Juan Lara Domíguez
Expediente 889/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 889/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Lara Domíguez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días, para interponer recurso de queja, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes.-Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido., relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se provee lo siguiente:-Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de cinco años, contado a partir de la emisión de este proveído.- Este asunto no se considera de relevancia documental.- Transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Finalmente, en autos se advierte que obran unas documentales exhibidas por la parte quejosa; requiérasele para que en el término de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documentación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, correrá la misma suerte del expediente en que se actúa.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Juan Lara Domínguez, a través del cual en atención a la prevención formulada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, bajo protesta de decir verdad manifiesta que señala como actos reclamados: La diligencia de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, en la cual se embargó el inmueble del quejoso. La certificación levantada por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto Civil de Partido de esta ciudad, el nueve de octubre de dos mil dieciocho, en la cual hizo constar que no se llevó a cabo la prueba confesional a cargo de Juan Lara Domínguez, en virtud de que no se encuentra debidamente citado el absolvente. El auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Quinto Civil de Partido de esta ciudad, en el incidente de ejecución de convenio derivado del juicio sumario civil C482/2012, en el cual tiene recibido un escrito signado por Sergio Bustos García, en el cual entre otras cuestiones, se acuerda: "no ha lugar a atender su petición, debiendo estarse a la certificación que obra a foja 1282, en que se asienta que el absolvente no fue debidamente citado a la confesional a su cargo, de lo cual se da vista al oferente a fin de que manifieste si es su deseo se señale nueva fecha para la confesional a cargo de la parte demandada Juan Lara Domínguez; además, en el acuerdo se tuvo exhibido el certificado de gravámenes del inmueble embargado." Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso particular, como se precisó en párrafos anteriores, el solicitante de amparo reclama actos derivados de un incidente de ejecución de convenio, en específico el procedimiento de remate, respecto del inmueble ubicado en calle Grutas, número 125, fraccionamiento San Antonio, la certificación en la cual se asentó el motivo por el que no se llevó a cabo la prueba testimonial y el proveído de diecisiete de octubre del actual, el juez responsable tuvo recibido un escrito de la parte actora, en el cual determinó que no había lugar a atender su petición, por lo que debía estarse a la certificación que obra a foja 1282 (certificación de nueve de los actuales), y además tiene recibido el certificado de gravámenes del inmueble embargado. Respecto de ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, del mismo ordenamiento; bajo ese contexto, resulta improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que como se advierte, el juicio en el que se dictaron los actos reclamados se encuentra en etapa de remate y, por ello, la procedencia del amparo se encuentra reservada a la última determinación que se dicte en la etapa de que se trata, entendiéndose ésta como aquella en la que se ordena la escrituración o entrega del inmueble rematado. Por ende, si en las determinaciones reclamadas, no se advierte que se haya colmado alguno de los supuestos precisados en los párrafos anteriores, la procedencia de la presente instancia constitucional aún no se colma. También debe precisarse que para la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los actos dictados en el periodo de ejecución de sentencia, sólo puede instarse a ella en dos casos, cuando el promovente se ostenta como tercero extraño a juicio, esto es, cuando argumenta que no ha sido oído ni vencido en el asunto por el cual solicita la protección constitucional, o cuando, se trate de la última resolución dictada dentro del referido procedimiento de ejecución de sentencia -remate-, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracciones IV, párrafos segundo y tercero, y VI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, por tanto, debe actualizarse alguna de estas hipótesis para que pueda procederse a la vía del amparo biinstancial, situación que en el presente asunto, como se dejó dicho, no acontece, toda vez que el promovente figura como demandado en el procedimiento civil y aún no se ha ordenado la escrituración ni la entrega del inmueble a favor del adjudicatario. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Juan Lara Domínguez.
- Principal
Agréguese la razón actuarial, en la que se observa la imposibilidad de notificar al quejoso, el proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, por el motivo ahí asentado.-En ese sentido, se ordena notificar las subsecuentes notificaciones personales, por medio de la lista de acuerdos que se publique en los estrados de este juzgado, en tanto el solicitante del amparo proporcione un nuevo domicilio procesal para tal efecto.-Sin que se emita mayor pronunciamiento sobre la notificación del acuerdo de veinticuatro de octubre del año en curso, ya que en la razón actuarial se aprecia que se realizó por lista de acuerdos publicada el veintinueve del mes y año en curso.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO, se notifica al quejoso el auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el presente asunto, que en síntesis dice: previo a proveer sobre su admisión o desechamiento, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 114, fracciones I, II y IV así como en el 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 1.- Precise si únicamente reclama el proveído de nueve de los actuales o también reclama la diligencia de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho y el auto de diecisiete de octubre del actual. Pues en el capítulo de conceptos de violación aduce que esa diligencia y el auto de diecisiete de los actuales también le afectan. 2.- Precise que se proveyó el nueve y diecisiete de octubre del año en curso, así como qué se le notificó en la diligencia de veinticuatro de agosto de la presente anualidad. Es así, pues dicha es información necesaria para proveer lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. Se apercibe al promovente de que de no cumplir con esta prevención dentro del plazo indicado, se tendrá no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. En el entendido que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá exhibir cinco copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, las que se distribuirán de la siguiente forma: una para la autoridad responsable, una para la parte tercera interesada, una para la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos para formar los cuadernillos de suspensión. Se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información
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