Juan José Viscencio Barroso
Expediente 1570/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1570/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Juan José Viscencio Barroso
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito con residencia en esta ciudad acusa recibo del juicio de amparo 1570/2016-I, que se remitió con motivo del impedimento planteado por este Tribunal.Quedandol registrado como impedimento civil 27/2016. (I)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis...Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio número 12671/2016 que firma el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual adjunta resolución de catorce de octubre del año en curso, dictada en el impedimento civil 26/2016, donde se declaró fundado el impedimento del Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, así como el juicio de amparo 1518/2016 del índice del indicado juzgado, formado con el original de la demanda promovida por Juan José Viscencio Barroso contra actos de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de gobierno respectivo con el número 1570/2016-I. Este juzgador considera que en la situación en concreta se surte una hipótesis de impedimento. Conforme al precepto invocado, deriva que la propia ley de la materia impone al juzgador que conoce del juicio de amparo, el deber y la obligación de manifestar que está impedido y, por ende, inhibirse del conocimiento del asunto que le hubiese sido sometido para su resolución. Las causas de impedimento que se enumeran en el precepto mencionado se clasifican en objetivas y subjetivas, es decir, cuando por la conducta del juzgador se encuentre viciada su imparcialidad (subjetiva), o bien, cuando por la posición en que se encuentra ubicado, objetivamente, se le vincule con la litis o con alguna de las partes, de tal manera que haya una situación en que es preferible que se abstenga de conocer del asunto, lo que es acorde con el principio de imparcialidad. En efecto, el numeral 51, de la ley reglamentaria en consulta, refiere causas de impedimento que están inspiradas en vínculos de parentesco, afectivos, o de interés, verbigracia, que suponen que el juez puede encontrarse, respecto a un negocio determinado, en una situación tal que es posible presumir carezca de imparcialidad, que debe privar en quien dicta una resolución judicial. Así, los impedimentos para que una persona pueda fungir como Ministro, Magistrado o Juez, son un aspecto que está íntimamente vinculado con la competencia subjetiva, y consiste en la idoneidad e imparcialidad del sujeto para ser titular de un órgano jurisdiccional, pues los sujetos que asumen la calidad de órganos jurisdiccionales del Estado o que desempeñan la función jurisdiccional, en cuanto revisten este cargo en forma permanente y no ocasional, están ligados, respecto del Estado, por una relación de empleo o de servicio, que surge en el acto mismo del nombramiento, esto es, en el momento en que tales sujetos forman parte de los funcionarios del orden judicial. Dicha relación entre el funcionario del orden judicial y el Estado, es una relación de derecho público, y tiene por objeto el deber fundamental del Juez o de otro funcionario del orden judicial de cumplir las funciones de su oficio y, en especial, las funciones jurisdiccionales; deber al cual corresponde un derecho público de la sociedad salvaguardada por el Estado en cumplimiento de las funciones jurisdiccionales (relación de servicio judicial). Esa exigencia del Estado en cumplimiento, por parte del servidor, de las funciones a él atribuidas, y esa obligación correlativa para con el Estado, de cumplir las funciones para las cuales ha sido designado, sufre a su vez limitaciones, en el sentido de que, aun permaneciendo como obligación general del funcionario, en algunos casos, por razones particulares, dicho funcionario no sólo no puede ejercer las funciones que normalmente está llamado a cumplir, bajo conminatoria de sanciones de diversa naturaleza, sino que se le impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplir sus funciones normales y de no atender a sus cometidos, o de no ejercer los poderes para los que ha sido puesto al frente de una función determinada. Los sujetos que asumen la calidad de órganos o que son titulares de la función, son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, etcétera, abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado. Aunque la designación de los funcionarios jurisdiccionales está rodeada por una serie de garantías, de modo que está asegurada la máxima idoneidad del sujeto para el cumplimiento de la función encomendada, puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplir dicha función respecto de una litis determinada, ya que la designación de tales sujetos físicos se contemplan en abstracto, en relación con la función que ha de ejercerse en general y no en concreto, respecto de la función considerada en relación con determinada causa. Se trata, en sustancia, de una serie de condiciones que el sujeto físico debe llenar para que pueda cumplir las funciones a él encomendadas y ejercer la jurisdicción de que está investido. La falta de estas particulares condiciones y cualidades en el sujeto, produce en éste una incapacidad procesal legal, pues dicho sujeto, aun habiendo sido designado como funcionario o encargado judicial, no posee, frente a determinada litis, tales cualidades y condiciones. No se trata, pues, de una incapacidad del órgano o del oficio, sino de una incapacidad legal propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órganos o que desempeñan la función jurisdiccional. Ahora, las fracciones I al VII del artículo 51, de la Ley de Amparo, prevén la existencia de elementos objetivos que afectan de forma directa e inmediata la imparcialidad en que debe conducirse el juzgador, cuando precisamente tiene el carácter de cónyuge o pariente de alguna de las partes o de sus abogados; si tiene interés personal en el asunto o lo tiene su cónyuge o parientes; si ha intervenido en el asunto en diverso carácter o intervino como asesor; si forma parte de diverso juicio de amparo semejante al de su conocimiento; y si tiene una amistad o enemistad con alguna de las partes o sus representantes. En tanto, de conformidad con la fracción VIII del numeral 51, de la Ley Reglamentaria en consulta, el legislador estableció que pueden presentarse situaciones diversas a las especificadas, que impliquen desde luego elementos objetivos que pongan en riesgo la imparcialidad del juzgador. A diferencia de las fracciones I al VII, que establecen de forma tasada los elementos objetivos que afectan de forma directa la imparcialidad del juzgador, la fracción VIII deja a cargo de quien juzga el impedimento, a que determine si las causas que se le exponen constituyen o no elementos objetivos, una vez determinados, si éstos ponen en riesgo la imparcialidad del funcionario judicial. Así, para que se actualice la hipótesis prevista en la fracción VIII, debe presentarse lo siguiente: El juzgador se encuentre en una situación diversa a las previstas en las fracciones I al VII, mismas que ya fueron explicadas con anterioridad. Esa situación constituya un elemento o elementos objetivos, esto es, que sean reales y actuales o que acontezca en la vida cotidiana del juzgador. Que de esos elementos puedan derivarse situaciones que pongan en riesgo la pérdida de imparcialidad, lo cual, no necesariamente implica una afectación, sino sólo la posibilidad de que ello pueda darse, o que ante la mirada de un observador razonable, pueda entenderse que hay motivos para pensar así. Por su parte, cabe mencionar el derecho relacionado con el principio de impartición de justicia, consagrado en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé...Por tanto, todo proceso que se someta a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo constitucional citado, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten. De ahí que la finalidad de la Ley de Amparo, al estatuir en el artículo 51, las causales de impedimento como una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y, especialmente, en el juzgador, que lo hacen inhábil para poder impartir una justicia exenta de parcialidad, obedece a la necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una sentencia justa. Por su parte, el numeral 5, de la Ley de Amparo, estatuye: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia". Del precepto recién transcrito se obtiene que son partes en el juicio de amparo, a saber: el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado, así como el Ministerio Público de la Federación. En ese tenor, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso d), de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de tercero interesado a Silverio Rodríguez Carrillo; ya que en la demanda de amparo se reclama la interlocutoria de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, dictada por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en el toca civil 257/2016, que resolvió el recurso de apelación contra la resolución dictada en el incidente de nulidad que promovió el quejoso contra el emplazamiento que le fue practicado en el expediente 1923/2014, del índice del Juzgado Tercero Civil del Estado, en la que dicha persona es señalada como actor. Partiendo de lo anterior, este juzgador considera que se encuentra legalmente impedido para conocer de la demanda de amparo promovida por Juan José Viscencio Barroso, contra actos de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, habida cuenta que de la demanda de amparo se advierte que Silverio Rodríguez Carrillo es señalado como actor en el juicio 1923/2014, del índice del Juzgado Tercero Civil del Estado, de donde deriva el acto reclamado, y con quien este juzgador, en razón de la función jurisdiccional que ejerce como juez de Distrito en el Estado de Aguascalientes, sostiene una relación institucional, y está en contacto con él continuamente, ya que también funge como servidor público, al ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito, perteneciente al Consejo de la Judicatura Federal, y ejercer sus funciones en este Circuito Judicial, circunstancia con la que podría afectarse la imparcialidad con la que debe conducirse el suscrito. Situación que, en concepto del suscrito, actualiza el supuesto establecido por la fracción VIII del artículo 51, de la Ley de Amparo...(I)
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · 13,388 expedientes
- Juan José Vicencio Barroso122/2022
- Juan José Viscencio Barroso815/2020
- Juan José Viscencio Barroso939/2020
- Juan José Viscencio Barroso799/2022
- Juan José Viscencio Barroso12/2021
- Juan José Viscencio Barroso173/2021
- Juan José Viscencio Barroso839/2020
- Juan Lara Flores476/2023
- Juan Lara Gómez55/2022
- Juan López González373/2014
- Juan López Mascorro2319/2015
- Juan Luis de Jesús Núñez González888/2021