Juan José Tavera Hernández

Expediente 61/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
61/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/02/2021

Partes del expediente

  • Juan José Tavera Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, transcurrió del dos al nueve de febrero del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese Personalmente.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de enero de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio número 9/2021, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo directo 621/2020, en razón a que dicho órgano jurisdiccional, mediante proveído de dieciocho de enero del año que transcurre, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Primero Civil, con sede en esta ciudad; acúsese recibo de estilo. Por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de Amparo, esta potestad federal se avoca a su estudio. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Primero Civil, con sede en esta ciudad, de la que se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra los actos de autoridad algún recurso o medio de defensa, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición de la interesada y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En la especie el acto reclamado se hace consistir en: ".EL PROVEÍDO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 Y NOTIFICADO POR LISTA EL 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 (toda vez que no se me permitía ver el expediente hasta ese día ya que este se encontraba en firma o digitalizarse) donde resuelve indebidamente la AUTORIDAD RESPONSABLE LA NO ADMISIÓN E IMPROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES POR DEFECTO EN LA NOTIFICACIÓN PRACTICADA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, DENTRO DEL JUICIO Ejecutivo Mercantil número 184/2018 PROMOVIDO POR EL HOY QUEJOSO." Ahora bien, como se dijo se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque en contra de los actos reclamados, es procedente el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio aplicable, conforme al cual los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el Juez o Tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio. En efecto, los preceptos 1334 y 1339, del ordenamiento legal invocado en el párrafo anterior, disponen: Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. [.] Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente". De los numerales reproducidos se desprende, que los autos y decretos que no fueren apelables, pueden ser revocados por el juez que los dictó; que el recurso de apelación solo procede en juicios mercantiles cuyo monto sea mayor a seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos con ochenta y nueve centavos, sin tomar en consideración los intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Sin embargo, la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra un acto dictado en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, como en el caso, no es inmediata, sino que está sujeta a que la quejosa cumpla con el principio de definitividad necesario para la procedencia de esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 277/2011, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, en sesión de dieciocho de enero de dos mil doce, la cual se encuentra pendiente de publicación y dispone: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo a anularlo". Por tanto, la parte quejosa debió impugnar el acto reclamado a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio invocado, antes de promover el presente juicio de garantías, pues la aquí quejosa es parte formal en el juicio de origen. Lo anterior pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, atendiendo a que el hecho de que el acto reclamado no es apelable, no implica que el presente juicio de amparo indirecto proceda de manera inmediata en contra de tal acto, sino que para ello, el impetrante debió impugnarlo a través del recurso de revocación, antes de instar la vía constitucional, por actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 1334, del cuerpo normativo mercantil citado, además de que no se trata de un auto contra el cual la ley expresamente prevea la irrecurribilidad, ya que es mediante ese medio de defensa ordinario que se puede modificar o revocar y por ende, se debió agotar antes de acudir al juicio constitucional atento al principio de definitividad. Tiene aplicación a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 59/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 157, tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de garantías se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Camelinas, número 3233, interior 307, Fraccionamiento Las Américas, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Nahúm Eugenio García Zamora, quien gozará de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional número 1344430 , que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, no así a Guadalupe Arana Romero, en tanto acredite estar legalmente facultada para ejercer la licenciatura en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese Personalmente.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veinte de enero dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veinte de enero de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio número 9/2021, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo directo 621/2020, en razón a que dicho órgano jurisdiccional, mediante proveído de dieciocho de enero del año que transcurre, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Primero Civil, con sede en esta ciudad; acúsese recibo de estilo. Por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de Amparo, esta potestad federal se avoca a su estudio. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Primero Civil, con sede en esta ciudad, de la que se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra los actos de autoridad algún recurso o medio de defensa, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición de la interesada y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En la especie el acto reclamado se hace consistir en: ".EL PROVEÍDO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 Y NOTIFICADO POR LISTA EL 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 (toda vez que no se me permitía ver el expediente hasta ese día ya que este se encontraba en firma o digitalizarse) donde resuelve indebidamente la AUTORIDAD RESPONSABLE LA NO ADMISIÓN E IMPROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES POR DEFECTO EN LA NOTIFICACIÓN PRACTICADA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, DENTRO DEL JUICIO Ejecutivo Mercantil número 184/2018 PROMOVIDO POR EL HOY QUEJOSO." Ahora bien, como se dijo se actualiza la causal de improcedencia invocada, porque en contra de los actos reclamados, es procedente el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio aplicable, conforme al cual los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el Juez o Tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio. En efecto, los preceptos 1334 y 1339, del ordenamiento legal invocado en el párrafo anterior, disponen: Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. [.] Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente". De los numerales reproducidos se desprende, que los autos y decretos que no fueren apelables, pueden ser revocados por el juez que los dictó; que el recurso de apelación solo procede en juicios mercantiles cuyo monto sea mayor a seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos con ochenta y nueve centavos, sin tomar en consideración los intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Sin embargo, la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra un acto dictado en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, como en el caso, no es inmediata, sino que está sujeta a que la quejosa cumpla con el principio de definitividad necesario para la procedencia de esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 277/2011, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, en sesión de dieciocho de enero de dos mil doce, la cual se encuentra pendiente de publicación y dispone: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo a anularlo". Por tanto, la parte quejosa debió impugnar el acto reclamado a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio invocado, antes de promover el presente juicio de garantías, pues la aquí quejosa es parte formal en el juicio de origen. Lo anterior pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, atendiendo a que el hecho de que el acto reclamado no es apelable, no implica que el presente juicio de amparo indirecto proceda de manera inmediata en contra de tal acto, sino que para ello, el impetrante debió impugnarlo a través del recurso de revocación, antes de instar la vía constitucional, por actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 1334, del cuerpo normativo mercantil citado, además de que no se trata de un auto contra el cual la ley expresamente prevea la irrecurribilidad, ya que es mediante ese medio de defensa ordinario que se puede modificar o revocar y por ende, se debió agotar antes de acudir al juicio constitucional atento al principio de definitividad. Tiene aplicación a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 59/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 157, tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de garantías se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Camelinas, número 3233, interior 307, Fraccionamiento Las Américas, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Nahúm Eugenio García Zamora, quien gozará de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional número 1344430 , que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, no así a Guadalupe Arana Romero, en tanto acredite estar legalmente facultada para ejercer la licenciatura en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese Personalmente.

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