que no se alegan sólo violaciones directas a la constitución como se lee de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis III.2o.P.135 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada el viernes nueve de marzo de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2016370, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad". Por lo tanto, el quejoso se encuentra obligado a agotar los medios de impugnación de que se trata antes de acudir al juicio de garantías, pues no hay razón para pretender que no deba agotarse el expresado control judicial, cuya interposición priva de definitividad al acto reclamado, máxime que se trata de un acto que proviene de una autoridad formalmente administrativa, que no se sitúa en los casos de excepción al principio de definitividad. Consecuentemente, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se debe sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo a las restantes autoridades responsables al no impugnarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por JUAN LÓPEZ LÓPEZ, contra las autoridades y actos precisados en la parte considerativa de esta sentencia. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos, por conducto del Subdelegado de Prestaciones en el Estado de Morelos, no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado el seis de abril de dos mil dieciocho, no obstante de encontrarse debidamente notificado del mismo. En consecuencia, al haber transcurrido el término otorgado mediante autos de seis de abril de dos mil dieciocho, se hace efectivo el apercibimiento en el decretado, y con fundamento en la fracción I, del artículo 258 de la Ley de Amparo, se impone al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos, por conducto del Subdelegado de Prestaciones en el Estado de Morelos (José Guadalupe Hernández Salgado), una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida y Actualización, que equivale a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), conforme al artículo Segundo Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, con base a lo anterior el Instituto Nacional de Estadística y Geografía determina que el valor diario de una Unidad de Medida y Actualización es de $80.60 pesos mexicanos; por tanto, gírese oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1", para que dentro del término de tres días que será computado legalmente, informe las medidas adoptadas para el cobro de las multas, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis P./J. 58/2014 (10a.), Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 11, con número de registro 2007914, que a su rubro y letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos, por conducto del Subdelegado de Prestaciones en el Estado de Morelos, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "Dé cumplimiento en sus términos a la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil catorce, en el expediente 10823/13-17-01-8, del índice de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia, debiendo remitir la constancia que así lo acredite." (Lo subrayado es propio del juzgador.) En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Finalmente, se tiene por recibido el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, por medio del cual realiza diversas manifestaciones y solicita se requiera el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese para que obre como legalmente corresponda y dígase a la promovente que deberá estarse a lo acordado en líneas que anteceden. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el diez de abril de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SECJ/STB/477/2018, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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