Juan Julio Santillán Castillo
Expediente 578/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 578/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 26/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Juan Julio Santillán Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
1. Causa ejecutoria. Visto el estado procesal, así como la certificación que antecede, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1 Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 1.4 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control. 1.5 Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el mismo.
- Incidental
. Archivo de asunto. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que con esta fecha se remitió al archivo el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión; además, en el cuaderno del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos de la fracción XVIII, del artículo 3° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del citado Acuerdo General, archívese este asunto como concluido. 1.1. Valoración. Toda vez que el asunto se negó la suspensión definitiva, quien esto provee considera que el presente incidente de suspensión de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso c) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 1.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del original del este incidente de suspensión. 1.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA Este Juzgado resuelve el juicio de amparo indirecto 578/2022, emitiendo la siguiente: DECISIÓN Única. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido *********** contra las autoridades responsables Jefa de Causa del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; Inspector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado Región Norte I, todos con residencia en esta ciudad; Agente del Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, Tercer Turno y Coordinadora Encargada de los Agente del Ministerio Público adscritos al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, Región Norte I, todas con residencia en esta ciudad y Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos, con residencia en Allende, Coahuila de Zaragoza, respecto a los actos reclamados consistentes en i) la orden de aprehensión, detención, arresto o presentación que se pretende ejecutar en su contra y ii) las medidas de protección impuestas el quince de mayo de dos mil veintidós, entre otras, la consistente en la limitación para acercarse al domicilio ubicado en calle Pino Suarez, número 105 poniente, de la Zona Centro, con residencia en Allende, Coahuila de Zaragoza. ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, ante este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, Juan Julio Santillán Castillo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos ahí precisados. 2. Trámite. Por auto de diecinueve de mayo del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo. La audiencia constitucional tuvo verificativo el día de hoy. RAZONES Y FUNDAMENTOS 3. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo. 4. Precisión de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se puntualiza que la parte quejosa reclama: 4.1 Autoridades responsables. Jefa de Causa del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; Inspector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado Región Norte I, todos con residencia en esta ciudad; Agente del Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, Tercer Turno y Coordinadora Encargada de los Agente del Ministerio Público adscritos al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, Región Norte I, todas con residencia en esta ciudad y Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos, con residencia en Allende, Coahuila de Zaragoza. 4.2 Actos reclamados. i) La orden de aprehensión, detención, arresto o presentación que se pretende ejecutar en su contra. ii) las medidas de protección impuestas el quince de mayo de dos mil veintidós, entre otras, la consistente en la limitación para acercarse al domicilio ubicado en calle Pino Suarez, número 105 poniente, de la Zona Centro, con residencia en Allende, Coahuila de Zaragoza. Es aplicable la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Procedencia. En esta parte considerativa se estudiará la existencia de los actos y las causales de improcedencia alegada por las responsables, o bien, las que de oficio advierta este órgano de justicia. 5.1 Inexistencia de un acto reclamado. No son ciertos los actos que se atribuyen a las autoridades responsables consistentes en la orden de aprehensión, detención, arresto o presentación que se pretende ejecutar en su contra, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa, es decir, no existe dato objetivo alguno que confirmen los actos que se les reclaman; por tanto, lo conducente es sobreseer el presente juicio de amparo en torno a dichas autoridades, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sobre el tema se emitió la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 308. 5.2 Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente las medidas de protección impuestas el quince de mayo de dos mil veintidós, entre otras, la consistente en la limitación para que el quejoso se acerque al domicilio ubicado en calle Pino Suarez, número 105 poniente, de la Zona Centro, con residencia en Allende, Coahuila de Zaragoza, atribuido al Agente del Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, Tercer Turno, pues así lo aceptó al rendir informe justificado; lo cual es suficiente para acreditar su existencia. Circunstancia que se corrobora con las constancias enviadas por la citada autoridad responsable; documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 5.3 Causa de improcedencia de oficio. Respecto al acto reclamado, este órgano de justicia advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos se han consumado de modo irreparable. 5.4 Premisas argumentativas con relación a la improcedencia. El citado precepto legal, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable. En ese contexto, para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se clasifican en: i) actos consumados de modo reparable y, ii) actos consumados de modo irreparable. Los actos consumados de modo reparable son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Por su parte, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Entonces, la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido. Es decir, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. 5.5 Estudio de la causal de improcedencia En este caso, de las constancias allegadas por la Agente del Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, Tercer Turno (mismas que ya fueron valoradas), se advierte que mediante acuerdo de quince de mayo de dos mil veintidós, se emitieron medidas de protección en favor de Verónica Alejandra López López, entre otras, la consistente en la limitación para que el quejoso se acerque al domicilio ubicado en calle Pino Suarez, número 105 poniente, de la Zona Centro, con residencia en Allende, Coahuila de Zaragoza. La mencionada medida se otorgó con una temporalidad de sesenta días naturales. Luego entonces, dicho plazo transcurrió del dieciséis de mayo al catorce de julio de dos mil veintidós. Por consiguiente, al haberse consumado las medidas de protección otorgadas a la víctima y que, aparentemente causaban perjuicio al hoy quejoso, sus efectos y consecuencias han concluido, material y jurídicamente; por ende, dicho acto se ha consumado de modo irreparable, pues no sería factible que con motivo de una concesión de amparo, se repusiera el tiempo que el quejoso no pudo acercarse al domicilio citado. Además, la autoridad responsable informó que la víctima no compareció ante el Agente del Ministerio Público a formalizar su denuncia por los actos por los que se decretaron esas medidas de protección, lo cual hace patente que a la fecha ya no subsisten. 5.6 Criterio aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con número de registro digital 323053. 5.7 Precedente judicial. Similar criterio sigue el Tribunal Colegiado en Materias Penal de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 159/2018. 6. Conclusión. Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio, en términos del precepto 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. 7. Notifíquese en términos de ley.8. Juez y Secretario que da fe. Así lo resolvió y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario Marco Antonio Sáenz Cárdenas, quien certifica que esta resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. 9. Versión pública. El Secretario certifica que se integró la versión pública para cumplir lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, y el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Certifico y doy fe.
- Principal
1. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de tres días concedido a la tercera interesada ...mediante proveído de ocho de julio de este año, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones esta ciudad, transcurrió del veinte al veintidós de julio del presente año, sin que se hubiera manifestado al respecto. 1.1 Notificación por lista de acuerdos. En esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado acuerdo, y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación de este proveído, así como los subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado.
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