Juan José Sandoval Vázquez
Expediente 1261/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1261/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan José Sandoval Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Con fundamento en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General antes citado, toda vez que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y que dicha determinación causó estado, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. De autos se advierte que las partes no exhibieron documentos ni garantías que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte.
- Principal
agréguese el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y un anexo que acompaña. Estado de autos. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje: ".la no resolución del incidente de competencia, violentando directamente a la Constitución, en especial en sus artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese tenor, del estudio integral que efectúa a la demanda, así como de las constancias que integran el presente asunto, se colige que el quejoso reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de emitir resolución dentro del juicio laboral 26/2021/E-4, relativa al incidente de competencia promovido por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y Dirección de Educación Media Superior del Gobierno del Estado." Ahora bien, del anexo que la autoridad responsable adjunto a su informe justificado de cuenta, consistente en copia certificada de la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio laboral de origen, la cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo se advierte que ya se emitió la resolución correspondiente al incidente de competencia promovido por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y Dirección de Educación Media Superior del Gobierno del Estado. Causa de improcedencia De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Marco jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38. Caso concreto. De las constancias que integran este juicio, así como del anexo que la autoridad responsable adjunto a su informe justificado se advierte: 1. El diecinueve de enero de dos mil veintiuno, la parte quejosa presentó demanda laboral ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. 2. El seis de octubre el año pasado, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en la cual a la cual se dio cuenta con un escrito presentado por las demandadas Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y Dirección de Educación Media Superior del Gobierno del Estado, en el que interpusieron incidente de competencia. 3. El dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se emitió la resolución correspondiente al incidente de competencia planteado, mismo que se declaró improcedente por las razones que en la misma se exponen, declarándose competente la citada responsable para seguir conociendo de la demanda promovida por Juan José Sandoval Vázquez. En ese contexto, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la emisión de la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se resolución el incidente de competencia planteado en el juicio de origen, se evidencia, que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Tomo VII, febrero de 1998, registro 196820 , Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. Decisión. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del tres de febrero de dos mil veintidós, quedando sin efectos la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que por oficio 1610/2021 recibido el uno de diciembre de dos mil veintiuno, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, comunicó que el segundo periodo vacacional de la mencionada autoridad, comprendería del veinte al treinta y uno diciembre. Luego, en proveído de nueve de diciembre del presente año, se agregó razón actuarial donde devolvió el oficio 39016/2021, dirigido a la autoridad señalada como "Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado", siendo la denominación correcta TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, misma que fue notificada en la diversa comunicación oficial 41554/2021 el diez de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se le solicitó su informe justificado, por lo que el término a que se refiere el artículo 117 primer párrafo de la Ley de Amparo, fenece el catorce de enero de dos mil veintidós, toda vez que dicha autoridad se encontraba gozando de su periodo vacacional. Diferimiento de audiencia constitucional. En términos de lo anterior, para dar oportunidad a que dicha autoridad responsable esté en posibilidades de rendir su informe justificado, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del tres de febrero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma.
- Principal
Glósese la razón levanta por el actuario judicial adscrito, mediante la cual devuelve el oficio 39016/2021, dirigido a la autoridad señalada como "Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado", pues refiere que estando constituido en la oficinas que ocupa dicha autoridad, fue informado que deber ir dirigido a: "TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO". Por tanto, a efecto de que la referida autoridad esté en posibilidad de rendir su informe justificado respectivo, remítasele atento oficio con su denominación correcta, acompañando para tal efecto, copia autorizada del acuerdo de dos de diciembre del año en curso.
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