Juan Longoria Martinez
Expediente 1514/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1514/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Longoria Martinez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de documento Téngase por recibido el escrito aclaratorio de cuenta, signado por el quejoso Juan Longoria Martínez, a través del cual se le tiene dando cumplimiento a la prevención realizada en autos. Antecedentes De la lectura íntegra de la demanda constitucional, se advierte que la parte quejosa reclama, en esencia, del Juez Cuarto Mercantil de esta ciudad: La resolución interlocutoria de tres de octubre pasado, por la que se resuelve el incidente de liquidación de intereses dentro del juicio ejecutivo mercantil 807/2021. Es importante destacar los antecedentes que bajo protesta decir verdad relató la parte quejosa y, que son los que a continuación se sintetizan: 1. Que el seis de septiembre de dos mil veintiuno, Rosa Bechara Arriola demandó en la vía ejecutiva mercantil al aquí quejoso Juan Longoria Martínez; expediente al que le correspondió el registro 807/2021 del índice del Juzgado Cuarto Mercantil de esta ciudad. 2. Que el doce de agosto de dos mil veintidós se dictó sentencia, condenando a la parte demanda al pago de $610,000.00 (seiscientos diez mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de suerte principal y otras prestaciones, la cual causó ejecutoria el treinta de agosto siguiente. 3. Así, con fecha nueve de septiembre del mismo año, se tuvo al aquí quejoso presentando una demanda de amparo directo en contra de la citada sentencia definitiva, la cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito bajo el consecutivo 646/2022. Demanda que fue admitida, concediendo la autoridad responsable la suspensión del acto reclamado, con el único efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encuentran, tendiente a la ejecución de la sentencia, fijando una fianza para tal efecto. 4. El citado Tribunal Colegiado resolvió los autos del amparo directo, dictando la sentencia correspondiente el diecisiete de agosto del año en curso, negando el amparo y protección de la justicia federal. 5. Ante tal circunstancia, el quejoso interpuso recurso de revisión el dieciocho de septiembre siguiente, para lo cual se remitió dicho medio de impugnación vía MINTERSCJN a efecto de que el Alto Tribunal se pronunciara al respecto, sin que a la fecha de presentación de la demanda, existiera pronunciamiento sobre la admisión o no de ese recurso. 6. No obstante lo anterior, el catorce de septiembre del año en curso, la parte actora en el juicio de origen, promovió un incidente de liquidación de sentencia, por lo que la autoridad responsable el veintisiete de septiembre siguiente, citó para resolver el citado incidente, el cual fue resuelto mediante interlocutoria de tres de octubre del año actual, motivo por el que se requirió a la parte demandada para el pago de las cantidades condenadas, con el apercibimiento de que no dar cumplimiento, se procedería la ejecución forzosa. Esta determinación es la que constituye el acto reclamado. Además, en el ocurso aclaratorio, se precisa que la parte demandada, no consignó la cantidad que se fijó como fianza para la efectividad de la medida cautelar otorgada al tramitarse el amparo directo. Desechamiento Con base en lo antes expuesto, en concepto de esta juzgadora, en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con relación con los numerales 206 a 209 del propio ordenamiento, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. Artículo 207. El incidente se promoverá ante la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante la presidenta o el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo. Artículo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes: I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas; II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución. Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley. [.]" El segundo de los artículos citados, establece que procede el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva. Luego, en el caso, queda visto que si bien el acto reclamado lo constituye una resolución interlocutoria dictada en ejecución de la sentencia de origen, no menos cierto es que se emitió en el propio expediente, una determinación que concedió la suspensión en contra del citado fallo definitivo. Asimismo, atento al contenido de la demanda, se tiene que, fundamentalmente, el quejoso se duele de la interlocutoria reclamada por el hecho de que, considera, el procedimiento de ejecución se encontraba suspendido en virtud de la medida cautelar decretada con motivo de la interposición del juicio de amparo directo promovido contra la sentencia definitiva. Destacando que, desde su punto de vista, la medida cautelar conservativa se encuentra vigente, pues en el caso, no existe determinación alguna que haya determinado que la suspensión dejaba de surtir sus efectos. Consecuentemente, si del artículo 206 de la Ley de Amparo se advierte que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión procede contra las autoridades responsables, cuando cualquier persona resulte afectada por el incumplimiento de la medida, por considerar que existe exceso o defecto en su ejecución, dicho medio de defensa es procedente ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, tratándose de la suspensión tramitada en amparo directo, al así disponerlo expresamente el ordinal 207 antes citado. En tal virtud, el juicio de amparo indirecto, como el que se intenta, es improcedente cuando se reclaman actos relacionados con el cumplimiento a la medida cautelar concedida en el trámite del amparo directo y, en el caso de que la autoridad responsable se exceda (va más allá de lo ordenado), o bien, incurra en defecto de cumplimiento (al no realizar todas las conductas impuestas en el acuerdo o interlocutoria en cuestión, es decir, cumple parcialmente), podría tener como consecuencia, requerirla para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la propia Ley de Amparo. De ahí que, si la responsable consideró conceder la suspensión para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encuentran, tendientes a la ejecución de la sentencia, hasta en tanto se decida en definitiva el fondo del asunto; es claro que el pronunciamiento hecho por el juez responsable respecto al incidente de liquidación de intereses, debe ser analizado a través del medio de defensa que el sistema de impugnación previsto en la Ley de Amparo contempla. Pues dicha circunstancia, redunda en el acatamiento o no de la suspensión otorgada a favor del quejoso, lo cual torna improcedente su reclamo en este juicio, dejando expeditos sus derechos para que los haga valer en la forma y ante la autoridad que corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6o. T.18 K (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, materia común, publicada en el Libro 47, página 2606 del Tomo IV, Octubre de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS U OMISIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZADOS EN EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE AQUÉLLA, PROCEDE EL INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN SU CUMPLIMIENTO Y NO EL AMPARO INDIRECTO. Del artículo 206 de la Ley de Amparo se advierte que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión procede contra las autoridades responsables, cuando cualquier persona resulte afectada por el incumplimiento de la medida, por considerar que existe exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. En tal virtud, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando al pretender dar cumplimiento a la medida cautelar, la autoridad responsable se excede (va más allá de lo ordenado), o bien, incurre en defecto de cumplimiento (no realiza todas las conductas impuestas en el acuerdo o interlocutoria en cuestión, es decir, cumple parcialmente), toda vez que el numeral citado prevé expresamente el medio de defensa consistente en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, por medio del cual pueden impugnarse los actos que las autoridades realicen excesiva o defectuosamente en el cumplimiento de aquélla, concediendo facultades al órgano de amparo para que, frente a la interposición del incidente relativo, puedan requerirlas para que en el plazo de 24 horas cumplan con la medida cautelar, que rectifiquen los errores en que hubiesen incurrido o, en su caso, que subsanen las deficiencias." Asimismo, respecto a la procedencia del incidente de exceso o defecto a que se ha hecho referencia, se cita la tesis asilada sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, I.12o.C.81 C (10a.), con registro digital 2019437: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. NO SE JUSTIFICA EL DEFECTO EN SU CUMPLIMIENTO CON LA APLICACIÓN DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1394 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PUES NO FACULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA DESACATAR ESA MEDIDA CAUTELAR, YA QUE DEBEN PREVALECER LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y DE LA LEY DE LA MATERIA, SOBRE LAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO. La Ley de Amparo es reglamentaria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto del juicio de amparo. Éste es un juicio de control constitucional que vela por el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales y protege a los gobernados de la arbitrariedad de los actos de autoridad emitidos en ejercicio de sus funciones. Dentro de esta institución se encuentra la suspensión, cuya finalidad es evitar que la ejecución de los actos de autoridad deje sin materia el juicio principal, así como la lesión grave de los derechos fundamentales o la actualización de daños de difícil reparación. Así, se adelantan los beneficios que se pudieran obtener con una sentencia de fondo, de manera que es de entidad superior a la norma ordinaria que rige el procedimiento de origen de los actos reclamados y que han sido materia de la suspensión, pues su decreto ocasiona que éstos queden sustraídos de la jurisdicción de la autoridad responsable. Ahora bien, del sentido literal y en atención a la finalidad de las normas contenidas en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 190 y 191 de la Ley de Amparo, se obtiene que tratándose de sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio en las materias civil y mercantil, reclamadas en amparo directo, la medida cautelar debe otorgarse a fin de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran hasta en tanto éste se resuelve en definitiva. Esto es, la suspensión tiene el efecto de paralizar la continuación del procedimiento de ejecución y vincula a las autoridades responsables a que acaten los efectos precisos de la medida cautelar que rige de manera absoluta en relación con el acto reclamado y sus posibles consecuencias directas e inmediatas. Por otra parte, si bien el artículo 1394, último párrafo, del Código de Comercio establece que el Juez en ningún caso suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver, cuando se trate de cuestiones relativas al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de gastos de administración y demás medidas urgentes relativas a estos actos, dicha disposición no justifica el defecto en el cumplimiento a la suspensión decretada en un juicio de amparo directo. De lo anterior se concluye que el último párrafo del artículo 1394 citado, no faculta a la autoridad responsable para desacatar una medida cautelar de amparo, pues deben prevalecer las disposiciones constitucionales y de la Ley de Amparo que establecen la suspensión de los actos reclamados como una institución procesal fundamental del juicio de amparo, sobre el Código de Comercio que sólo rige para la tramitación del juicio ordinario o ejecutivo mercantil y no puede tener aplicación respecto de la tramitación del juicio de amparo de base constitucional.". Sin que obste que la parte quejosa refiera que no se notificó debidamente el proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, a través del cual se le requirió por el cumplimiento voluntario de la sentencia; puesto que, dicha circunstancia no varía el sentido de la presente determinación, al destacarse que el acto reclamado consiste en la interlocutoria dictada en la etapa de ejecución, por el hecho de encontrarse vigente la suspensión ya referida. Por lo que, se insiste que la materia de impugnación que se eleva a través de esta demanda de amparo, no puede ser analizada en esta vía, ya que de hacerlo, se distorsionaría el sistema de medios de impugnación previsto en la Ley de Amparo. Decisión En este orden de ideas, ya que quedó patentizada la improcedencia del juicio constitucional, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de documento Téngase por recibido y agréguese a estos autos el informe justificado en relación a la ampliación de la demanda rendido por el Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la Secretaria de Educación Pública, en representación de la Titular de la Secretaría de Educación Pública, ésta a su vez en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Contenido del informe justificado en relación a la ampliación de la demanda Visto el informe de mérito, se advierte que la mencionada autoridad responsable manifestó que son ciertos los actos que la parte quejosa señaló en su escrito de demanda. Domicilio y delegados Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Medios electrónicos De igual forma, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Vista Con su contenido, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Notifíquese.
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