Juan José Talavera Fentanes

Expediente 6/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
6/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
24/03/2017

Partes del expediente

  • Juan José Talavera Fentanes

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Matera Penal de este mismo circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, dictada dentro del conflicto competencial número 1/2017, de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado determinó que es competente el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, para resolver el juicio de Amparo de indirecto 39/2017 de su índice. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas del expediente y anexo, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el remite el juicio de amparo 39/2017 de su índice, formado con motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo en que se actúa. Ahora bien, el Titular del referido órgano jurisdiccional mediante acuerdo de diez de enero del año en curso no aceptó la competencia planteada al considerar que por razón de territorio no es legalmente para conocer de la demanda de mérito. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". Atendiendo a lo expuesto, con todo respeto, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, no comparte esas alegaciones y reitera que este órgano jurisdiccional carece de competencia por razón de territorio para conocer de los actos antes mencionados, en virtud de que el quejoso refiere en la demanda de mérito encontrarse recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "C.P.S.", ubicado en el municipio de Miahuatlán, Oaxaca. [...] De los preceptos transcritos se desprende, en lo conducente, que es competente para conocer de un juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que recibida una demanda por un juez de distrito que estime carecer de competencia, la remitirá de plano al juez competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, los actos reclamados por el quejoso consisten en: "a) La orden de aprehensión que se dictó en mi contra, dentro del proceso 35/1993 del Juzgado Quinto en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, con sede en Puebla, Puebla, por los delitos de robo calificado, robo de vehículo, lesiones y asociación delictuosa. sin soslayar que se me ha causado una tortura física y psicológica, la autoridad reclamada como responsable, amén de que por esa orden de aprehensión que se dictó en mi contra; en el lugar donde me encuentro recluido no se me da trabajo." Dicho acto, de acuerdo a su naturaleza, tiene ejecución material, la cual, según se desprende de la demanda de amparo, se llevará a cabo en un territorio distinto al en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, toda vez que el quejoso relató, bajo protesta de decir verdad, encontrarse privado de su libertad, en el Centro de Readaptación indicado, el cual se localiza en el Estado de Oaxaca. En ese contexto, a partir de la hipótesis normativa consagrada en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, en la cual se prevé que el Juez competente para conocer de la demanda de garantías será el de la jurisdicción donde tiene lugar la ejecución de los actos reclamados, es decir, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual van dirigidos los actos reclamados o se estén llevando a cabo, se concluye que en el caso, la competencia para conocer de este asunto se surte en favor de los juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en el territorio del Estado de Oaxaca, concretamente, en el municipio de Miahuatlán. En el entendido que si el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que está recluido en un Centro de Reinserción Social de Oaxaca, por ende, es evidente que la orden de captura se ejecutará en dicha entidad; pues tal circunstancia conlleva que la ejecución material se realice donde actualmente aquél está privado de su libertad. Luego, en el caso es innecesario requerirlo para ver si es su deseo señalar autoridad ejecutora con residencia en el lugar donde está recluido, pues aun en el extremo que no señale autoridad ejecutora, como quiera el acto reclamado tendrá ejecución en el lugar donde está recluido. Por todo lo expuesto con anterioridad, el suscrito insiste en que carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por xxx consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra, dentro del proceso 35/1993 del Juzgado Quinto en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, con sede en Puebla. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito el presente expediente, por conducto de la Oficialía de Partes de dichos órganos colegiados, a efecto de que resuelva que juzgado debe continuar con el conocimiento del presente asunto solicitándole que se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, comunicando el acuerdo que recaiga con motivo de este proveído. Así mismo, hágase del conocimiento del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, el contenido de esta resolución para que exponga ante el tribunal lo que estime pertinente.

  3. Principal

    RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por JUAN JOSÉ TALAVERA FENTANES, contra los actos del JUEZ QUINTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 6/2017. INCOMPETENCIA Tomando en consideración que las cuestiones de competencia son de orden público y de pronunciamiento oficioso, por imperativo del artículo 16, párrafo primero, constitucional, es necesario precisar que este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías, conforme a lo previsto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que disponen: xxx Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente.". De los preceptos transcritos se desprende, en lo conducente, que es competente para conocer de un juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que recibida una demanda por un juez de distrito que estime carecer de competencia, la remitirá de plano al juez competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, los actos reclamados por el quejoso consisten en: xxxx Tales actos se atribuyen, en su calidad de autoridad ordenadora, al Juez Quinto en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, así mismo el quejoso manifiesta encontrarse privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS", con domicilio en Carretera Mengolí de Morelos, Agencia Yegachin, Yegachin, kilómetro 6 Municipio Miahuatlán de Porfirio Díaz, en el Estado de Oaxaca. Dichos actos, de acuerdo a su naturaleza, tiene ejecución material, la cual, según se desprende de la demanda de amparo, se puede llevar a cabo en un territorio distinto al en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, toda vez que el quejoso relató, bajo protesta de decir verdad, encontrarse, al instar este medio extraordinario de defensa, privado de su libertad, en el Centro de Readaptación indicado, el cual se localiza en el Estado de Oaxaca. En ese contexto, a partir de la hipótesis normativa consagrada en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, en la cual se prevé que el Juez competente para conocer de la demanda de garantías será el de la jurisdicción donde tiene lugar la ejecución de los actos reclamados, es decir, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual van dirigidos los actos reclamados o se estén llevando a cabo, se concluye que en el caso, la competencia para conocer de este asunto se surte en favor de los juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en el territorio del Estado de Oaxaca, concretamente, en el municipio de Miahuatlán. Esto, en tanto que el acto reclamado, conlleva ejecución material en donde actualmente aquél está privado de su libertad. En efecto, la situación de la cual el quejoso hace depender la transgresión a sus derechos fundamentales relativa a que se encuentra pendiente de ejecutarse la orden de aprehensión decretada por el Juez Quinto de lo Penal de la Ciudad de Puebla, dentro del proceso 35/1993 de su índice, implica, de suyo, que al encontrarse privado de su libertad en el Estado de Oaxaca, de ahí que el acto reclamado tiene ejecución en dicho territorio, en el cual este Juzgado de Distrito no ejerce jurisdicción. Ahora bien, respecto a las manifestaciones que realiza el quejoso en relación a haber sufrido tortura física, psicológica y moral, de la demanda de cuenta se advierte que dicha tortura se la atribuye a la emisión de la mencionada orden de aprehensión, por tanto, no son actos destacados reclamados a la responsable, de ahí que el suscrito no se pronuncie respecto de la suspensión de tal tortura, máxime que el quejoso solicita la referida medida cautelar únicamente para que no se ejecute la orden de aprehensión. De ahí que la autoridad competente para conocer del juicio de garantías en que se actúa lo es el JUZGADO DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE OAXACA, CON RESIDENCIA EN OAXACA. En tales condiciones, este Juzgado declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, por lo que declina dicha competencia a favor del JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE OAXACA, CON RESIDENCIA EN OAXACA, en conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. En mérito de lo anterior, remítase la demanda de garantías y su anexo, por conducto de la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, CON RESIDENCIA EN OAXACA. Con las constancias conducentes fórmese el expedientillo de antecedentes, háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase al quejoso señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro de su reclusión, esto es, el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), número 13, CPS, ubicado en el municipio de Miahuatlán, Oaxaca; en tales condiciones, gírese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca, en Turno, a fin de que por su conducto notifique a dicho quejoso el contenido del presente proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice la comunicación oficial del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al Actuario Judicial adscrito a ese órgano jurisdiccional para que de ser necesario se constituya en el referido domicilio aún en días y horas inhábiles.

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