Juan José Sandoval García
Expediente 773/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/11/2023
Partes del expediente
- Juan José Sandoval García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Zapopan, Jalisco, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento Se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria Del análisis del sumario se advierte que los efectos para los que se concedió el amparo y protección constitucional solicitada, son los siguientes: ".SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado a la parte quejosa, es para el efecto de que la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de no existir impedimento legal alguno, de inmediato dicte la resolución en la que se pronuncie respecto de las pruebas ofrecidas por las partes; y señale hora y fecha para efectuar el desahogo de la totalidad de las pruebas ofertadas por las partes en el juicio laboral ********************, dentro del término que establece la Ley Federal del Trabajo. O bien, manifieste la imposibilidad que para ello tenga." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo En auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se proveyó el comunicado de la Presidenta de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la resolución de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, emitida dentro del juicio laboral ********************, relativa a la reserva de pruebas, de la que se advierte que la responsable se pronunció respecto de la admisión de los medios de convicción ofrecidos por las partes en el juicio de origen, además señaló hora y fecha para el desahogo de dichos medios de pruebas. Es necesario precisar que en dicha determinación se proveyó en los siguientes términos: Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por la parte actora, se admitieron por estar ajustadas a derecho y tener relación con la controversia, no se admitió la inspección ocular de su apartado 4, así como la documental en vía de informe que ofreció en el apartado 5 inciso C y D, al no señalar el domicilio donde deban llevarse a cabo dichas diligencias. Para el desahogo de la confesional para hechos propios contenida en el apartado 1, se señalaron las once horas con quince minutos del uno de septiembre de dos mil veintitrés. Para el desahogo de la confesional para hechos propios contenida en el apartado 2, se señalaron las once horas con cuarenta y cinco minutos del uno de septiembre de dos mil veintitrés. Para el desahogo de la prueba testimonial contenida en el apartado 6, se señalaron las doce horas con treinta minutos del cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por la demandada ********************, se admitieron por estar ajustadas a derecho, y no ser contrarias a la moral y tener relación con la controversia, con excepción de la documental contenida en el apartado IV, inciso E, en virtud de que carece de firmas. No se admitió el medio de perfeccionamiento de su documental, apartado IV, inciso F, consistente en ratificación, contenido y firma, así como la contenida en el apartado IV, inciso G. Se tiene por desahogadas en razón a su propia naturaleza, la documental, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, ofrecidas en los apartados I, III y IV, incisos B, C, D, F y G, respectivamente. Para el desahogo de la confesional ofrecida por la demandada en el apartado 1, a cargo del actor, la ratificación, contenido y firma de la documental que ofrece bajo el apartado IV, inciso a, se señalan las doce horas con quince minutos del cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Para el desahogo de la documental de informes ofrecida por la demandada en el apartado VIII, se giró oficio al ********************, para que en el término de tres días, cumpla con lo peticionado por la junta responsable, con el apercibimiento ahí contenido. Con lo cual, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que hiciera valer lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, se señaló hora y fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de conservación una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Relevancia documental Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en algún supuesto previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado signado por la Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la resolución de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, emitida dentro del juicio laboral 4054/2019, relativa a la reserva de pruebas, de la que se advierte que la responsable se pronunció respecto de la admisión de los medios de convicción ofrecidos por las partes en el juicio de origen, además señaló hora y fecha para el desahogo de dichos medios de pruebas. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes presentaran recurso de revisión contra la sentencia de seis de junio de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y la protección de la justicia, sin que lo hubieran realizado; en consecuencia, se declara ejecutoriada, conforme a lo previsto en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a aquella legislación, por disposición de su numeral 2. Requerimiento. Consecuentemente, solicítese a la responsable, para que dentro del plazo de tres días, de cumplimiento a la ejecutora de mérito, y lo acredite con las constancias idóneas, conforme lo dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo. Lo anterior, deberá acreditarlo con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentran realizando para tal fin; ello, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tengan, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros electrónico y de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Finalmente, se tiene por recibido el escrito firmado por el Autorizado del quejoso, mediante el cual solicita que se declare ejecutoriada la sentencia pronunciada en el presente juicio y se requiera a las responsables por el cumplimiento del fallo protector. Al respecto dígasele que se esté a lo acordado en las líneas precedentes. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 773/2023, promovido por ********************, por derecho propio; contra actos de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; y turnado a este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; ********************, por derecho propio solicito el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que en ella precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Federal y expreso los conceptos de violación que estimo pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El cuatro de abril de dos mil veintitrés; se admitió la demanda, se registró con el número 773/2023; se ordenó requerir a la autoridad responsable por su informe de ley; no se dio intervención a terceros interesados; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha para el verificativo la audiencia constitucional. Por ende, una vez celebrada la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, se procede a dictar sentencia, constitucional; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia laboral y reclamarse acto de autoridad residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: De la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje reclama: La omisión de proveer sobre la admisión o desechamiento de las pruebas en el procedimiento laboral ********************. TERCERO. Existencia de la materia de reclamo. Es cierto el acto reclamado, pues así lo confesó la autoridad responsable al rendir su informe justificado en el sentido de que era cierto la omisión atribuida; toda vez que ha sido omisa en dictar resolución sobre la admisión o desechamiento de las probanzas aportadas por las partes contendientes en el juicio laboral ********************, por lo que se acredita la omisión denunciada. En consecuencia, deben tenerse por cierto lo reprochado, pues su manifestación constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, no se advierte causa de improcedencia del juicio constitucional, ni alguna invocada por las partes qué analizar, por lo que se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar en su integridad. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Novena Época, bajo la voz y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Sostiene el quejoso, en esencia, que la junta responsable viola lo establecido en el artículo 880 de la ley laboral aplicable; toda vez que ha sido omiso en acordar sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en la contienda laboral, por lo tanto ha sido omiso en señalar hora y fecha para efectuar el desahogo de la totalidad de las pruebas ofertadas por las partes en el juicio laboral ********************; dejando el juicio totalmente inactivo, siendo que, en el caso, la propia ley establece que el proceso del derecho del trabajo será, entre otros, inmediato. Además, con dicha omisión, la junta de conocimiento está violando el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato...; esto es que debió de dictar resolución sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes desde el siete de junio de dos mil veintidós, según manifestaciones bajo protesta de decir verdad del propio quejoso, y de la autoridad responsable al momento de emitir su informe de ley, no se han proveído las pruebas. Es fundado el concepto de violación. Lo anterior es así, pues no debe perderse de vista que la inconformidad del peticionario la hace depender en cuanto al retardo en la impartición de justicia al violentarse los plazos establecidos en la legislación ordinaria, lo que esencialmente implica que se tenga en cuenta que se duele de una afectación al derecho fundamental de debido acceso a la justicia, específicamente en cuanto a la prontitud y expedites con que debe impartirse, según lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. Ahora bien, el artículo 17 constitucional, que ordena que la administración de justicia se imparta dentro de los plazos que fijen las leyes. ".Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Estos cuatro atributos del derecho concerniente a la administración de justicia han sido explicados en la siguiente jurisprudencia: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: 1. La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; 2. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la autoridad responsable ha retardado el desarrollo normal y oportuno del juicio natural o, en este caso, de la incidencia planteada en este. En ese tenor, los artículos 880 y 883 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes." "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días.". Del contenido de los preceptos transcritos se advierte que, una vez concluido el ofrecimiento, la junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche o bien, en caso de reservar las pruebas ofrecidas, tiene un lapso de cinco días para proveer respecto de las mismas. En la especie, la accionante constitucional indicó que la autoridad responsable, el siete de junio de dos mil veintidós, al celebrar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se reservó para que las partes escucharan el auto de admisión de pruebas; sin que se advierta que se haya dictado, pues no allegó la constancia respectiva, asimismo, manifestó al momento de rendir su informe que aún no se ha pronunciado sobre la admisión o desechamiento de pruebas, de ahí que es evidente que excedió el plazo legal con que contaba para emitir dicha resolución; y la responsable incurrió en la paralización del procedimiento, pues resulta notorio que ha transcurrido en demasía el término para dictar la determinación donde se admita o deseche pruebas. Por lo tanto, se llega a la convicción de que la junta responsable no se ha pronunciado sobre la recepción de las probanzas anunciadas, dentro del plazo legal previsto en el artículo 880, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, pues desde el siete de junio de dos mil veintidós, no se ha pronunciado sobre éstas. Lo anterior, desde luego, sin desconocer que tales términos o plazos estimados para que el órgano del Estado ejerza su actividad jurisdiccional, están referidos a situaciones ordinarias de carga de trabajo; es decir, el legislador estimó determinados términos y plazos conforme con la realidad patente en el contexto real al momento de emitir la norma; empero, con el paso del tiempo, hoy en día es un hecho notorio que esa situación que el legislador tomó en cuenta para establecer los términos o plazos ha sido rebasada; así, el órgano del Estado que ejerza actividad jurisdiccional, ante circunstancias extraordinarias a la norma (exceso en la carga de trabajo) deberán justificar tal situación, porque lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 182160, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 2004, Materia(s): Laboral, página 226, de rubro texto: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo." Por tanto, resulta pertinente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado a la parte quejosa, es para el efecto de que la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de no existir impedimento legal alguno, de inmediato dicte la resolución en la que se pronuncie respecto de las pruebas ofrecidas por las partes; y señale hora y fecha para efectuar el desahogo de la totalidad de las pruebas ofertadas por las partes en el juicio laboral ********************, dentro del término que establece la Ley Federal del Trabajo. O bien, manifieste la imposibilidad que para ello tenga. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia, así como en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), registro 2005150, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** , contra el acto reclamado y autoridad precisados en el considerando segundo y para los efectos indicados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
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