Juan José Sánchez Berumen
Expediente 200/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Juan José Sánchez Berumen
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el auto de once de abril del presente año (fojas 117 a 122), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído, como lo prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la citada ley. Sin que sea necesario computar el término para la interposición el recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido del auto de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que el auto en que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable denominada: No. Autoridad: 1 Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, por Ministerio de Ley. Sin decretar providencia alguna al respecto, toda vez que mediante auto de once de abril del año en curso (fojas 117 a 122), se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.
- Principal
Del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito recibido por la Secretaria de Guardia, el veintiuno de marzo del año en curso (fojas 1 a 3), Martha Rivera Navejar, en representación de Juan José Sánchez Berumen, promovió juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: Autoridad responsable: Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Agente del Ministerio Público, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza. Agente del Ministerio Público de Palaú perteneciente en Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Mineral de Palaú, Coahuila de Zaragoza. Agente del Ministerio Público, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza (San Juan de Sabinas). Agente del Ministerio Público, Mesa I, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Agente del Ministerio Público, Mesa II, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Policía Fuerza Coahuila, destacamentada en Villa Agujita, perteneciente a la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Policía Fuerza Coahuila, División (G.A.T.E.) destacamentada en Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Domicilio ampliamente conocido en dicho lugar detrás de la Agencia automotriz Nissan. Policía Fuerza Coahuila, (PROXIMIDAD) destacamentada en Villa Agujita, perteneciente a la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Domicilio ampliamente conocido en dicho lugar. Policía Fuerza Coahuila, (Preventiva Acreditable) destacamentada en Villa Agujita, perteneciente a la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Domicilio ampliamente conocido en dicho lugar. Policía Investigadora del Estado de Coahuila. Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza. Policía Investigadora del Estado de Coahuila. Palaú dependiente de la ciudad de Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza. Policía Investigadora del Estado de Coahuila. Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza, de la ciudad de San Juan de Sabinas, Coahuila. "ACTO RECLAMADO. Privación ilegal de la libertad de mi concubino, fuera de procedimiento judicial". En la citada fecha, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 200/2016; se requirió por conducto del Actuario de la adscripción, la ratificación del quejoso y la notificación de la suspensión de plano a las autoridades responsables del acto reclamado. En esa tesitura, de la razón actuarial de veintiuno de marzo del año en curso (foja 17), efectuada por el funcionario adscrito se advierte que el quejoso directo Juan José Sánchez Berumen, ratificó la demanda de garantías instaurada en su nombre. De ese modo, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciséis (fojas 19 a 21), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante diversos acuerdos se recibieron los informes respecto a la suspensión de plano decretada, así como los justificados solicitados a las autoridades responsables. Ahora bien, del informe rendido por la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público Investigador del Primer Turno, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza (fojas 70 a 87), se desprende que el aquí quejoso Juan José Sánchez Berumen, fue puesto a su disposición en calidad de detenido por su posible participación en hechos que la ley considera como delito, como lo es el de resistencia de particulares, en hechos ocurridos a las cuatro horas del veintiuno de marzo del año en curso, en un puesto de compra de ganado ubicado en el kilómetro 183, de la carretera Múzquiz ejido San Miguel, esto en el ejido La Unión del municipio de Ocampo, Coahuila, y una vez ya cumplidas las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la puesta a su disposición, el veintitrés del mismo mes y año, giró oficio al Comandante de la Policía Investigadora del Estado, Región Norte I, en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, para que dejara en libertad al citado Sánchez Berumen; tal como se advierte de las constancias que exhibió con su informe justificado. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo en vigor, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual por ende acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: (.) En el caso, de las copias certificadas que adjuntó el Agente del Ministerio Público Investigador del Primer Turno, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, se advierte que el veintitrés de marzo del año en curso, ordenó la libertad del quejoso Juan José Sánchez Berumen. En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la orden de detención, incomunicación, así como los golpes, tormentos, azotes, por parte de las autoridades responsables. Sin embargo, la suscrita Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a guisa de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de garantías contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo, la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera de motu propio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios a los quejosos, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye a los quejosos en la esfera jurídica de sus garantías, como si se les hubiera concedido el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: (.) Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". Asimismo, el máximo Tribunal de la República, ha sustentado que la cesación de efectos, también puede devenir a causa de una reforma legal (como se comentó), lo cual es patente acorde al texto de la siguiente tesis: (.) La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: (.) Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: (.) Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI, artículo 61, de dicha ley, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XXI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En el caso, de las constancias que obran en autos, destaca la siguiente (foja 87): ASUNTO: SE SOLICITA POMNER EN LIBERGAD AL IMPUTADO. COMANDANTE DE LA POLICÍA INVESTIGADORA PRESENTE.- Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, a 23 de marzo del 2016 Toda vez que la persona de nombre JUAN JOSE SANCHEZ BERUMEN, se encuentra a disposición de esta autoridad internado en las celdas de esta representación social, por aparecer como probable responsable de la misión del delito de REISTENCIA DE PARTICULARES, me permito solicitarle ordene a quien corresponda ponga en inmediata libertad a JUAN JOSE SANCHEZ BERUMEN. A T E N T A M E N T E AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ADSCRDITO A LA UNIDAD DE INVESTRIGACIÓN MESA I LIC. SERGIO DELGADO DEL LUNA Documental a la que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En efecto, el quejoso reclamó la orden de detención, incomunicación, así como los golpes, tormentos, azotes, por parte de las autoridades responsables. Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, dado que se encuentra probado en autos que el quejoso obtuvo su libertad desde el veintitrés de marzo del año en curso. Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la autoridad de que se trata, es decir, el Agente Investigador del Ministerio Público del Primer Turno, con residencia Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, restituyó al quejoso en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose así la causal que se invoca. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: (.) En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del veintiocho de abril del año en curso (fojas 19 a 21). Finalmente, agréguese a los autos los informes justificados rendidos por la autoridad responsable: No. Autoridad: Registro de correspondencia 1 Encargado de la Estación de Policía 01 Sabinas, Región Carbonífera Fuerza Coahuila Proximidad Social. Sabinas, Coahuila de Zaragoza. 6420 y 6421 Sin decretar providencia alguna en relación con los mismos, atento a lo acordado en el presente acuerdo.
- Principal
Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por la autoridad responsable: No. Autoridad: 1 Encargado de la Estación de Policía 01 Sabinas, Región Carbonífera Fuerza Coahuila Proximidad Social. Sabinas, Coahuila de Zaragoza (en relación con los oficios 8077/CO y 8079/CO). En consecuencia, pónganse a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, atento a que dicha autoridad responsable rinde informes en relación con los oficios dirigidos a las autoridades: 8077/CO Policía Fuerza Coahuila, destacamentada en Villa Agujita, perteneciente a la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. 8079/CO Policía Fuerza Coahuila (proximidad) destacamentada en Villa Agujita, perteneciente a la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Los oficios subsecuentes que les resulten a dichas autoridades, líbrense en un solo comunicado, es decir, con la denominación señalada en primer término. Por otro lado, agréguese a los autos el diverso informe justificado de la autoridad responsable: No. Autoridad: Registro de correspondencia 1 Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, por Ministerio de Ley. 6306 Sin decretar providencia alguna en relación con ello, atento a que el informe que le fue solicitado fue acordado por auto de siete de abril del año en curso. Por otra parte, agréguense a los autos los sobres que contienen los oficios dirigidos a la autoridad responsable siguiente, devueltos por la Oficina Postal de Correos, en esa ciudad, con las siguientes razones: Oficio Autoridades responsables: Razón 8049/CO y 8080/CO Policía Fuerza Coahuila (Preventiva Acreditable), destacamentada en Villa de Agujita, perteneciente a la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. "No existe autoridad" Por tanto, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto la notificación del presente proveído, manifieste lo que su interés convenga, con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna en el plazo que se le otorga se tendrá como formalmente inexistente, para los efectos del presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior por lo que informa, la tesis VI.2o.C.14 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, con número de registro 2006688, del rubro y texto: "AUTORIDAD RESPONSABLE. SU INCORRECTA DENOMINACIÓN NO CONDUCE A TENERLA POR INEXISTENTE Y SUSPENDER COMUNICACIÓN CON ELLA, SIN PREVIO REQUERIMIENTO AL QUEJOSO PARA QUE LA ACLARE, UNA VEZ ADMITIDA LA DEMANDA DE AMPARO. De los artículos 108, 114 y 115 de la Ley de Amparo, se colige que si al conocer de una demanda de amparo el Juez de Distrito advierte la existencia de irregularidades, deficiencias u omisiones, debe requerir al quejoso para que dentro del término de cinco días las subsane, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda. En caso de que el juzgador no encuentre alguna de dichas irregularidades, admitirá la demanda de amparo, requerirá informe justificado a las autoridades responsables, señalará día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, ordenará el emplazamiento de la parte tercera interesada y, en su caso, aperturará el incidente de suspensión. Por tanto, es ilegal que, una vez admitida la demanda de amparo, el Juez de Distrito aperciba al quejoso que, de no existir las autoridades responsables con la denominación mencionada en aquélla, se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas, pues, en principio, la ley de la materia no prevé la posibilidad de sancionar al quejoso de esa forma, máxime si no medió requerimiento previo al respecto, de manera que se diera oportunidad de subsanar esta circunstancia."
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · 8,673 expedientes
- Juan José Ocura Ramírez385/2023
- Juan José Olivo Nava380/2015
- Juan José Pereda Gutiérrez8/2015
- JUAN JOSE PEREZ CONDADO y Otros.685/2022
- Juan José Rodríguez García229/2020
- Juan José Rodríguez García180/2020
- Juan José Trujillo nava1028/2021
- Juan José Valerio Herrera886/2017
- Juan José Valerio Herrera322/2018
- Juan José Valerio Herrera562/2016
- Juan José Valerio Herrera1014/2018
- Juan José Valerio Herrera387/2016