Juan Lindero Torres
Expediente 1068/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1068/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/12/2016
Partes del expediente
- Juan Lindero Torres
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución a el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Querétaro, procedimiento de queja administrativa **, de su índice, consistente en un tomo, así como el oficio **y un citatorio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Se agrega a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual allega un oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura, del Presidente y de las Salas del Tribunal Superior de Justicia en Materia de Amparo, al que adjunta una constancia de emplazamiento por publicación en lista; por tanto, tan solo agréguese dicha constancia sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante proveído de dos de diciembre de dos mil dieciséis, se desechó la demanda. Cúmplase.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dos de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, a través del cual informa que mediante auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, esa alzada, declinó competencia para conocer de la demanda de amparo interpuesta por ***, por su propio derecho, a favor del Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro en Turno. En razón a lo anterior, remite el original del escrito de la demanda de amparo y anexos promovida por ***, por su propio derecho, así como el procedimiento de queja administrativa ***, del índice del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Querétaro, en un tomo, así como el oficio *** y un citatorio de amparo. En consecuencia, se acepta la competencia declinada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, acúsese el recibo de estilo a esa superioridad. Ahora bien, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo, la cual se provee de la siguiente manera: Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos la demanda de amparo signada por ***, por su propio derecho, contra actos del: 1. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Querétaro. ANOTACIONES Se forma el expediente correspondiente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1068/2016-III-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular se considera que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en: La sentencia dictada en fecha 06 seis de octubre de 2016 dos mil dieciséis, por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Querétaro, dentro de la Queja Administrativa ***. La causal de improcedencia que se actualizan es la prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en relación con los artículos 5, fracción I, del ordenamiento citado, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; . Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La causa de improcedencia en estudio, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley. En el presente asunto, el promovente de la demanda de amparo, se duele de la sentencia de seis de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Querétaro, dentro de la Queja Administrativa ***. En ese contexto, conviene precisar que la parte agraviada promovió una queja administrativa contra una actuaria interina del Juzgado Menor Mixto de Pedro Escobedo, Querétaro, misma que fue declara improcedente, como se advierte de dicha resolución. Expuesto lo anterior, se reitera que la parte quejosa carece de legitimación para promover el presente sumario constitucional, pues aun cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, contempla en su artículo 130, fracción IV, que cualquier persona afectada por actos u omisiones de autoridad, puede promover la queja respectiva, lo cierto es que la norma jurídica objetiva no estableció a favor de los particulares alguna facultad o potestad de exigir a la autoridad determinada conducta, correlativa a una obligación de que ésta la realice o acceda a sus pretensiones. En estas condiciones, el denunciante o promovente de una queja administrativa no tiene interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo la resolución favorable al servidor público, que declara improcedente la queja, dado que el régimen de responsabilidades de los servidores no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate. Es aplicable al caso que nos ocupa, la contradicción de tesis 139/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 9 de diciembre de 2005, Novena época, que a la letra establece: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo promovida por Juan Lindero Torres. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a las quejosas señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en domicilio en *** por así solicitarlo expresamente, asimismo, se tiene en dichos términos a ***, por no estar registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito Asimismo, se tiene por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a ***, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado, pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Santiago de Querétaro, Querétaro, dos de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, a través del cual informa que mediante auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, esa alzada, declinó competencia para conocer de la demanda de amparo interpuesta por ***, por su propio derecho, a favor del Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro en Turno. En razón a lo anterior, remite el original del escrito de la demanda de amparo y anexos promovida por ***, por su propio derecho, así como el procedimiento de queja administrativa ***, del índice del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Querétaro, en un tomo, así como el oficio *** y un citatorio de amparo. En consecuencia, se acepta la competencia declinada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, acúsese el recibo de estilo a esa superioridad. Ahora bien, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo, la cual se provee de la siguiente manera: Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos la demanda de amparo signada por ***, por su propio derecho, contra actos del: 1. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Querétaro. ANOTACIONES Se forma el expediente correspondiente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1068/2016-III-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular se considera que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en: La sentencia dictada en fecha 06 seis de octubre de 2016 dos mil dieciséis, por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Querétaro, dentro de la Queja Administrativa ***. La causal de improcedencia que se actualizan es la prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en relación con los artículos 5, fracción I, del ordenamiento citado, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; . Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La causa de improcedencia en estudio, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley. En el presente asunto, el promovente de la demanda de amparo, se duele de la sentencia de seis de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Querétaro, dentro de la Queja Administrativa ***. En ese contexto, conviene precisar que la parte agraviada promovió una queja administrativa contra una actuaria interina del Juzgado Menor Mixto de Pedro Escobedo, Querétaro, misma que fue declara improcedente, como se advierte de dicha resolución. Expuesto lo anterior, se reitera que la parte quejosa carece de legitimación para promover el presente sumario constitucional, pues aun cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, contempla en su artículo 130, fracción IV, que cualquier persona afectada por actos u omisiones de autoridad, puede promover la queja respectiva, lo cierto es que la norma jurídica objetiva no estableció a favor de los particulares alguna facultad o potestad de exigir a la autoridad determinada conducta, correlativa a una obligación de que ésta la realice o acceda a sus pretensiones. En estas condiciones, el denunciante o promovente de una queja administrativa no tiene interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo la resolución favorable al servidor público, que declara improcedente la queja, dado que el régimen de responsabilidades de los servidores no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate. Es aplicable al caso que nos ocupa, la contradicción de tesis 139/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 9 de diciembre de 2005, Novena época, que a la letra establece: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo promovida por Juan Lindero Torres. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a las quejosas señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en domicilio en *** por así solicitarlo expresamente, asimismo, se tiene en dichos términos a ***, por no estar registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito Asimismo, se tiene por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a ***, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado, pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 9,674 expedientes
- Juan José Rivera Hernández y Otros.438/2016
- Juan José Sanchez Alvarez387/2017
- Juan José Sánchez Vargas232/2021
- Juan José Terrazas González1203/2018
- Juan José Terrazas González1538/2019
- Juan José Urquiza Soto179/2020
- Juan López Dorado1533/2019
- Juan Luis Cruz Moreno1171/2023
- Juan Luis Garza Cantú99/2017
- Juan Luis Iñiguez Hernández341/2021
- Juan Luis Narvaez Colín211/2023
- Juan Luis Ramírez Pérez69/2016