Juan José Villanueva Barrios
Expediente 958/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 958/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/02/2021
Partes del expediente
- Juan José Villanueva Barrios
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de febrero de dos mil veintiún. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los escritos de la autoridad responsable Presidente Municipal Constitucional de Xonacatlán, Estado de México, mediante los cuales interpone recurso de revisión en contra de la resolución de treinta y uno de julio del año dos mil veinte, por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 y 88 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de referencia y se ordena agregar a los autos los originales de los escritos y distribuir copias del mismo entre las partes. Una vez que se encuentre debidamente integrado, en el plazo legal (tres días), remítase vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del aludido. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS122/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, el licenciado José Fernando García Quiroz, será el nuevo titular de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
- Principal
.- Toluca, Estado de México, quince de diciembre de dos mil veinte. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por ***, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Almoloya de Juárez, en Toluca, Estado de México, regístrese bajo el número 958/2020. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En esas condiciones, la demanda de amparo resulta improcedente, toda vez que el escrito de demanda que se provee, no contiene firmas autógrafas de los quejosos, así como tampoco las copias que de la misma se anexaron, lo cual, se estima necesario pues el principio de agravio personal y directo que emana del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo implica que debe ser solicitado por quien directamente resienta los efectos del acto impugnado. Además, el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que por suscripción de un documento se entiende la colocación al pie del escrito, de las palabras que con respecto a su destino sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. En esa medida, dado que el escrito inicial de demanda no contiene la firma autógrafa de quien se cita en el rubro como promovente, esto es, de ****, y en virtud de que aquélla constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, pues sirve para dar autenticidad al mismo y plasma la voluntad de todo accionante, debe estimarse que conforme a los preceptos antes indicados, propiamente no le revestiría el carácter de parte quejosa en el presente asunto; consecuentemente de conformidad con los preceptos legales arriba mencionados, en relación con el numeral 61, fracción XXIII y 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 181-186 Quinta Parte, Séptima Época, página 71, que es como sigue: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO... Así también, resulta aplicable la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X-Octubre, relativo a Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, visible en la página 315, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. .. No pasa inadvertido que en el escrito de demanda aparece el signo gráfico de una persona con el nombre de Mario Alberto Adalid Mejía, sin embargo, tomando en consideración que los quejosos reclaman el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, se advierte actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación a los diversos 6 y 15, aplicado en sentido contrario, de la Ley Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (...)" En principio conviene precisar que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad y que su procedencia se supedita a los diversos principios que lo rigen. Dentro de los postulados básicos del juicio de amparo está el de instancia de parte agraviada y el de la existencia del agravio personal y directo, contenidos en el artículo 6° de la Ley de Amparo, los cuales consisten en que el juicio de amparo sólo se puede promover por quien resulte perjudicado con un acto de autoridad, por aquél que resiente el agravio de manera directa y personal. De la lectura del precepto legal en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada rector del juicio de amparo, previsto en el artículo 6° de la Ley de Amparo, el cual establece una regla general a seguir para la procedencia del juicio constitucional, relativa a que éste sólo se puede promover por aquella persona a quien afecte la norma general o cualquier otro acto de autoridad; sin embargo, también prevé un caso excepcional, pues, dicho principio se considera cumplido si la demanda es promovida por un representante del agraviado o su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o bien, por medio de algún pariente, o persona extraña en los casos en que la ley reglamentaria lo permita en forma expresa. En tal virtud, como el acto reclamado señalado como el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, no se ubica en el supuesto previsto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, es evidente que no se justifica el hecho de que otra persona promueva en su favor la demanda, máxime que en el caso, únicamente firma, sin que exprese si promueve con la calidad de defensor de los quejoso; asimismo, se debe precisar que de la lectura íntegra de la demanda de amparo no se aprecia que los quejosos, se encuentre imposibilitados para firmar la demanda. Luego, si en el caso el acto reclamado no se ubica en las hipótesis establecidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni se advierte que la persona en cuyo favor se promueve esté imposibilitada para instar por derecho propio la demanda de amparo, se debe estimar que no se cumple con el principio de acción por la parte agraviada, pues éste es el rector del juicio de amparo, ya que no se está en alguno de los supuestos de excepción para que ***, inste el presente juicio de amparo. Esto es así en virtud de que de la demanda de amparo no se advierte que ***, tenga acreditado el carácter de representante o defensor de los directamente agraviados, o bien que éstos sean menores de edad, de ahí que no se tenga por acreditada la representación pretendida, pues el auto de vinculación a proceso, no constituyen alguno de los exigidos por la ley, para poder ser promovido por persona diversa al agraviado; ya sea un pariente o persona extraña, por lo que, debe considerarse que la persona que firma la demanda carece de legitimación para intentar la acción constitucional. A la presente determinación se estima aplicable, por haber interpretado disposición de contenido similar, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Enero de 1991, página 272, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO... Así como, en lo conducente, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Primera Parte, página 45, de la Séptima Época, del contenido siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO... En consecuencia, por lo motivos desarrollados en el cuerpo de la presente determinación procede desechar la demanda intentada. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas publicadas en estrados de este órgano constitucional, en virtud de que señaló como domicilio para tales efectos un correo electrónico y un número telefónico; sin embargo, no es factible atender su petición, ya que los mismos no son medios de comunicación procesal en el juicio de amparo. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a ***. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como medios de comunicación no procesal el correo electrónico ** y el número telefónico ***, que señala la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. Notifíquese.
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