Juan Leonardo Teran Venzor y Otros.
Expediente 394/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 24 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Leonardo Teran Venzor
- Juan Leonardo Teran Venzor y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a las presentes actuaciones el oficio de cuenta, signado por la Fiscal Segunda adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia, contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite diversas constancias derivadas de la carpeta de investigación ********************, de su índice. En tales condiciones, es dable precisar que de la documental recibida se advierte una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable que hace innecesario continuar con la tramitación del juicio, por las consideraciones que a continuación se exponen. En primer término, debe indicarse de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y, de manera preferente las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, con registro 394770, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el entendido que cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto es notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de proseguir con la substanciación del juicio de amparo y llegar a celebrar la audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, toda vez que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no sería posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En el caso concreto, se estima actualizada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en su fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior" De acuerdo con los numerales antes transcritos deviene el sobreseimiento del juicio de garantías cuando apareciere claramente que hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en estudio, es necesaria la coincidencia de dos extremos; que: a) Se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de manera tal que el acto ya no agravie a la parte quejosa y disfrute del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución Federal, que a la letra dice: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija" El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; y en relación con ello es pertinente precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) por sustitución; y b) por revocación. El primer supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. El segundo caso actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. En el entendido de que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" Asimismo, la jurisprudencia número 415 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en estudio, es necesaria la coincidencia de dos extremos; que: a) Se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de manera tal que el acto ya no agravie a la parte quejosa y disfrute del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En ese contexto, es dable señalar que del análisis integral del escrito de demanda y documentos exhibidos, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado: La medida de protección impuesta por la Fiscal Segundo adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia, contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con sede en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación ********************, en la que se ordenó el resguardo y entrega del menor aquí quejoso a la Procuraduría de la Defensa del Menor. Ahora bien, de las constancias allegadas al oficio de cuenta se desprende que mediante oficio ******************** de veinticuatro de noviembre de los corrientes, la Fiscal Segunda adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia, contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con sede en esta ciudad, solicitó a la Procuradora Municipal de Protección de los Niñas, Niños y Adolescentes adscrita al DIF municipal, que dejara sin efecto la solicitud de albergar al menor identificado con clave numérica ********************, decretada en la carpeta de investigación ********************, a fin de realizar su entrega a su madre ******************** Así, mediante acta de entrega de veinticinco de noviembre de dos mil veintitrés, en cumplimiento a lo indicado por la representación social, la Procuradora Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF, con sedeen esta ciudad, entregó y reintegró al adolescente identificado con clave numérica ******************** Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO" Por tanto, si el acto que la parte quejosa reclamado se hizo consistir en la medida de protección emitida por la Fiscalía Segunda Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familiar, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas del Distrito Judicial de Tuxpan, Veracruz, dentro de la carpeta de investigación ********************, en la que se ordenó el resguardo y entrega del menor aquí quejoso a la Procuraduría de la Defensa del Menor; y, éste fue reintegrado y entregado a su madre de conformidad con lo descrito en líneas anteriores, es evidente que el acto reclamado cesó en sus efectos, por tal motivo, se ha constituido una situación jurídica que destruyó en forma definitiva la que dio motivo al amparo promovido, reponiéndose indudablemente al impetrante del amparo en el goce los derechos humanos reclamados, lo que implica que han cesado los efectos del acto reclamado. En tales condiciones, es evidente que el acto reclamado, se destruyó en forma total e incondicional; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CL/97, que a la letra dice: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juico de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Corrobora lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos diez del tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 196820 cuyo rubro es: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. En el entendido de que esa causa se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo, y de lo contrario se haría innecesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, la tesis 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, y de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con treinta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, comuníquese esta determinación a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Téngase por recibido el escrito firmado electrónicamente por ********************, asesor jurídico del menor de identidad reservada de iniciales ********************, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de diecisiete de noviembre pasado. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, córrase traslado a las partes y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, con copia del escrito de expresión de agravios y del presente proveído, asimismo dese vista a las partes para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que sean legalmente notificadas del presente proveído, atento a lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de Amparo, señalen las constancias que a su consideración deban remitirse a la Superioridad.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado de autos y de una revisión a las constancias que obran en el presente sumario, se advierte que la autoridad responsable Fiscal S***** informó que las medidas de protección impuestas en su determinación de treinta de mayo pasado, dictadas en la carpeta de investigación ******, han sido renovadas por una temporalidad de sesenta días, sin que haya remitido la o las determinaciones de las que se advierta tal circunstancia, las cuales resultan necesarias a efecto de estar en condiciones de resolver el presente asunto. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, mediante oficio que al efecto se gire, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia autentificada de las determinaciones dictadas en la carpeta de investigación ****, de la que se advierta la renovación de las medidas de protección decretadas para que el adolescente *** continúe en el resguardo, así como aquellas documentales en las que sustente dichas actuaciones. Lo anterior, con el apercibimiento que de hacer caso omiso al presente requerimiento en el plazo concedido para tal efecto, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase por recibido el escrito firmado electrónicamente por Miguel Ángel Guerrero Reyes, asesor jurídico del menor de identidad reservada de iniciales J.L.T.U., por medio del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de trece de noviembre del año en curso. En primer término, a efecto de proveer respecto de la ampliación de demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 111, de la Ley de Amparo establece: Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. Del numeral anterior se desprende que la estructura procesal de la ampliación, se funda en el artículo 17 Constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación. Esto es, la posibilidad de ampliar la demanda de amparo debe estar condicionada a la aparición de nuevos hechos que hayan sido desconocidos por el quejoso al momento de presentar su libelo inicial y se encuentren directamente relacionados con el ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia número 15/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas 12, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, correspondiente a la Novena Época, del tenor literal siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." En ese orden de ideas, es dable traer a colación que de una revisión a las constancias que obran en autos se advierte que el presente juicio de amparo indirecto fue promovido por Juan Leonardo Terán Venzor y Rebeca Urzúa Florencia por derecho propio, contra actos del Fiscal Segundo adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia, contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con sede en esta ciudad y otra autoridad; no obstante ello, toda vez que esta juzgadora observó que en el caso pudiera surgir algún conflicto de intereses respecto de un menor de edad, solicitó la designación de un representante especial a efecto de que imparcialmente defienda el interés del menor de edad de iniciales J.L.T.U., sin que a este se le hubiera dado el carácter de quejoso en el presente sumario. Por lo anterior, no es factible acordar de conformidad la ampliación de demanda formulada por el representante especial del menor en comento, pues como se indicó en líneas precedentes la demanda de amparo origen del presente asunto no fue presentada en su favor. No obstante lo anterior, en atención a su contenido téngase por formuladas las manifestaciones vertidas por dicho profesionista en vía de alegatos, los cuales serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 124, de la Ley de Amparo. En el entendido que esta juzgadora se encuentra obligada a asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones jurídicas, la jurisprudencia 1a./J. 191/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006 página 167, con número de registro digital: 175053, de rubro: MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Diferimiento constitucional. En mérito de lo aquí determinado y a efecto de no dejar en estado de indefensión a las partes, sumado a que el presente asunto no se encuentra totalmente integrado, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y en su lugar se señalan las diez horas con treinta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo.
- Principal
Téngase por recibido el escrito... asesor jurídico del menor de identidad reservada de iniciales J.L.T.U. mediante el pretende ampliar su demanda inicial por actos y conceptos de violación... a efecto de proveer respecto de la ampliación de demanda propuesta... se estima necesario prevenir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, y con copias suficientes de su escrito aclaratorio relativo, bajo protesta de decir verdad, de cumplimiento a lo siguiente: Aclare el acto por el que pretende ampliar la demanda origen del presente asunto y de los que hace derivar su ampliación por conceptos de violación; esto es; -La medida de protección emitida dentro de la carpeta de investigación TXP/DVI/FEMUJ/F2/320/2023 del índice del Fiscal Segundo adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia, contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas con sede en esta ciudad, que inició el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés; o bien, - La determinación que prorroga por sesenta días naturales la medida de protección, señalada en el párrafo que antecede... Se apercibe al promovente que, en caso de incumplir con lo requerido o que lo haga de manera extemporánea, de conformidad con el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la ampliación de demanda.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Del estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de cinco días que establece el artículo 98 en relación con el diverso 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interponga recurso de queja contra el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, donde se desecharon parcialmente las pruebas ofrecidas por la parte quejosa. En mérito de lo anterior, toda vez que el presente asunto no se encuentra integrado, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para este día; y en su lugar, se fijan las diez horas del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo.
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