Juan Jose Villanueva Guillen

Expediente 643/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
643/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
14/01/2021

Partes del expediente

  • Juan Jose Villanueva Guillen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, destaca que mediante Circular CAP/3/2020, signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020), lo que implicó que no correrían términos en el período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Por tal motivo, en el presente asunto se suspendieron los plazos y términos durante el lapso anotado, en virtud que no se ubicaba en una de las hipótesis de urgencia, trámite en línea o priorización, a que se refieren los artículos 1ro, 12, 23 y 24, fracción II, del Acuerdo General 13/2020, modificado por los diversos 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reanudándose en la presente fecha; en atención a lo anterior, se acuerda: Visto el estado de autos y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, se provee: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento al primer párrafo del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso b) del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. En atención a lo anterior, es evidente que, el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos lo dispuesto en los artículos del artículo 21, tercer párrafo, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, el presente expediente deberá destruirse en el Juzgado y posteriormente remitirse el acta y listados correspondientes a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 35 del acuerdo en comento. Por otra parte, se conmina al oficial administrativo para que una vez obren en autos todas las constancias de notificación, remita físicamente al archivo el presente juicio de amparo, más tardar en el término de cinco días hábiles.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, y la certificación de cuenta, destaca que a la fecha, transcurrió el término legal de cinco días a que hace referencia el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa diera cumplimiento a la prevención efectuada en auto de doce de noviembre del año que transcurre. En ese sentido, tomando en consideración que dicho plazo transcurrió del veinticuatro al treinta de noviembre del presente año; sin que el promovente cumpliera la aludida prevención; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo, y se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, atendiendo además a lo que establece el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA AL QUEJOSO.Visto el estado de autos, y la certificación de cuenta, destaca que a la fecha, transcurrió el término legal de cinco días a que hace referencia el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa diera cumplimiento a la prevención efectuada en auto de doce de noviembre del año que transcurre. En ese sentido, tomando en consideración que dicho plazo transcurrió del veinticuatro al treinta de noviembre del presente año; sin que el promovente cumpliera la aludida prevención; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo, y se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, atendiendo además a lo que establece el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida Juan José Villanueva Guillén, por propio derecho, contra actos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 643/2020.PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES Ahora, del contenido integral de la demanda no se advierte con claridad cuál es el acto o actos de que se duele la parte quejosa y a que autoridad o autoridades responsables atribuye cada uno. Ello, toda vez que, por un lado señala como autoridades responsables al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, al titular de dicho tribunal, así como, al Juez Segundo del Ramo Civil, residentes en esta ciudad.Además, en el capítulo relativo al acto reclamado menciona la dilación que dice consiste en la falta de continuidad en los procesos judiciales durante la etapa de pandemia por COVID-19, en la que refiere ha incurrido el titular del Juzgado Segundo del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, en el expediente civil 1354/2019, de su índice, pues señala que han transcurrido más de diez meses sin que haya realizado alguna indagatoria a pesar de que dice haber aportado todos los elementos de prueba para tener por acreditada la responsabilidad civil de los demandados denunciados ante esa autoridad desde el trece de diciembre de dos mil diecinueve, sin que se advierta cuál es el acto que atribuye al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas y al titular de dicho tribunal. Por otro lado, se observa que en el apartado de antecedentes del acto reclamado, narra diversos hechos que al parecer se relacionan con la controversia que dio origen al juicio natural y menciona el expediente 81/2018. Asimismo, solicita la restitución del daño que expresa fue ocasionado en detrimento de su patrimonio con motivo del pago realizado por el contrato de promesa de compraventa de veinticinco de septiembre de dos mil quince, a su decir, celebrado entre el promovente y los señores Angelina Oralia Tovilla Palacios, Enrique Rodolfo Tovilla Palacios y José Antonio Manuel Castellanos Palacios, así como, que se declare la nulidad absoluta de dicho contrato y el pago de daños y perjuicios. Lo anterior, sin que se advierta si pretende reclamar algún acto distinto relacionado con tales manifestaciones, pues lo que expuso en el apartado de antecedentes es, al parecer, lo que pretende alcanzar, en caso de obtener una resolución favorable, como si el presente asunto se tratara de un juicio civil, en el que solicita prestaciones de la parte demandada, lo cual no es propio del juicio constitucional. De igual manera, expresa lo siguiente: "Artículo 10: la víctima y del derecho de exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil, proveniente de la comisión de un delito, podrán promover un amparo, emitiendo sus resoluciones de manera PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL. (Situación que no acontece en el presente.", texto que corresponde parcialmente al artículo 10 de la Ley de Amparo abrogada, sin precisar si en realidad se refiere a su correlativo contenido en el artículo 5 de la Ley de Amparo vigente, que establece que la víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esa ley y, en su caso, si pretende reclamar un acto relacionado con ese concepto o por qué razón lo manifiesta. De ahí que, no se advierte con claridad cuál o cuáles son los actos que reclama y a qué autoridad o autoridades responsables atribuye cada uno; ya que la correcta fijación del acto reclamado resulta indispensable para que en el momento procesal oportuno este juzgador pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Tiene aplicación la tesis XX 57 k, del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". Además, de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que el mismo quejoso Juan José Villanueva Guillén promovió el diverso juicio de amparo 568/2020, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, lo que se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en el que reclamó la falta de guardia en los procesos judiciales durante la pandemia por el COVID 19, en virtud de estar detenido el expediente 81/2018, sin que precisara qué pretende al promover dos demandas en las que al parecer menciona los mismos actos o cuál es la diferencia entre ambas, por lo que, deberá ampliar los antecedentes de los actos reclamados, aclarando dicha circunstancia. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la foja 285, del Tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En tal virtud, con fundamento en los numerales 108, fracciones IV y V y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, precise lo siguiente: a) Tomando en consideración que menciona la falta de continuidad en los procesos judiciales durante la etapa de pandemia por COVID-19, en la que refiere ha incurrido el titular del Juzgado Segundo del Ramo Civil, en el expediente civil de origen, pues señala que han transcurrido más de diez meses sin que haya realizado alguna indagatoria a pesar de que dice haber aportado todos los elementos de prueba para tener por acreditada la responsabilidad civil de los demandados denunciados ante esa autoridad desde el trece de diciembre de dos mil diecinueve. En tal virtud, deberá precisar a qué se refiere al señalar que la autoridad no ha realizado alguna indagatoria, como si el acto reclamado derivara de una investigación ministerial y no de un juicio civil, precisando de qué obligación legal deriva dicha omisión o bien si se relaciona con la falta de respuesta a una petición, indicando en qué fecha la presentó ante la responsable y, en su caso, si los demás actos que menciona son solamente antecedentes o consecuencias del referido en primer término o las violaciones que le atribuye. b) O bien, si en realidad reclama la omisión del juez responsable de dictar sentencia definitiva en el juicio natural, indicando si ya lo solicitó y en qué fecha. c) En su caso, toda vez que del contenido integral de su demanda no se advierte la participación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas y titular de dicho tribunal, deberá precisar si en verdad pretende señalarlas como responsables y cuál es el acto específico que atribuye a dichas autoridades. d) Tomando en consideración que solicita la restitución del daño que expresa fue ocasionado en detrimento de su patrimonio con motivo del pago realizado por el contrato de promesa de compraventa de veinticinco de septiembre del año dos mil quince, a su decir, celebrado entre el promovente los señores Angelina Oralia Tovilla Palacios, Enrique Rodolfo Tovilla Palacios y José Antonio Manuel Castellanos Palacios, así como, que se declare la nulidad absoluta de dicho contrato y el pago de daños y perjuicios, lo cual no es propio del juicio constitucional, deberá manifestar si pretende reclamar un acto distinto relacionado con dichas manifestaciones, señalando su fecha, número de oficio o cualquier otro dato que permita identificarlo y a qué autoridad se lo atribuye o si únicamente expresó las prestaciones que solicitó de la parte demandada en el juicio de origen. e) Toda vez que, señala como responsables al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas y al titular de dicho tribunal, en su caso, deberá indicar si en realidad se trata de la misma autoridad o cuál es la diferencia entre ambas. f) Asimismo, aunque el quejoso refiere que desconoce las causas por las que se ha dilatado el procedimiento de origen, incluso menciona que desconoce si existe tercero interesado, lo cierto es que se advierte que promovió un diverso juicio de amparo del que se observa que la autoridad responsable ya rindió su informe justificado, por lo que, es obvio que puede tener acceso a los datos del juicio natural. En ese sentido, dado que únicamente narra algunos hechos que al parecer se relacionan con la controversia que dio origen al juicio primigenio, deberá ampliar los antecedentes del acto reclamado, expresando bajo protesta de decir verdad, todos los antecedentes del acto de que se duele, señalando cuál es el tipo de juicio civil del que deriva el acto reclamado, quienes son las partes en el juicio natural, si es parte en el mismo y si ha comparecido a deducir sus derechos expresando en qué fecha, en qué estado procesal se encuentra ese procedimiento, cuál es el número correcto del juicio de origen, esto es, 1354/2019 u 81/2018, indicando por qué razón menciona distintos números de juicio, cuál fue la última actuación que se llevó a cabo, así como, la fecha exacta y la forma en la que tuvo conocimiento de cada uno de los actos que reclame. g) Asimismo, manifieste quién es su contraparte en el juicio de origen, indicando su domicilio para que estar en aptitud de emplazarla a juicio con el carácter de parte tercera interesada. h) De igual manera, tomando en consideración que la misma parte quejosa promovió el juicio de amparo 568/2020, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en el que reclamó actos que también refiere en esta demanda, deberá precisar si en realidad se duele de los mismos actos reclamados en el citado juicio de amparo, de ser así, explique cuál es propósito que se busca con la presentación de ambas demandas de amparo, o bien, indique la diferencia entre la demanda promovida en el juicio de amparo 568/2020 y la que presentó en este asunto. i) Por otra parte, tomando en cuenta que expresa lo siguiente: "Artículo 10: la víctima y del derecho de exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil, proveniente de la comisión de un delito, podrán promover un amparo, emitiendo sus resoluciones de manera PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL. (Situación que no acontece en el presente.", texto que corresponde parcialmente al artículo 10 de la Ley de Amparo abrogada, sin precisar si en realidad se refiere a su correlativo contenido en el artículo 5 de la Ley de Amparo vigente, que establece que la víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esa ley, deberá precisar a qué legislación se refiere, si pretende reclamar un acto relacionado con ese concepto, indicando todos los antecedentes al respecto, su fecha, número de oficio o cualquier otro dato que permita identificar el acto de que se duele y a qué autoridad se lo atribuye o bien, explique por qué razón lo manifiesta. j) Si ha promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra el o los actos reclamados o alguno relacionado, en su caso, deberá precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. Asimismo, deberá dar cumplimiento estricto a lo requerido por este juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se estudia. Hágase del conocimiento de la parte quejosa y de sus autorizados que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Se apercibe a la parte quejosa que, de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia, o se acordará lo conducente, dependiendo la irregularidad que subsista. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rodolfo García Pimentel y en términos restringidos de dicho numeral a las diversas personas que refiere, por no tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, atendiendo además a lo que establece el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa.

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