Juan José Santiago Martínez

Expediente 279/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
279/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • Juan José Santiago Martínez
  • Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    P 279/2023, mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de mayo del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Plazo de diversas autoridades. Resulta innecesario jurídicamente hacer pronunciamiento y esperar a que transcurra el plazo respectivo para las autoridades responsables y para la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. 3. Devolución del tomo anexo. Devuélvase a la autoridad responsable, presidente de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, el original del expediente ********************de su índice, que remitió como apoyo al informe justificado que rindió y que obra como tomo anexo I relativo a este juicio. 4. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; por tanto, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la resolución respectiva sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14 y 17 de este último Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Destino (conservable). Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), de ese Acuerdo General, este expediente es CONSERVABLE; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en primer párrafo del artículo 17 del acuerdo mencionado. 5.2 Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable. 6. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que en el expediente electrónico se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    P. 279/2023-mesa 6 Visto para resolver el juicio de amparo 279/2023, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el veintidós de marzo del año en curso, y turnado a este órgano jurisdiccional el veintitrés de marzo siguiente, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, ***, a través de su apoderada legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca; que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés se registró la demanda de amparo con el expediente *** y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Previo cumplimiento a la prevención efectuada, en auto de diez de abril de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , por tratarse de un asunto de naturaleza laboral. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, escrito aclaratorio, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: De la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca: ? El acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ***, en el que se calificaron las pruebas ofrecidas por las partes en dicho expediente. No pasa desapercibido que la parte quejosa en la demanda de amparo, en el capítulo respectivo a los "actos reclamados", señaló, como tal, la violación al derecho del quejoso de Administración de Justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, los mismos no se tiene como actos destacados, pues se trata de un calificativo tendiente a demostrar la inconstitucionalidad del acto consistente en el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ***, el cual ya se encuentra señalado como acto reclamado; de ahí que no se tenga como acto destacado. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como en la tesis del Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro 181810, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO ". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado, la autoridad responsable, presidente de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado, pues informó que en acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ***, calificó las pruebas ofrecidas por las partes y señaló fecha y hora para su desahogo. Tal aseveración queda acreditada con el original del expediente *** de su estadística, misma que obra como tomo anexo I, relativo a este juicio de amparo, y a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo. CUARTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo. La parte quejosa argumentó, esencialmente, que la autoridad responsable violó en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Federal, porque las fechas que señaló para el desahogo de la pruebas en el expediente ***, se excedieron del plazo establecido para tal efecto en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, se considera inoperante el concepto de violación expresado por la parte quejosa tendiente a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, por las siguientes consideraciones. Al respecto, es preciso transcribir el artículo 17 de la Constitución Federal: "Artículo 17.- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." De su contenido se sigue lo siguiente: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso; es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial . De lo anterior se deriva que los tribunales legalmente establecidos deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional en consulta se advierte que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. El artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, establece que la Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en dicha ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Expuesto lo anterior, y ya teniendo un conocimiento más exacto y amplio de la garantía de prontitud en la impartición de justicia y de la manera en que ésta se encuentra inmersa en la ley que regula el procedimiento natural, toca ahora analizar la situación del caso concreto. En ese sentido, se tiene que la responsable ha vulnerado el derecho de prontitud en la impartición de justicia dentro del juicio natural, toda vez que, en el caso, dejó de observar lo establecido en los mencionados preceptos legales, pues señaló fechas para el desahogo de las pruebas fuera del plazo establecido en la Ley Federal del Trabajo para tal efecto, como se aprecia enseguida: La referida autoridad responsable emitió un acuerdo el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ***, en el que admitió el desahogo de diversas pruebas, entre ellas, las siguientes: Pruebas de la parte actora. ? Confesional a cargo de la parte demandada fue señalada para el veintiuno de junio de dos mil veintitrés (puntos 1, 2 y 3 del acuerdo reclamado). ? Documental en vía de cotejo fue señalada para el veintinueve de junio del año en curso (punto 5 del acuerdo reclamado). ? La ratificación de contenido y firma de documental fue señalada para el veintidós de junio del año actual (punto 7 del acuerdo reclamado). ? La testimonial fue señalada para el veintiséis de junio de dos mil veintitrés (punto 9 del acuerdo reclamado). ? La documental en vía de cotejo fue señalada para el veintinueve de junio del año actual (punto 10 del acuerdo reclamado). Pruebas de la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social. ? La confesional a cargo de la parte actora fue señalada para el veintidós de junio del año en curso (punto 1 del acuerdo reclamado). ? El discernimiento de cargo del médico que desahogara la pericial en materia de salud en el trabajo fue señalado para el veintiuno de junio de dos mil veintitrés (punto 3 del acuerdo reclamado). Pruebas de la demandada Gas Milenium, sociedad anónima de capital variable.  La confesional a cargo de la parte actora fue señalada para el veintidós de junio de dos mil veintitrés (punto 1 del acuerdo reclamado). Lo que provoca que se conculque el derecho subjetivo público de justicia pronta y expedita de la parte quejosa, que concede a los particulares una garantía de que la administración de justicia se imparta dentro de los plazos que al efecto establecen las legislaciones aplicables a cada materia. No obstante ello, resulta inoperante el concepto de violación, para los efectos que se persiguen, como a continuación se demostrará. El artículo 77 , fracción I, de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como acontece en el caso concreto; pues la autoridad responsable ha señalado fechas para el desahogo de distintas pruebas fuera de los parámetros establecidos en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, aproximadamente cinco meses después del plazo establecido. Pese a lo anterior, se estima que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, respecto de los señalamientos lejanos para el desahogo de las pruebas descritas, a través de la cual la junta excedió el plazo que tenía para fijarlas; pues si se toma en consideración que esta resolución se notificará a las partes a más tardar al tercer día al de su dictado, que lo es el treinta de mayo del año en curso, se debe tener presente que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para inconformarse de esta determinación, transcurriría en el orden que corresponde del uno al catorce de junio de dos mil veintitrés (sin contar los sábados y domingos por ser inhábiles), por lo que al día siguiente (quince de junio de este año) se estaría en condiciones de pronunciar el acuerdo en el que se declare ejecutoriada la sentencia; en ese contexto, a más tardar el veinte de junio siguiente, se notificaría a la autoridad responsable la referida determinación a efecto de que, conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, siguiente diera cumplimiento al fallo protector, estando obligada la autoridad responsable a emitir el acuerdo respectivo, tentativamente, el veintitrés de junio del año actual (día siguiente al señalado para el desahogo de diversas pruebas); en consecuencia, a partir de esta fecha se encontraría en condiciones de señalar nuevas fechas para el desahogo de las pruebas señaladas, dentro de los diez días hábiles siguientes. Entonces, si actualmente se encuentran señalados el veintiuno, veintidós, veintiséis y veintinueve del junio del año en curso para el desahogo de las pruebas, ningún fin práctico tendría el hecho de que se conceda el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistentes las datas ya fijadas, en virtud de que las mismas ya habrían sido superadas; por tanto, dejar sin efectos la responsable el auto en el que las señaló, tendría que realizar nuevamente la notificación respectiva a las partes, la cual, de no realizarse oportunamente, tendría como consecuencia su diferimiento, lo que causaría mayor retraso en el trámite del juicio natural en perjuicio de la parte quejosa; es decir, conceder el amparo solicitado causaría un perjuicio al quejoso. Por tanto, con ello de ninguna manera se conseguirá la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, como lo establece la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo; lo cual trae como consecuencia que el concepto de violación sea inoperante; razón por la cual procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicitó ***, ante el impedimento jurídico demostrado. SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo que se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ***, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, consistente en el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ***; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL. 279/2023-MESA 6* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de nueve de mayo del año en curso se agregó el informe justificado que rindió el presidente de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca; determinación de la cual quedó notificada la parte quejosa y la agente del Ministerio Público de la adscripción el diez de mayo del año en curso. 2. Diferimiento de la audiencia. Por tanto, dado que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que debe mediar entre la notificación a las partes del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, y a fin de no dejarlas en estado de indefensión, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL. 279/2023-MESA 6* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintitrés. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por el presidente de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, por el que rinde informe justificado; con el mismo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. 2. Prueba. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene a la citada autoridad responsable ofreciendo como prueba documental el original del expediente ******************** de su índice, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. En consecuencia, como lo solicita la autoridad responsable, acuse de recibo del mismo. 3. Se ordena formar tomo anexo I. A fin de facilitar el manejo de este juicio de amparo, con las documentales remitidas por la autoridad responsable, se ordena formar el tomo anexo I relativo a este juicio, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en este Juzgado, respetando el folio, rúbrica y entresello correspondientes. 4. Disposición del tomo anexo. Se precisa a las partes que el tomo anexo antes referido se encuentra disponible en el expediente electrónico de este juicio; sin embargo, en caso de tener alguna imposibilidad de visualizarlo a través de ese medio, podrán consultar el mismo de forma física en las instalaciones de este órgano jurisdiccional ubicado en el edificio del Poder Judicial de la Federación, sede San Bartolo Coyotepec. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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