Juan José Ríos Luna
Expediente 853/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 853/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/09/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan José Ríos Luna
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de septiembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio signado por la Administradora Tributaria en San Antonio de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual solicita que se requiera a la parte quejosa para que comparezca en el local que ocupa la autoridad oficiante a recoger el aviso de pago por la cantidad de $**********, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de diez de septiembre de la presente anualidad, este Juzgado Federal requirió a la parte quejosa para que realizara lo solicitado por la autoridad. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, once de septiembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio de cuenta signado por la Directora de Operación y Control de Pago de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por el que remite copia certificada de la planilla de liquidación en favor del quejoso, respecto del pago de las diferencias de aguinaldo dos mil dieciocho, indicando que en el cálculo realizado para tales efectos se basó conforme al Tabulador de Sueldos y Catálogos de Puestos correspondientes al año en que se concedió el amparo, esto es el año dos mil dieciocho, aclarando que en la especie no puede realizar la actualización de dicha planilla hasta el dos mil veinte, pues la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto solo la vinculo para que se realizara el pago de dicha prestación para el referido año. Con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y los anexos exhibidos, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con lo informado por la autoridad oficiante. Apercibida que de no desahogar la vista se continuará con el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo, en función del monto indicado por la autoridad, a fin de evitar mayores dilaciones al procedimiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, nueve de septiembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo que promueve María de Jesús Ríos Ortiz en representación de ******, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 1 Estado de México y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 853/2020-II, y con fundamento en el artículo 15 de la Ley de amparo, fórmese expediente. Ahora, del análisis de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la orden y ejecución de segregación, asilamiento y traslado del Centro de Readaptación Social Occidente 2 Occidente a otro centro de reclusión dentro del país, así como la orden de destierro y desaparición forzada. ESTUDIO DE COMPETENCIA Con la finalidad de determinar si un órgano judicial federal es competente por razón de materia para conocer de una demanda de amparo se debe tomar en consideración la naturaleza de la acción o pretensión que, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas y los preceptos legales en que se apoye la demanda. Ese estudio debe prescindir de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, debido a que ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto. Sustenta lo anterior la Tesis aislada P./J. 83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 28, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época, que señala lo siguiente: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda. De modo que, para fijar la competencia en razón de materia debe atenderse a la naturaleza de las disposiciones de carácter general que rigen el acto impugnado, o bien, a la del acto que le dio origen, con independencia del carácter del ente jurídico que haya intervenido en su emisión o ejecución, según sea el caso. En tal virtud, es necesario precisar que el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ordena que los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: "I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de las normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos." De esta forma, la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgados o tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. Del escrito de demanda se advierte que el quejoso reclaman; la orden y ejecución de traslado del Centro Federal de Readaptación Social 2 Occidente, lugar en que se encuentra privado de su libertad, a diverso centro de readaptación social, con fines de destierro del país, sin haberse seguido un procedimiento, ni existir previa orden de autoridad judicial. Sobre estas bases, los actos que reclaman en esta instancia constitucional deben ser analizados bajo la legislación sustantiva y adjetiva en materia penal, debido a que no podrían estudiarse desde la óptica de un asunto meramente administrativo, pues a efecto de determinar si las autoridades señaladas con el carácter de responsables actuaron en el sentido que aduce el promovente, es decir, de transgredir de manera inminente su libertad personal, actos que por esta vía combate, necesariamente se tendrá que analizar a la luz de disposiciones jurídicas de carácter procesal penal, máxime que los mismos se encuentra regulado en la Ley de Ejecución Penas las cuales están reguladas por las cuestiones de internamiento de personas privadas de su libertad, ya sea por prisión preventiva o que estén compurgando una pena en términos de los dispuesto por los artículos 107, 108, 115, 116 y 117 del citado ordenamiento. Por ello es que se considera que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 51.- Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I.- De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera del procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Por tanto, este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, de los actos consistentes en: la orden y ejecución de segregación, asilamiento y traslado del Centro de Readaptación Social 2 Occidente a otro centro de reclusión dentro del país, así como la orden de destierro sin haberse seguido un procedimiento, ni existir previa orden de autoridad judicial, sin haberse seguido un procedimiento y desaparición forzada; ya que conforme a la disposición legal transcrita los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal deberán conocer, entre otros actos, de aquellos que provengan de cualquier autoridad que afecten la libertad personal del quejoso. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2´001,982, y es del siguiente rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada." Criterio que determina que el tema que las órdenes de traslado de sentenciados o procesados ya no son de la materia administrativa, sino que deben considerarse que son de naturaleza penal y que reviste carácter obligatorio para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. Situación que debe ser entendida inclusive en relación con el traslado de celda, zona, estancia o dormitorio a uno diverso, ordenado por la autoridad administrativa carcelaria para el debido orden, funcionamiento e inclusive seguridad de los internos, puesto que por las razones expuestas, dicho cambio es del conocimiento reservado de los tribunales de amparo especializados en materia penal. Asimismo, tiene apoyo a lo anterior por el contenido que la conforma, la tesis de Jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 17/2013 (10a.), visible a foja 800, del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Común, que a la letra dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privarlos de la que disfrutan en ese momento, sino también mediante actos que determinen la permanencia del gobernado en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Bajo este contexto, aun cuando la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, por sí sola, no afecta la libertad personal del procesado o del sentenciado, sí lo hace indirectamente, toda vez que modifica las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo o bien ejecutarse, además de lesionar directamente otros derechos, como el de una defensa adecuada previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el procesado se encontraría físicamente en un lugar diverso de aquel en que se sigue la causa penal, o el derecho del sentenciado a purgar la condena en un centro penitenciario cercano a su domicilio, establecido en el numeral 18 de la propia Constitución. Por lo anterior y conforme a la nueva visión constitucional que tutela los derechos de la persona, cuando el juicio de amparo se promueve contra actos que afectan indirectamente la libertad de las personas no puede limitarse el ejercicio del derecho de acción y reducirlo al plazo de quince días, pues ello implicaría que las autoridades faltaran al deber de procurar y favorecer en todo momento ampliamente a la persona; de ahí que la demanda de amparo indirecto promovida contra la referida orden de traslado, se ubique dentro del supuesto de excepción a que se refiere el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por lo que puede presentarse en cualquier tiempo.". Habida cuenta, debe decirse que la ejecución de los actos que por esta vía reclama el quejoso, tendrá lugar en donde se encuentra recluido, esto es en el CEFERESO 2 Occidente, por lo que es, se considera que debe conocer del asunto un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal que tiene competencia en dicha jurisdicción En consecuencia, por lo que con fundamento en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 48 de la Ley de Amparo y del "ACUERDO GENERAL 3/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN LOS QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y EL NÚMERO DE A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITOS Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO", gírese atento oficio al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en Puente Grande en el estado de Jalisco, en turno, acompañando la demanda de amparo, con el objeto de informarle la presente determinación, y para que tenga a bien informar si acepta la competencia propuesta, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Fórmese cuaderno de antecedentes, con la certificación secretarial respectiva relativa a que las constancias que integran el presente sumario constitucional se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico. SUSPENSIÓN DE PLANO El artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. A fin de determinar si en el caso procede conceder la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, es necesario tomar en cuenta los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. (.) Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Del análisis de los artículos en cita, se advierte que cuando se reclamen en el juicio de amparo actos que se encuentren relacionados, entre otras cuestiones, con la orden y ejecución de traslado del Centro Federal de Readaptación Social 2 Occidente lugar en que se encuentra privado de su libertad, a diverso centro de readaptación social, con fines destierro del país, sin haberse seguido un procedimiento, ni existir previa orden de autoridad judicial, se deberá conceder la suspensión de plano a fin de que no se ejecuten irreparablemente los actos respectivos. Así, en virtud de la naturaleza de los actos reclamados y a las consecuencias que los mismos pueden provocar en la esfera jurídica de la parte quejosa -la orden y ejecución de segregación, asilamiento y traslado del Centro de Readaptación Social 2 Occidente a otro centro de reclusión dentro del país, así como la orden de destierro, sin haberse seguido un procedimiento, ni existir previa orden de autoridad judicial y desaparición forzada -, con fundamento en los artículos 15, 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, para el efecto de que de que el Director General del Centro Federal de Readaptación Social 2 Occidente, de manera inmediata cesen la orden y ejecución de los actos consistente la orden y ejecución de traslado del Centro Federal de Readaptación Social 2 Occidente lugar en que se encuentra privado de su libertad, a diverso centro de readaptación social, con fines destierro del país, sin haberse seguido un procedimiento, ni existir previa orden de autoridad judicial, así como el aislamiento, segregación y desaparición forzada, quedando bajo el más estricta responsabilidad la integrar física del peticionario de amparo, al tratarse de actos prohibidos por el artículos 22 Constitucional. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES ANTE INCUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. Hágase saber a la autoridad responsable que la violación a cualquiera de las exigencias derivadas de la presente suspensión entraña la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de no atender este mandamiento judicial, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación. "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; [.]." EXHORTO. Por otra parte, toda vez que el domicilio de la autoridad responsable en dar cumplimiento a la suspensión de plano Director General de Centro Federal de Readaptación Social 2 Occidente que radica fuera de la circunscripción territorial en que este juzgado Federal ejerce jurisdicción, y a fin de requerirle el cumplimiento de la suspensión de plano decretada, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Zapopan, para ser turnado al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en Puente Grande, en turno, para que, en auxilio de las labores de este órgano, se sirva a notificar mediante oficio a la citada autoridad el presente acuerdo, en el domicilio cito en Carretera Libre a Zapotlanejo, Km. 17.5 C.P. 45420, Puente Grande, Jalisco, así como al quejoso Juan José Ríos Luna quien se encuentra recluido en ese mismo centro, el presente acuerdo, debiendo verificar el cumplimiento de la medida cautelar Asimismo, con apoyo en el tercer párrafo del artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para el mejor despacho y adecuada tramitación de las actuaciones derivadas del juicio en que se actúa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de manera electrónica y solicita la autorización de la consulta vía internet del expediente electrónico relativo a este juicio con el nombre de usuario vhlopez7 En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3° de la ley de la materia, se le autoriza la consulta del expediente electrónico del juicio en que se actúa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a que practiquen las diligencias que se requieran en el presente asunto en horas y días inhábiles. Notifíquese vía electrónica
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