Juan José Torres Torres
Expediente 34/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 34/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan José Torres Torres
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO EL AUTO DE CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO... SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO... ES SUSCEPTIBLÑE DE DESTRUCCION...
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA QUE ANTECEDE, ASENTADA POR EL ACTUARIO JUDICIAL DE LA ADSCRIPCION, MEDIANTE LA CUAL MANIFIESTA QUE NO LE FUE POSIBLE NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CUATRO DE JUNIO DE LOS CORRIENTES, POR LAS RAZONES EXPUESTAS... EN CONSECUENCIA, HAGASELE LA NOTIFICACION CORRESPONDIENTE DEL AUTO DE CUATRO DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, ASI COMO LAS SUBSECUENTES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, HASTA EN TANTO LA PARTE QUEJOSA SEÑALE DIVERSO DOMICILIO EN ESTA CIUDAD PARA RECIBIR CITAS Y NOTIFICACIONES... SE TRANSCRIBE EL PROVEÍDO ANTES CITADO: Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Juan José Torres Torres, contra un acto de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco; regístrese en el libro de gobierno con el número 34/2018-VI-12, fórmese expediente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). ANÁLISIS DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, para lo cual, en principio ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y en sus anexos; siendo que, por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos, las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Al analizar la demanda de amparo presentada por el quejoso, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se aprecia que destaca como acto reclamado: El proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral 830/2018, del índice de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual, señaló las doce horas del siete de noviembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, cabe destacar que en el amparo en revisión 2021/2009, el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para declarar improcedente el juicio, al advertir la imposibilidad para restituir al quejoso en el goce del derecho violado, es necesario realizar un ejercicio especulativo sobre una posible violación de derechos, para determinar la eficacia para restaurar el orden constitucional que se alega violado, es decir, debe llevarse a cabo un análisis conjunto del derecho que se aduce transgredido, a la luz del acto de autoridad y la afectación, con la finalidad de determinar si la autoridad responsable está en posibilidad de repararla. Así se pronunció el Máximo Tribunal del País, para argumentar sobre el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 76 y 80 de la abrogada Ley de Amparo (de redacción similar al 61, fracción XXIII, 73 y 77 fracción I, de la actual legislación de amparo), así como 107, fracción II de la Carta Magna. Así, en dicha ejecutoria se consideró por mayoría de votos, que constituye una obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, verificar que de existir una posible violación de derechos humanos, dicha decisión pueda concretar sus efectos. En efecto, la técnica del juicio de amparo permite desarrollar un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, con el propósito de visualizar si la restitución de la quejosa en el goce del derecho violado se podría alcanzar, pues carecería de lógica y sentido práctico el análisis del acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, interpretado en sentido contrario, ambos de Ley de Amparo, por lo que se debe desechar de plano la demanda que nos ocupa; numerales que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." En efecto, de lo expuesto en el amparo en revisión 2021/2009 y de los preceptos legales transcritos, se obtiene que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; por tanto, el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, atento a que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se restituiría al agraviado en el pleno goce de sus derechos vulnerados, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando los derechos quebrantados en perjuicio de la parte quejosa. En el caso, se reclama el proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral 830/2018, del índice de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, en el que se fijaron las doce horas del siete de noviembre de este año, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Acto que aun y cuando se considerara inconstitucional, no podría restituirse al quejoso en el derecho humano que se estima violentado; pues por ello, es menester determinar si, en su caso, la sentencia que conceda la protección constitucional podría concretar sus efectos. En ese sentido, la concesión del amparo sería para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el proveído reclamado en la parte en que se señaló fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y, en su lugar, dictara otro, en el que fijara nueva fecha para su celebración, dentro de los términos de ley. Ahora, tomando en consideración los indicadores estadísticos de productividad que se reflejan en la página de la Dirección General de Estadística del Consejo de la Judicatura Federal (http://www.dgepj.cjf.gob.mx/), respectivamente del Juzgado de Distrito y del Tribunal Colegiado, de los cuales se desprende que los juicios de amparo por regla general, en este Circuito, se resuelven en definitiva en un plazo que podría ser hasta de nueve meses (incluyendo recurso de revisión); ello evidencia que, de concederse el amparo, no tendría finalidad práctica alguna, ya que no podría restituirse al quejoso en el pleno goce de su derecho violado, en la medida en que sería física y jurídicamente imposible su cumplimiento, incluso podría generar un efecto contrario a las pretensiones del quejoso. Ello es así, si se toma en cuenta el tiempo promedio de duración en el trámite del juicio de amparo, puesto que al momento de resolver, la fecha señalada para la audiencia ya habría acontecido; así, lejos de obtener un beneficio como sería acortar los términos con base en la ley el aplicable al acto reclamado, podría ocasionar incluso el diferimiento de la referida audiencia; además para la responsable sería imposible retrotraer el tiempo transcurrido entre el dictado del acuerdo reclamado y la fecha señalada para la celebración de la aludida audiencia. Por ende, debe concluirse que de admitir a trámite la demanda de amparo y resolverse definitivamente en el plazo estimado de nueve meses, no sería factible restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados (impartición de justicia pronta y expedita), en caso de que se le concediera la protección constitucional; además, la probable infracción no podría ser subsanada con el pronunciamiento del fallo porque la aludida audiencia fue fijada para el siete de noviembre de dos mil dieciocho, y ningún fin práctico tendría conceder la protección constitucional solicitada, pues se insiste, sólo se retardaría aún más el litigio, cuestión de la cual precisamente se resiente el inconforme. En efecto, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, los efectos de la sentencia de amparo serán restitutorios, es decir, devolver al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Ello es así, porque aun cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis 1a. XXXII/2014 (10a.), ha sostenido que los efectos de las sentencias de amparo, están determinados por la violación al derecho fundamental de cada caso concreto , es decir, dependerá de las pretensiones de los reclamantes, la naturaleza y objeto del proceso; sin embargo, también es verdad que continúa firme el criterio de que de tratándose de actos positivos, la restitución al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, será restituirla plenamente volviendo las cosas al estado que originalmente tenían, esto es, retrotrayendo las cosas al momento en que se originó la afectación a la esfera jurídica del gobernado como si tal afectación nunca hubiera ocurrido. Toma vigencia al caso, la jurisprudencia 2a./J. 184/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS. El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en el cual se encontraban antes de la violación, pero este principio no es irrestricto ni absoluto, pues está subordinado al fundamento de orden público que rige los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo, conforme al cual el conjunto de instituciones jurídicas propias de una comunidad necesarias para la convivencia pacífica entre sus miembros no puede alterarse. Ahora bien, de acuerdo con este principio, los alcances restitutorios de una ejecutoria deben materializarse sobre derechos legítimos, esto es, respecto de aquellas prerrogativas de los gobernados legalmente tuteladas, pues de no ser así, la sentencia de amparo podría utilizarse como un instrumento para efectuar actos contrarios a las leyes y al orden público, en agravio de derechos legítimos de otros gobernados, lo cual no debe permitirse, ya que por su naturaleza, ésta es el instrumento para restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas y no un medio para efectuar actos contrarios a la ley o legitimar situaciones de hecho que se encuentren al margen de ella.". Lo hasta aquí relacionado, pone de manifiesto que el juicio de amparo, en términos del artículo 1 de la Ley de Amparo, constituye un medio de control constitucional extraordinario para el gobernado que tiene por objeto tutelar sus derechos fundamentales -particulares o colectivos- frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la Ley de Amparo. Ahora, para hacer efectiva la tutela constitucional de los derechos fundamentales de la parte quejosa, es imperioso tener en cuenta que el juicio de amparo siempre debe tener una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, es decir, hipotética o imaginativa que no permita que la sentencia que se dicte en el juicio de amparo, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de tal violación. Lo anterior, ha sido reconocido incluso por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P/J 90/97 , de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Además, atendiendo a la última parte del referido numeral 77 de la Ley de Amparo, la sentencia concesoria de amparo surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada, o cause estado por ministerio de ley. Si en el presente caso, la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló como acto reclamado destacado, lo acordado en el proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho, en el expediente laboral 830/2018, -donde tiene el carácter de actor- por haberse señalado fecha lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, esto es, el siete de noviembre de esta anualidad; es inconcuso, que en esta data, cuatro de junio de dos mil dieciocho, a ningún caso práctico llevaría emprender el estudio de fondo que se propone sobre la dilación procesal que se reclama por parte de la responsable al señalar fecha lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente de origen, porque aun en el supuesto de que la sentencia fuera favorable al impetrante de amparo y se resolviera la ilegalidad de tal proceder de la responsable, no sería material ni jurídicamente posible restituirla en el goce de su derecho fundamental violado, es decir, en el retardo por el tiempo injustificado que le provocó la actuación de la Junta responsable, pues la fecha que a decir del quejoso fue indebidamente señalada como lejana, se encuentra próxima a celebrarse, con independencia de que tal audiencia de ley en el procedimiento obrero, tenga o no verificativo. Además, como se dejó apuntado, en términos del artículo 77, último párrafo de la Ley de Amparo, en el caso de que el inconforme obtuviera sentencia favorable a sus intereses a la presente fecha, tal fallo protector no podría surtir sus efectos inmediatamente, sino hasta que se declarara ejecutoriado o causara estado por ministerio de ley, es decir, hasta después de trascurrido el plazo de diez días hábiles a que alude el artículo 86 de la ley de la materia, como plazo para interponer el recurso de revisión contra dicho fallo; lo cual hace más notorio que existe la imposibilidad jurídica de que se produjeran los efectos restitutorios de una posible sentencia concesoria; incluso de recurrirse en revisión la posible sentencia amparadora, pues en ese caso habría que esperar a que resolviera tal recurso, en franco perjuicio de los intereses de la parte quejosa; que según datos estadísticos se trata de nueve meses. A mayor abundamiento, es pertinente señalar, que el expediente laboral 830/2018, en que el quejoso es parte actora, no es el único asunto sometido a la competencia de la autoridad responsable, esto en razón que como es el conocimiento público y de hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en dicha Junta existe una carga excesiva de trabajo, aunado a que no cuenta con recursos materiales ni humanos para realizar las diligencias dentro de los plazos establecidos por la Ley Federal del Trabajo; por esas razones resulta humanamente imposible programar un excesivo número de audiencias, al no contar con el personal suficiente para solventar el trámite de los juicios; siendo necesario que en efecto, se debe examinar cada caso y considerar que el legislador al fijar los plazos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema, resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación correspondiente en la Ley Federal del Trabajo, respecto del plazo para el desahogo de las audiencias respectivas, tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, ello debe ser considerado para calificar la actuación de la autoridad en relación a la pronta impartición de justicia. Sirve de apoyo la tesis P./J.32/92, de la Octava Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 18 del Tomo 57, septiembre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "TERMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUO INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERO EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERISTICAS DEL CASO.El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia." Por tanto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en los artículos 61 fracción XXIII, en relación con el 77, fracción I, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo...
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco · 9,614 expedientes
- Juan José Pérez Montiel2144/2019
- Juan José Pineda Martínez272/2018
- Juan José Pita Muñoz176/2018
- Juan José Pita Muñoz500/2018
- Juan José Torres Álvarez1612/2023
- Juan José Torres Torres1125/2019
- Juan José Zamudio Ramírez546/2023
- Juan Landero Marín1274/2023
- Juan Landero Marín1399/2021
- Juan León Velázquez985/2019
- Juan López Cerino1000/2020
- Juan López Cerino1423/2019