Juan Landa Ocampo

Expediente 1849/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1849/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
13/01/2016

Partes del expediente

  • Primera Sala Regional Familiar de Toluca
  • Juan Landa Ocampo

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta; signado por la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual informa la admisión de la demanda de garantías presentada por Juan Landa Ocampo en contra de la sentencia de quince de octubre de dos mil quince, contra actos que le atribuye a la Primera Sala Regional Familiar de Toluca; téngase por hecho del conocimiento de este órgano jurisdiccional lo comunicado por el Tribunal oficiante para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    A los autos la misiva de cuenta, que signa la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo del oficio *** y anexos; asimismo, comunica que el cuatro de los actuales, el órgano jurisdiccional de su adscripción se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que promueve Juan Landa Ocampo, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Familiar de Toluca; asunto al que radicó con el juicio de amparo directo 983/2015-IV. Información de la que toma conocimiento este juzgado federal, para los efectos legales conducentes; asimismo, del estado procesal de los autos se advierte que no existe pronunciamiento pendiente por emitir; en consecuencia, se ordena el archivo del presente juicio por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) En términos del punto vigésimo del citado acuerdo este expediente es destruible, dentro del término de seis meses, contado a partir del presente acuerdo, en razón de que se ubica en la hipótesis prevista en la fracción I, del citado punto, pues se trata de un cuadernillo de antecedentes relativo a una incompetencia. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.

  3. Principal

    A los autos la razón actuarial de cuenta, en la que se hace constar la imposibilidad legal y material para notificar el acuerdo de dieciocho de noviembre del año en curso, a la parte quejosa, por los motivos expuestos por el funcionario adscrita a este juzgado federal: Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, realícese la notificación referida, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal al impetrante, por medio de las listas que se fijan en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto señale diverso domicilio para tal efecto, dentro de la zona conurbada en donde este juzgado ejerce jurisdicción. Por otra parte, intégrese a los autos para los efectos legales a que haya lugar el escrito de cuenta, signado por el quejoso ***, a través del cual, cumple con la prevención realizada el dieciocho de los actuales y precisa los actos reclamados en esta vía constitucional. Del estudio integral del escrito de demanda de amparo , así como del ocurso de cuenta, se aprecia que la parte quejosa se duele sustancialmente: ? De la resolución de quince de octubre de dos mil quince, dictada en el toca de apelación ***, del índice de la Primera Sala Familiar de Toluca, que modificó la sentencia definitiva dictada en el juicio ***, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y de derecho familiar (incremento de pensión alimenticia) de la estadística del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, su aclaración y su cumplimiento. Así, por la naturaleza del acto reclamado, se advierte que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto; en virtud de que en términos de lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, el competente para conocer de la misma es el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. En efecto, los artículos 34 y 170 de la ley de la materia establecen lo siguiente: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el Artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el Artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. De los numerales transcritos, se advierte que el amparo directo procede contra, sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, como ocurre en el caso que nos ocupa y que más adelante se detallará. En efecto, el acto aquí reclamado se hace consistir en la resolución de quince de octubre de dos mil quince, dictada en el toca de apelación ***, del índice de la Primera Sala Familiar de Toluca, que modificó la sentencia definitiva dictada en el juicio ***, relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y de derecho familiar (incremento de pensión alimenticia) de la estadística del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, su aclaración y su cumplimiento, respecto de los cuales, las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificado o revocado; por ende, es reclamable en amparo directo. Atendiendo a lo anterior, se actualiza en el presente caso la hipótesis establecida en el artículo 34 de la ley reglamentara de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro dice: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto. (S. J. F.; 8ª. Época; T. C. C.; IX, Marzo de 1992; página 87) En consecuencia, envíese el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para los efectos señalados en el artículo 47 de la ley de la materia, solicitando a la superioridad de manera atenta y respetuosa el acuse de recibo correspondiente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que pase desapercibido que el escrito la firma que calza el ocurso aclaratorio difiera notablemente de la plasmada en la demanda constitucional, pues dicha circunstancia por razón de competencia corresponde determinar al órgano que deba conocer del asunto. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: ÓRGANOS DE CONTROL (LEGALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD). SU EJERCICIO NO PUEDE SEPARARSE DE SU ÁMBITO DE COMPETENCIA. Conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la actuación de los órganos del Estado en la tutela de los derechos humanos, entre ellos, el Poder Judicial de la Federación, debe realizarse en el ámbito de su competencia, lo que implica que previamente se ha delimitado un espacio y forma en que debe efectuarse tal control sobre la regularidad de los actos de las autoridades del aparato estatal, en el que se tome como punto de partida un parámetro normativo legal, constitucional y convencional. Conforme a ello, si el artículo 107 de la Ley Fundamental determina las bases mínimas sobre la competencia para conocer del juicio protector de derechos fundamentales (juicio de amparo), las que a su vez involucran cuestiones sobre su procedencia, es inconcuso que aun en el actual diseño constitucional de protección de derechos fundamentales, el juicio de amparo no debe ser ajeno a los aspectos relevantes que derivan del acto en él reclamado. Esto es, en la resolución de los juicios de amparo salvo, desde luego, la real e insoslayable posibilidad de que pudiera desplegarse un control oficioso de convencionalidad, como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben tenerse presentes todas las particularidades que se implican en la emisión de las ejecutorias respectivas; esto es, deben acatarse todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de hacer de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no pueda separarse de su propio ámbito de competencia pues sólo dentro de ésta puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde. Por tanto, en términos del citado artículo 1o. constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde, y a través de esa función deban tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de su propia competencia, por lo que no pueden apartarse de la regulación que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde una competencia reglada deben ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre conforme a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. [10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013; Tomo 2; Pág. 1306].

  4. Principal

    De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; intégrese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, a través del cual devuelve sin diligenciar por los motivos que expone, el exhorto 414/2015, número de orden 658/2015, de este índice, enviado para realizar la notificación del acuerdo de veintinueve de octubre del año en curso al quejoso. Como lo solicita, acúsese el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora, toda vez que el impetrante de garantías Irbing Canuto Ramírez, se encuentra en el Centro Preventivo y de Readaptación Social "Tepachico Otumba", con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, envíese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de las labores del juzgado, con los insertos necesarios, ordene a quien corresponda realice la notificación del presente proveído al quejoso, así como del proveído de veintinueve de octubre pasado. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se perdiguen, se faculta al juez exhortado para que desahogue todas aquellas diligencias que sean necesarias para dar cumplimiento a lo solicitado, aún en días y horas inhábiles. Así, atendiendo a la naturaleza de la diligencia encomendada, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita tanto al actuario de la adscripción así como al juzgado exhortado para que realice la notificación en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional.

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