Juan Leonardo Contreras
Expediente 476/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Juan Leonardo Contreras
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes. Así, en cumplimiento al acuerdo general conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor jurídico, ni relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción.
- Principal
En razón de no haber acudido la parte quejosa, a las instalaciones de este Juzgado, a efecto de notificarle personalmente el auto de veintinueve de abril del año en curso, no obstante el aviso dejado en su domicilio con anterioridad, se le notifica por lista de estrados el referido auto, que en lo conducente dice: Visto el escrito aclaratorio de demanda signado por ***, mediante el cual en cumplimiento al proveído de veinte de abril de dos mil veintiuno, manifiesta que el juicio laboral de origen se encuentra en la etapa de instrucción; por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento efectuado en autos. Ahora bien, del estudio integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa y Laura Campos, Actuaria adscrita a dicha Junta, con sede en esta ciudad: El emplazamiento realizado al aquí quejoso en el juicio laboral ***, del índice de la citada junta, y en consecuencia, la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En acatamiento a tal precepto legal, se advierte que respecto del acto reclamado de las autoridades responsables, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia que deriva de lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;...". La citada hipótesis normativa dispone que previo a la promoción del juicio constitucional la parte que se considere agraviada con actuaciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deberá agotar los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria le concede, con el propósito de que sean modificadas, revocadas o nulificadas. Como puede verse, la citada causal de improcedencia supone que antes de acudir a la vía constitucional extraordinaria, se agoten todas las posibilidades que la ley ordinaria concede a efecto de que la determinación o actuación judicial que genera afectación sea revocada, modificada o nulificada; salvo las excepciones expresamente delimitadas en la propia legislación. Por su parte, los artículos 752, 762, fracción I y 763 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo." "Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. Nulidad". "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Lo establecido en los párrafos anteriores no aplica en lo que se refiere al juicio individual ordinario previsto en el capítulo XVII del presente Título. Al promoverse un incidente, se señalarán los motivos de este y acompañarse las pruebas en que lo funde; de no cumplir con dichos requisitos, el tribunal lo desechará de plano. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes". De los dispositivos legales transcritos se aprecia que contra de las diligencias de notificación practicadas en el procedimiento laboral, es procedente el incidente de nulidad, que tiene como propósito precisamente nulificar la notificación que se estima ilegal. En ese contexto, el aquí quejoso estuvo en aptitud de promover dicho incidente de nulidad contra el emplazamiento que reclama, antes de acudir a impugnarlo en el juicio de amparo, ya que es el medio de impugnación que expresamente establece la legislación ordinaria aplicable, mediante el cual puede ser nulificada esa actuación judicial; sobre todo cuando el inconforme es parte formal en el procedimiento de origen, pues como se aprecia de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expuso, es parte demandada en el juicio laboral ***, del índice de la Junta responsable; por lo que antes de acudir al juicio de amparo debió agotar ese medio de defensa ordinario, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional; por tanto, como no se satisfizo ese presupuesto procesal, es evidente que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia que se analiza. Cabe destacar que el acto reclamado en estudio, no encuadra en ninguna de las excepciones al principio de definitividad establecidas en la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso es parte en el juicio de origen y no tercero extraño, como se destacó; además, no se trata de una ley o de un acto de privación de libertad que lo exima de la obligación de agotar los recursos ordinarios antes de acudir en solicitud de amparo, por lo que estaba obligado a cumplir con el principio de definitividad aludido; por tanto, debido a que el promovente no agotó el incidente de nulidad, debe considerarse que el principio de definitividad no quedó colmado, ya que, se insiste, se encontraba obligado a interponer los mecanismos de defensa que la ley confiere contra el acto que se reclama. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata.
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