Juan Leandro Mendoza Lee
Expediente 33/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 33/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/03/2023
Partes del expediente
- Juan Leandro Mendoza Lee
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso d), de la citada ley reglamentaria, en contra del auto emitido el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado estado. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo relativo a las autoridades responsables, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido del mismo afectara el acto que les fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes, lo que no acontece en la especie. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el escrito firmado por el quejoso ********************, por medio del cual solicita se decrete el sobreseimiento en el presente juicio, en virtud de que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que el día trece de febrero de dos mil veintitrés, firmó un convenio con el Segundo Síndico Municipal, como representante legal del R. Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, en el cual dicha autoridad se obligó a cumplir con el pago reclamado en la solicitud de la que emanó el acto reprochado en esta contienda, anexando copia certificada del citado convenio para justificar su dicho. Ahora bien, de dichas constancias certificadas se observa que el trece de febrero de dos mil veintitrés, el quejoso ******************** y ********************, en su carácter de Segundo Síndico del Ayuntamiento del municipio de Matamoros, Tamaulipas, celebraron un convenio en el cual la autoridad municipal se obligó a cumplir con el pago reclamado en la solicitud que la parte agraviada le presentara el diez de enero de dos mil veintitrés, situación señalada como acto reclamado en el presente asunto; en ese sentido, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de amparo se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente al acto reclamado por la parte quejosa, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de ley de la materia, que a la letra dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Dicha causal de improcedencia cobra vida jurídica, cuando el acto reclamado dentro de un juicio constitucional como el que nos ocupa, ya no pueda surtir efecto legal o materia alguna, por la simple razón de haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, que a diferencia de la causa de improcedencia prevista por el artículo 62, fracción XXI, de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cesación de los efectos del actos reclamados), no requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la causal que se analizará, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. En el caso, lo que se reclama a través del juicio constitucional que nos ocupa es la omisión por parte del Presidente y Tesorero Municipal del R. Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, de dar contestación al escrito que el agraviado les presentara el diez de enero de dos mil veintitrés, en el que solicitó se le informara la fecha en que se le realizaría el pago de la cantidad de $912,101.88 (novecientos doce mil ciento un pesos 88/100 moneda nacional), con motivo de la condena emitida en el laudo dictado dentro del expediente 106/M/2020, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios. Empero, como ya se vio, el trece de febrero de dos mil veintitrés, el quejoso ******************** y ********************, en su carácter de Segundo Síndico del Ayuntamiento del municipio de Matamoros, Tamaulipas, celebraron un convenio en el cual la autoridad municipal se obligó a cumplir con el pago reclamado en la solicitud que la parte agraviada le presentara el diez de enero de dos mil veintitrés, situación señalada como acto reclamado en el presente asunto. Por ende, aún y cuando subsiste el acto reclamado, lo cierto es que el mismo ya no surte efectos legales o materiales alguno en la persona del directamente agraviado ********************, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, resultando inconcuso analizar si los mismos son inconstitucionales, porque jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria si, en el caso, se tiene constancia de que el directamente quejoso y la autoridad responsable celebraron un convenio en el cual la autoridad municipal se obligó a cumplir con el pago reclamado en la solicitud que la parte agraviada le presentara el diez de enero de dos mil veintitrés, situación señalada como acto reclamado en el presente asunto; de ahí que aún y cuando subsiste la determinación reclamada, sus efectos ya no irrogan perjuicio al quejoso. Luego entonces, se sostiene que concurre en el presente caso, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y siendo esto así, con apoyo en el numeral 63, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de garantías, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo: XXIV, Diciembre de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, en virtud de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional que se encuentra programada para las diez horas con dieciocho minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo suscrita por Juan Leandro Mendoza Lee, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de esta ciudad, y de otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno que para ese efecto se lleva en este juzgado, con el número 33/2023-I. Por otro lado, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al no advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de derechos fundamentales. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dese la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal. Sin que se tramite incidente de suspensión en atención a que del contenido del escrito de demanda de cuenta no se advierte el capítulo correspondiente para ello, aunado a que el acto reclamado no se encuentra en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, ambos de la Ley de Amparo. En términos del artículo 117 de la legislación en cita, pídanse los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlos dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras, en forma individual, a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Para lo cual, se deja a su disposición el correo electrónico de este Juzgado de Distrito 1jdo19ctoAJ@correo.cjf.gob.mx. Asimismo, requiérase a la parte agraviada y a las autoridades responsables, para que informen oportunamente a este tribunal, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá, en forma individual, una multa por la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos, moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con dieciocho minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda; como autorizados en los términos que cita, a los licenciados en derecho Carlos Enrique Hernández Villarreal, Benigno Elías Márquez Prieto y José de Jesús Hernández Palmillas; y, por lo que hace al profesionista Edgar Mondragón Monroy, se autoriza únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos hasta en tanto demuestre contar con cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho, lo anterior, en virtud de que no se encontró registrado en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Además, conforme a lo establecido en el artículo 3, párrafo quinto de la legislación de la materia; en términos de los numerales 5, 6, 12 y 15 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan los servicios tecnológicos relativos a las tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal; como lo pide el promovente se autoriza al profesionista que menciona con nombre de usuario HEVC87, para que tenga acceso al expediente electrónico de este juicio, asimismo, para que se le notifique por ese medio electrónico. Asimismo, téngasele mencionando como medios de contacto el correo electrónico y número telefónico que indica. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
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