Juan José Velázquez Domínguez
Expediente 426/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan José Velázquez Domínguez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictada por este órgano jurisdiccional, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, promovido por ---------, por su propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y glósese a los autos únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, fracción I, inciso a; 20, fracción II, inciso a, y 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; . EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. ... Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;" Por lo acordado en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio de amparo; de igual forma por cuanto hace al incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, son susceptibles de destrucción, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
"VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 426/2020-VI, promovido por -----------------, por propio derecho, contra actos del Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, de Naucalpan de Juárez, Estado de México y otra autoridad. RESULTANDO: Primero. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitida por razón de turno al día siguiente a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, Juan José Velázquez Domínguez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa estimó que el acto reclamado es violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio. Mediante proveído de diez de agosto de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, Constitucionales; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil diecinueve; toda vez que el acto que reclama la parte quejosa, tiene ejecución en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, lugar en donde este órgano jurisdiccional ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de una lectura integral de la demanda, así como del escrito de desahogo de prevención,7 se advierte que la parte quejosa reclamó del Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, y del Director General de Seguridad Ciudadana adscrito a esa dependencia, lo siguiente: ? La orden de cambio de adscripción, dictada el diez de marzo de dos mil veinte y su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es CIERTO el acto reclamado señalado en el considerando Segundo, ya que el Director Jurídico, en representación del Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, y del Director de Seguridad Ciudadana, ambos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la emisión de la orden de cambio de adscripción del policía quejoso, la cual consta en el oficio número: DGSCYTM/0472/2020, por lo tanto, éste debe tenerse como plenamente probado.8 Certeza que se corrobora de las de las copias certificadas oficio número: DGSCYTM/0472/2020 y del acta circunstanciada en la que consta la entrega del mismo al aquí quejoso, remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo vigente. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo merece estudio preferente, por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Bajo esa óptica, este Juzgado Federal estima que, tal como lo sostiene la autoridad responsable, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5° de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados, en razón de que el quejoso no acredita tener interés para reclamar los actos precisados en el considerando segundo. Los referidos preceptos legales invocados disponen: 7 Tesis III.1o.A.31 K, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de garantías es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que además de analizar éste, debe comprender igualmente la ampliación, aclaración y documentos que la acompañan, porque de hecho forman parte de ella y sólo así puede alcanzarse la interpretación completa de la voluntad del que demanda la protección de la Justicia Federal." 8 Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, tomo VI, Novena Época, con número de registro 917812 del título y contenido siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] ...XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: II. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley;" La anterior transcripción permite observar que para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que la parte quejosa tenga un interés jurídico o legítimo que se vea afectado por el acto de autoridad reclamado en la demanda de amparo. Así, de acuerdo con el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia, el ejercicio de la acción constitucional está reservado sólo a quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de algún interés legítimo relacionado a su esfera jurídica ya sea en el ámbito económico, familiar, social, entre otros, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de dicho ordenamiento legal y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. En esos términos, el interés representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces se considera que éste no tiene legitimación para instaurar el juicio constitucional. Por otra parte, el interés para acudir al amparo requiere un vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse.9 En esa línea, la ley establece que la parte quejosa debe acreditar en forma fehaciente, cuando promueve demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica o que produce una afectación real y actual a su esfera jurídica; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente.10 9 Tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 50/2014, de rubro: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). 10Tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 51/2019, de rubro: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Así, el juzgador debe inevitablemente constatar que el quejoso demuestre fehacientemente que los actos reclamados resulten susceptibles de perjudicarlo de alguna manera, sin que las simples manifestaciones formuladas en la demanda de amparo resulten suficientes para satisfacer dicho requisito. Tampoco es suficiente la existencia de los actos reclamados; ya que suele acontecer que éstos no produzcan afectación alguna a los derechos de los gobernados, por lo que a pesar de haberse constatado el acto, de cualquier manera no habría ningún agravio o violación a derechos fundamentales que reparar mediante el juicio de amparo. Sobre esas bases se procede a analizar sin en el presente asunto la parte quejosa acreditó su interés para promover la demanda de amparo; para lo cual en primer lugar, debe destacarse que el quejoso es un elemento de policía en activo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, del Municipio de Naucalpan, quien se desempeñaba como policía de la Dirección de Tránsito Municipal. En segundo término se destaca que mediante oficio DGSCYTM/0472/2020, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, ordenó el cambio de adscripción de Juan José Velázquez Domínguez, a la Dirección de Seguridad Ciudadana, por necesidades del servicio y con la finalidad de fortalecer las acciones que en materia de seguridad realiza esa dependencia; por lo que, le instruyó que se presentara con el director para recibir instrucciones; y, además, le informó que continuaría prestando sus servicios en la institución con el grado de Oficial que actualmente ostenta.. Ahora bien, es necesario referir que los agentes policiales pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, no tienen la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fueron destinados, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor en ninguna disposición de carácter general, por el contrario el artículo 147 de la la Ley de Seguridad del Estado de México, dispone lo siguiente: "Artículo 147.- La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes: [.] IX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio;" En el mismo sentido, el artículo 14 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, establece: "Artículo 14.- La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes: [.] X. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio; [.]" Por lo tanto, el cambio de adscripción por sí mismo, no afecta ni los derechos laborales ni las funciones ni grado que tenía el quejoso, en tanto el elemento readscrito seguirá desempeñándose en el mismo grado que ostenta antes del cambio, por lo tanto, en esos casos en que únicamente se ordene el cambio de adscripción, debe decirse que dicha orden no vulnera los intereses jurídicos o legítimos de los policías a quienes va dirigida. Ello, porque el cambio de adscripción, no resulta ser una sanción, y se reitera, tampoco modifica las prestaciones a las que tienen derecho, su tiempo de antigüedad, su grado de oficial, ni algún otro aspecto de su esfera jurídica. Por lo tanto, en este caso, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 38/2005, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, página 310, de rubro y texto: "SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policíaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento." Ahora bien, la falta de interés en este asunto en particular, se corrobora de la lectura de la propia demanda de amparo, en la que el quejoso se duele esencialmente de que no se le informaron las razones por las que sería cambiado de adscripción ni se le otorgó garantía de audiencia previa; sin embargo no se advierte que refiera haber sufrido alguna afectación real y actual en su esfera jurídica. Pues, como se ha explicado, los agentes de la policía municipal de Naucalpan de Juárez no gozan del derecho a la inamovilidad, por lo tanto mientras la orden de readscripción no implique un menoscabo en las percepciones, prestaciones y demás derechos de carácter laboral, se estima que dichos agentes de seguridad no tienen interés ni jurídico ni legítimo para impugnar dicha orden. De igual forma resulta aplicable la tesis I.7o.A.420 A, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2499, de rubro y texto: "SEGURIDAD PÚBLICA. EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS NO LES OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA COMBATIRLO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, A MENOS QUE AQUÉL IMPLIQUE UN MENOSCABO EN SUS PERCEPCIONES. Si bien es cierto que atendiendo a la naturaleza de sus funciones, el cambio de adscripción de los elementos de seguridad pública por necesidades del servicio no les da interés jurídico para combatirlo a través del juicio de garantías, también lo es que esto no sucede así cuando, producto de ese mismo cambio de adscripción, se cause un menoscabo al salario o percepciones del interesado; ello es así porque tal disminución prestacional constituye un acto de privación de derechos susceptible de ser examinado por el órgano constitucional, principalmente cuando el alegato del quejoso consiste en no haber sido escuchado por la autoridad en forma previa a la determinación de dicho cambio de adscripción." Por lo anterior, si el acto reclamado consiste en una orden de adscripción por necesidades del servicio, de Juan José Velázquez Domínguez, policía adscrito a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, a otra dirección dentro de la misma corporación, en la que expresamente se refirió que "continuará prestando sus servicios en esta Institución con el grado de Oficial que actualmente ostenta" [sic], resulta evidente para este resolutor que el quejoso no cuenta con interés para impugnarlo en amparo, ya que ese acto no produce afectación alguna en la esfera jurídica del quejoso, quien no tiene derecho a la inamovilidad en su adscripción actual. Máxime, que de la misma orden se advierte que continuará desempeñándose como oficial de policía, es decir no se afectarán ninguno de sus derechos laborales y que el propio quejoso en su demanda de amparo únicamente se duele de que no se le expresaron detalladamente los motivos de su cambio, ni se le escuchó en garantía de audiencia, previamente a tomar la decisión impugnada. En consecuencia, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, procede SOBRESEER en el presente juicio biinstancial. Atento a los razonamientos vertidos en esta resolución, este juzgador se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa con relación a la inconstitucionalidad que se aduce de los actos combatidos.11 Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 65, 73, 74, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ------------, por propio derecho, contra el acto precisados en el considerando SEGUNDO, y por las razones sostenidas en el considerando CUARTO de la presente resolución. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 2112 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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