Juan Landa Zárate y Otros.

Expediente 473/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
473/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
27/05/2016

Partes del expediente

  • Juan Landa Zárate y Otros.
  • Director Jurídico del Ayuntamiento de Misantla, Veracruz. Guillermo Fernández Jorge.

Actuaciones

  1. Principal

    De la diligencia actuarial que antecede, se advierte que la parte quejosa en este asunto, ratificó su escrito de desistimiento de este juicio. En consecuencia, se tiene a Francisco Javier Zepeda Albarran por desistido del juicio en que se actúa; háganse las anotaciones correspondientes e infórmese lo anterior a las autoridades responsables. Sin que pase inadvertido para este juzgado, que de la certificación secretarial de cuenta se advierta que el juicio de amparo en que se actúa, se encuentra en ejecución de sentencia y que el desistimiento de la acción de amparo pueda solicitarse hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia, pues tomando en cuenta que dicho desistimiento consiste en la declaración de voluntad de la quejosa de no proseguir con el juicio; por tanto, a efecto de finalizar la instancia en el presente juicio y terminar con la etapa de ejecución por cuanto a la sentencia amparadora, es que se acuerda favorablemente el desistimiento del quejoso Francisco Javier Zepeda Albarran.

  2. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: Con la demanda de amparo que promueve Juan Landa Zárate, contra actos del Síndico Único del Ayuntamiento de Misantla, Veracruz, y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 473/2016 que le corresponde. CAUSA DE IMPROCEDENCIA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional de amparo para que, previo análisis de la demanda, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Del artículo y fracción trascritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueve esa instancia constitucional dentro de los términos establecidos para ello. Por otra parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De dicho artículo se advierte que el término genérico para la promoción de la demanda de amparo es de quince días, salvo los casos previstos en las fracciones transcritas. Asimismo, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De dicho artículo se advierte la forma en que se computarán los plazos para la interposición del amparo. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda y los anexos que los acompañan, se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la notificación personal que le fuera realizada el ocho de marzo de dos mil dieciséis, por el Ayuntamiento de Misantla, Veracruz, en relación con una diversa notificación de once de febrero de dos mil dieciséis, en la que se le hizo del conocimiento del cambio de local que se realizaría del local 28 (veintiocho) al local 127 (ciento veintisiete). Acorde con lo anterior, el término para la promoción del juicio de amparo inició el diez de marzo de dos mil dieciséis y feneció el seis de abril del mismo año; ello es así, descontando los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de marzo y dos y tres de abril de año en curso, por corresponder a sábados y domingos; veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco de marzo de dos mil dieciséis por ser inhábiles para el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y el oficio SEPLE./GEN./009/1079/2016 de tres de febrero de dos mil dieciséis signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hasta el veintiséis de abril de dos mil dieciséis (foja 2). A manera de ilustración y para mayor claridad de lo que aquí se trata de destacar, se estima pertinente exponer gráficamente el cómputo del término antes aludido. MARZO 2016 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ABRIL 2016 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que la presentación de la demanda es extemporánea, al haber tenido lugar con posterioridad a los quince días al en que fue notificada la parte promovente, pues debió presentarse ante el Juez de Distrito en turno a más tardar el seis de abril de dos mil dieciséis; por tanto, se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso, al no haber presentado su escrito de demanda dentro del término legal; aunado a que, el acto reclamado no actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como su autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lorenzo José Cazarín Ruiz y Víctor Manuel Pérez Mendoza, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Por otra parte, se comunica a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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