Juan Landaburu Calderón
Expediente 1264/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1264/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/10/2019
Partes del expediente
- Juan Landaburu Calderón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, en razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Se ordena depurar el cuaderno original del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido y negado la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Se ordena depurar el cuaderno original del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido y negado la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de octubre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, de San Cristóbal de las Casas Chiapas, mediante el cual remite copia certificada de la causa penal ***, de su índice. Documentales a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Por otra parte, del estado de autos se desprende que, la parte quejosa***, reclama, esencialmente, de la autoridad responsable, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la ordenadora reclamo: A) EL la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ordenada mediante audiencia inicial de fecha 17 de Septiembre del 2019, en la Causa Penal ***, por el LIC. JUAN GABRIEL GRAJALES PASCACIO, JUEZ del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal-Bochil. mismo que se dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA, en contra de la C. *** sin el debido fundamento ni la debida motivación, fuera de todo orden legal y constitucional, sin contar con suficientes datos de prueba suficientes, idóneos ni pertinentes, con los que se estableciera un hecho que la ley señale como delito y la Probable participación de la suscrita en la comisión del delito de RESPONSABILIDAD MEDICA. B) VIOLACION AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE PRESUMIR MI INOCENCIA Y A TRATARME COMO TAL, consagrado en el artículo 20 Apartado B, Fracción I, de la Constitución, al momento en el que el Juez responsable Dicta e impone una la medida Cautelar de prisión preventiva Justificada, en la Causa penal ***, VIOLANDO LA PRESUNCION DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL, lo cual ha sido interpretado en la Primera Sala de lo Suprema Corte de Justicia de la nación, en la Jurisprudencia 1/J.24/2014 (10G) publicada en el semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de Abril del 2014, bajo el Rubro" PRESUNCION DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATOPROCESAL". C) Violación al artículo 19 Constitucional, al imponer medida de prisión preventiva Justificada, sin haber el Juez tener por justificado la detención, máxime que voluntariamente me presente a la audiencia Inicial de formulación de imputación y Solicitud de Vinculación a proceso, en la causa penal 88/2019, debido a que no establece la justificación de la detención ni de la medida cautelar.. D) LA VIOLACION Al DEBIDO PROCESO Y TUTELA EFECTIVA, consagrada en el Artículo 17 Constitucional, en que el LIC. JUAN GABRIEL GRAJALES PASCACIO, JUEZ del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal-Bochil, incurre al dictar la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA, en contra de la *** sin el debido fundamento ni la debida motivación, fuera de todo orden legal y constitucional, violando el PRINCIPIO ACUSATORIO E IMPARCIALIDAD. E) LA VIOLACION Al DEBIDO PROCESO, consagrada en el Artículo 16 Constitucional, debido a la ILEGALIDAD EN QUE INCURRIO el LIC. JUAN GABRIEL GRAJALES PASCACIO, JUEZ Del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal-Bochil, incurre al dictar la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA, en contra de la C. ***, sin el debido fundamento ni la debida motivación, violando las formalidades del mismo, fuera de todo orden legal y constitucional, violando el PRINCIPIO ACUSATORIO E IMPARCIALIDAD. F) VIOLACION DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA, al imponer la prisión preventiva Justificada el 17 de Septiembre del 2019, en la causa 88/2019, dictado en mi contra, ante: La Falta de acreditación e incorrecta apreciación de los datos aportados por la Fiscalía, para justificar la imposición de la medida cautelar, LA INCORRECTA E ILEGAL VALORACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBAS APORTADAS POR EL MINISTERIO PUBLICO al momento de dictar la medida cautelar DE PRISION PREVENTIVA JUSTIFICADA, debido a que le concedió valor a los datos de prueba aportados, y se aparto del análisis de lo argumentado por la fiscalía respecto al Debate de la Medida Cautelar, ya lo controargumentado por la defensa en la causa penal 88/2019. G) VIOLO CON LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISION PREVENTIVA JUSTIFICADA, MI DERECHO Y GARANTIA A LA SEGURIDAD JURÍDICA, debido a que mostro parcialidad a favor de la que se dice víctima, en su discurso argumentativo se aprecia claramente su inclinación, apartándose del debate entre las partes, y sobre todo, que no existe razón lógica ni jurídica, para la imposición de la medida cautelar, la parte acusada había solicitado la ampliación de término Constitucional precisamente para ofrecer medios de prueba y ante la imposición de la medida, de cierta manera ejerce presión al suscrito a poder renunciar al constitucional probatorio, debido a lá imposición de la medida durante ese término, no se respetaron los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica de la quejosa. H) VIOLA EL JUEZ RESPONSABLE LA EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, al sostener que no puede imponer los MEDIDA CAUTELAR QUE CONSIDERE, que para eso es el debate entre las partes, sin embargo, viola la exacta aplicación de la ley penal, pues se olvida que es el Juez quien impone y decide una o varias Medidas cautelares, combinar las medidas según sea el caso, criterio que resulta ser incongruente debido a que si está facultado a imponer medidas cautelares. violando el principio de LA EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo , que prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal . De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, la quejosa se duele de la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada por parte del Juez de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, de San Cristóbal de las Casas Chiapas, en la causa penal *** de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el veintisiete de septiembre del año en curso, dictó auto de vinculación a proceso a ***, dejando insubsistente la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la responsable dejó sin efecto el acto reclamado. En ese sentido, deviene inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado, quedado insubsistente en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si no se hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó huella alguna. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Asimismo, cobra aplicación, a contrario sensu, la siguiente jurisprudencia: MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA SU IMPOSICIÓN, Y ANTES DE QUE SE RESUELVA EL JUICIO, EN DIVERSA AUDIENCIA SE DECLARA SU SUBSISTENCIA, ELLO NO ACTUALIZA LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIONES XVI Y XXI, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 153, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Asimismo, de acuerdo con el diverso numeral 161 del propio código, las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares pueden revisarse cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron su imposición, a petición de las partes. Así, las medidas cautelares son el instrumento para garantizar la efectividad del proceso y su característica más importante es la temporalidad, ya que perviven hasta en tanto se decida el fondo del asunto o desaparezcan las condiciones que le dieron origen; por tanto, tendrán vigencia hasta el dictado de la sentencia, siempre que no sean revocadas, sustituidas o modificadas con antelación. Ahora bien, si se reclama la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, y antes de que se resuelva el juicio de amparo, se celebra diversa audiencia en la que, al revisar la medida cautelar a petición del imputado y su defensor, se declara subsistente por haberse prorrogado, en virtud de que no han variado las circunstancias por las que fue impuesta, ello no actualiza las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XXI, de la Ley de Amparo ya que, por un lado, esas medidas dejan de tener vigencia hasta que se dicta sentencia ejecutoria y el agravio subsiste de forma continuada mientras persista la afectación al derecho humano a la libertad personal, por lo que sí es posible restituir al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Además, si se estimara que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva ha quedado consumada de modo irreparable por el solo hecho de que ya transcurrió la data de su vencimiento, se perdería de vista que ésta tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las determinaciones que se emiten en el proceso, garantizar la presencia del imputado y la seguridad de las víctimas, es decir, su naturaleza accesoria y temporal, porque su finalidad no es sancionatoria ni está dirigida a resocializar al acusado, ni a prevenir el delito, sino que su propósito es puramente procesal -asegurar el resultado exitoso del proceso penal-. Y, por otro, para estimar que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, es requisito sine qua non que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de manera que se reponga al quejoso en el goce del derecho violado, es decir, es necesario que se destruyan todos sus efectos total e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, para que ya no agravie al quejoso y disfrute del derecho afectado por el acto de autoridad, lo que no ocurre en el caso, pues si se atiende a que la medida cautelar de prisión preventiva impuesta continúa vigente, es evidente que la afectación a la esfera jurídica del quejoso no ha cesado . Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a sobreseer en este juicio fuera de audiencia. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con treinta minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. No obsta lo anterior, el hecho de que con esta fecha se esté agregando el informe justificado y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de dicho informe, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca.***Asimismo, el hecho de que no se haya emplazado a la parte tercera interesada no es obstáculo para decretar el sobreseimiento pues a nada práctico conduciría ordenar tal diligencia ante la notoriedad de la causa de improcedencia actualizada, lo que implica que el sentido adoptado no le irroga ningún perjuicio. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Por lo anterior expuesto y fundado, con base además en lo establecido por los artículos 138 y 146 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. SE NIEGA LA SUSPENSION DEFINITIVA SOLICITADA POR *** en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia interlocutoria. SEGUNDO. SE CONCEDE LA SUSPENSION DEFINITIVA A FAVOR DE *** en contra del acto reclamado al autoridad responsable Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia interlocutoria. TERCERO. El duplicado del cuaderno incidental resulta destruible en los términos del considerando sexto de esta interlocutoria. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes
- Juan José Nuñez Pérez463/2018
- Juan José Nuñez Pérez675/2019
- Juan José Paz Pérez83/2022
- Juan José Roberto Salazar Aguilar174/2023
- Juan José Vidaña López613/2021
- Juan José Yanes Díaz1704/2023
- Juan Landaburu Calderón, cond. de Gabriel López López665/2021
- Juan Leandro Ávila García1083/2017
- Juan López De la Torre589/2018
- Juan López Méndez698/2022
- Juan López Méndez432/2020
- Juan López Pérez1027/2021