Juan Jose Vega Sanchez

Expediente 2079/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2079/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
31/01/2017

Partes del expediente

  • Juan Jose Vega Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la razón actuarial asentada por el fedatario adscrito a este Juzgado de Distrito, en la que hace constar la imposibilidad que tiene para notificar al quejoso **, el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, en virtud de que al constituirse en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, fue informado por el personal de dicho centro que el quejoso egresó de dicho centro penitenciario, para ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS Guanajuato", autorizado mediante oficio **, por lo que no fue posible llevar a cabo la diligencia encomendada. Atento a lo anterior, con fundamento en el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, en turno, con residencia en León, para que en auxilio de las labores de este Órgano Jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su digno cargo, se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS Guanajuato", ubicado en **, el contenido el presente auto, así como el diverso de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, haciéndole entrega de copia autorizada de los mismos, debiendo asentar tal circunstancia; habilitándose días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la ley de la materia. Finalmente, se solicita a la autoridad en mención, para que una vez realizada la notificación de mérito y de no existir inconveniente alguno remita las constancias respectivas. Notifíquese; y personalmente al quejoso por medio de exhorto.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Juan José Vega Sánchez, hubiese recurrido el auto de quince de diciembre de dos mil dieciséis, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, agréguese a los autos el original y duplicado del incidente de suspensión, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Por otra parte, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que en su único punto resolutivo se declaró sin materia dicha medida cautelar, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    RESUELVE: UNICO. SE DECLARA SIN MATERIA EL PRESENTE INCIDENTE, respecto del acto precisado en el considerando segundo y por las razones establecidas en el ultimo considerando. Notifiquese; y personalmente a la parte quejosa por medio de exhorto.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial con sede en Ayala, Morelos; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convengan. De conformidad con el numeral 26, fracción II, de la Ley de la Materia, téngase por señalados para oír y recibir notificaciones, el domicilio que indica. Con fundamento en los dispositivos 119 y 123 de la Ley de amparo, se tienen como pruebas las documentales que adjunta, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad oficiante, en específico del acta administrativa número 106/2016 de fecha seis de diciembre del año en curso, se desprende que en cumplimiento al oficio SEGOB/CNS/OADPRS/46479/2016 de veintiocho de noviembre de la presente anualidad, se trasladó al *** al Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS Guanajuato". En mérito de lo anterior, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" En relación con esta causa de improcedencia, destaca la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 858, materia civil, tomo CIV, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época que dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." Así también es conveniente citar la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, Tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; sin embargo, conforme al texto de la ley de la materia y a las interpretaciones jurisprudenciales citadas, la procedencia del juicio de amparo está condicionada, entre otros supuestos, a que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, el motivo de improcedencia a que alude la fracción XXII del numeral 61 de la ley de la materia, surge a partir de que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba se modificó sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten. Lo hasta ahora expuesto, tiene relevancia en el caso concreto, en virtud que el quejoso reclamó en esta instancia constitucional la negativa de concederle una llamada telefónica y de videoconferencia adicionales a las que tenía asignadas en el interior del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial con sede en Ayala, Morelos. En ese sentido, si *** fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS Guanajuato", es evidente que deja de existir la materia sobre el cual se solicitó la protección de la justicia de la Unión. En tal virtud, aun cuando subsiste el acto reclamado (negativa de conceder una llamada telefónica y de videoconferencia adicionales a las que tenía asignadas) la concesión de amparo que pudiera alcanzar la parte quejosa no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, dado que fue trasladado del centro penitenciario en donde se encontraba a uno diverso, con sede en Guanajuato, de lo que se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de conformidad con el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia. Cobra aplicación, una vez más, por su contenido jurídico la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, correspondiente al mes de diciembre de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo promovido por el qujeoso Juan José Vega Sánchez, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables. Por tanto, desde este momento se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. En las anotadas consideraciones, con fundamento en el numeral 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa, el presente auto, así como los subsecuentes, por medio de las listas de acuerdos que se fijan en un lugar visible de este Juzgado Federal. En consecuencia, toda vez que el quejoso *** se encuentra interno en el Centro Federal de Rehabilitación Social Número 12 "CPS Número 12 CPS Guanajuato", con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el diverso 27, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, gírese exhorto al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, con residencia en la Ciudad del mismo nombre, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, se sirva ordenar a quien corresponda, se constituya en las instalaciones del centro penitenciario antes mencionado, el cual tiene su domicilio ubicado en carretera Laguna de Guadalupe, kilómetro 6.5, Piedras Negras, Ocampo, Guanajuato, a efecto de que lleve a cabo la notificación del presente auto al quejoso Juan José Vega Sánchez, haciéndole entrega del mismo en copia simple, habilitándolo para que realice tal formalidad procesal, inclusive, en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de amparo (siempre y cuando la autoridad responsable se encuentre en labores). En ese sentido, este juzgado federal otorga plenitud de jurisdicción al Juez de Distrito exhortado para que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para el desahogo de la comunicación oficial de referencia. Finalmente, se solicita a la autoridad en mención, para que una vez realizada la notificación de mérito y de no existir inconveniente alguno remita las constancias respectivas. Notifíquese; y cúmplase. Lo proveyó y firma, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Nicolás Contreras Velázquez, Secretario que autoriza y da fe.

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