Juan Laura Herebia Ruiz

Expediente 266/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
266/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Juan Laura Herebia Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, y el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de octubre del presente año, se tuvo a las autoridades responsables, remitiendo constancia en la que se tuvo por desahogada la etapa de pruebas dentro del sumario laboral, ordenándose turnar los autos al auxiliar para el cierre de instrucción y emisión del proyecto de laudo; asimismo, en proveído de veintisiete de octubre del año en curso, se dio vista a las partes con el oficio 1468/2022, a través del cual las autoridades responsables Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por conducto del encargado del despacho de la presidencia, y actuario adscrito, informaron sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Ahora bien, la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, tiene como trascendencia jurídica que la junta responsable, realice lo siguiente: "De inmediato turne el asunto a fin de que se declare cerrada la instrucción, se formule el proyecto de laudo y se emita laudo dentro del juicio laboral ********************acatando los citados términos legales y proceda a su notificación." Bajo los lineamientos de la sentencia ejecutoriada de amparo, la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidente, informó a este órgano jurisdiccional el cumplimiento a la misma, y al efecto, remitió las actuaciones correspondientes para comprobar su dicho. De las actuaciones con firmas autógrafas a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, a la que se otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el tres de agosto de dos mil veintiuno y el veinticinco de octubre del presente año, respectivamente, la autoridad responsable ordenó turnar los autos al auxiliar para el cierre de instrucción y dictó el laudo dentro del juicio laboral ********************. Por lo antes expuesto, es claro que la responsable de mérito ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, pues respetó el derecho fundamental de que se trata y cumplió con lo que el mismo exige, sin excesos ni defectos. Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se concedió el amparo; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y notifíquese a las partes en el juicio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Julio César Cruz García, Secretario quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1468/2022 y constancia que acompaña, signado por la autoridad responsable, Junta Especial Número Cuatro de la Local de conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto del encargado del despacho de la presidencia, por medio del cual remite copia certificada del laudo emitido el veinticinco de octubre del presente año, dentro del expediente laboral 166/4/2021; en tal virtud, tomando en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes el oficio y anexo de mérito por el plazo de tres días, computado a partir del siguiente al, en que surta efectos legales la notificación del presente auto, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no desahogar la vista otorgada, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el particular. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Julio César Cruz García, Secretario quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 1414/2022 y constancia que acompaña, signado por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por sí y en representación de la referida junta, por el cual adjunta documental certificada de la continuación de la etapa de pruebas de tres de agosto del presente año, en la que se tuvo por desahogada la misma, turnándose el expediente al auxiliar para el cierre de instrucción y emisión del proyecto; asimismo, solicita la concesión de una prórroga para dar cumplimiento al fallo constitucional. Ahora, en ejercicio de la atribución prevista por el cuarto párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, que faculta a los órganos jurisdiccionales de amparo para ampliar el plazo de cumplimiento conforme a las circunstancias propias que cada asunto exija, además tomando en consideración lo expuesto por la autoridad oficiante en su comunicado de cuenta; se estima que debe ampliarse el término a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tal virtud, se requiere a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, para que en el término de TRES DÍAS hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente auto, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo; esto es, se declare cerrada la instrucción, formule proyecto y emita el laudo correspondiente en el juicio laboral 166/4/2021, de su estadística; debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. Cabe aclarar que no se consideró otorgar una prórroga por un plazo mayor, toda vez que en proveído de veintinueve de agosto del presente año, se declaró ejecutoriada la sentencia constitucional, y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/7 (10a.), Décima Época, visible en la página 2892, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." No obstante lo anterior, se apercibe a dicha junta por conducto de su Presidente, que en caso de no cumplir en el plazo otorgado, se considerará retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, y se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el citado numeral 192 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Sin que sea el caso requerir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a diversa autoridad, toda vez que la junta responsable no tiene superior jerárquico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J36/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, libro IV, enero de 2012, Tomo IV, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Lo anterior, con el objeto de que este órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento con relación al cumplimiento o no de la ejecutoria de amparo, previa vista que con tales constancias se dé a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 1298/2022, signado por la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, por el cual solicita la concesión de una prórroga para dar cumplimiento al fallo constitucional. Ahora, en ejercicio de la atribución prevista por el cuarto párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, que faculta a los órganos jurisdiccionales de amparo para ampliar el plazo de cumplimiento conforme a las circunstancias propias que cada asunto exija, además tomando en consideración lo expuesto por la autoridad oficiante en su comunicado de cuenta; se estima que debe ampliarse el término a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tal virtud, se requiere a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, para que en el término de TRES DÍAS hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente auto, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo; esto es, turne el asunto para que se declare cerrada la instrucción, formule proyecto y emita el laudo correspondiente en el juicio laboral 166/4/2021, de su estadística; debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. Cabe aclarar que no se consideró otorgar una prórroga por un plazo mayor, toda vez que en proveído de veintinueve de agosto del presente año, se declaró ejecutoriada la sentencia constitucional, y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo Lo anterior, con el objeto de que este órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento con relación al cumplimiento o no de la ejecutoria de amparo, previa vista que con tales constancias se dé a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga.

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