Juan López García
Expediente 867/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 867/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan López García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
XII... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente asunto. ... el presente expediente es susceptible de destrucción. ... el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. ... el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, procederá este Juzgado Federal a la destrucción del mismo, en términos de lo establecido en el Acuerdo en comento.
- Principal
XII... Naucalpan de Juárez, Estado de México; siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que la autoridad responsable mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil veintidós, en el incidente de suspensión del que deriva el presente expediente, -el cual constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo-, informó que realizó el pago de la pensión por jubilación y demás prestaciones reclamadas en el presente asunto, lo que se constata con el comprobante de pago escaneado. Por lo que, de las documentales que allegó la responsable, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, dicha figura prevé dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto ocurre cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Mientras que el segundo, se actualiza al sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su insubsistencia, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Situación que se actualiza en este amparo, ya que la lesión de la que estaba siendo objeto, ha dejado de existir, pues de las constancias aludidas, (las cuales tienen pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles se desprende que la omisión del pago de pensión por jubilación de las que se dolía el quejoso, ha sido cumplida; toda vez que el treinta de septiembre de dos mil veintidós, se realizó el pago a la parte quejosa de la pensión por jubilación correspondiente a la segunda quincena de septiembre de dos mi veintidós, en la que se advierte la aplicación de las tasas de porcentaje por la cuota por servicios de salud. En ese tenor, se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado, pues al haberse realizado el pago completo de la pensión por jubilación y demás prestaciones a que tiene derecho la parte quejosa, se ha dejado de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, por ello, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Como consecuencia de dicha determinación, quien resuelve se encuentra impedido para analizar los conceptos de violación y, por ende, el fondo de la litis constitucional planteada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Finalmente, visto el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por el que manifiesta que la autoridad responsable ha pagado la pensión por jubilación, dígase que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden.
- Principal
XII... Agréguese el oficio de la autoridad responsable Subdirección de lo Contencioso Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género del Instituto de Seguridad Social de México y Municipios, por medio del cual da cumplimiento a lo solicitado en autos e informa que no cuenta con más actuaciones, por las razones que expone. Con lo anterior se tiene satisfecho el requerimiento.
- Principal
XII... Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, fue omiso en remitir las constancias de donde deriva el acto reclamado, no obstante de encontrarse notificada como se advierte de las constancias que obran en autos. En consecuencia, ... requiérase a la citada autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído remita copia certificada de las constancias señaladas en el párrafo que antecede o, manifieste la imposibilidad jurídica que tengan para dar cumplimiento a lo anterior; ello a fin de contar con mayores elementos al momento de resolver en definitiva el presente sumario. Hágase del conocimiento a la autoridad responsable que para el caso de ser omisa a la presente determinación o bien de no informar la imposibilidad que tenga para ello en el plazo concedido, podrá hacerse acreedora a una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto por los artículos 237, 238 y 260, fracción II, de la legislación de la materia, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. Por ende, a fin de dar margen a lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
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