Juan José Rebolledo Domínguez

Expediente 186/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
186/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
20/03/2019

Partes del expediente

  • Juan José Rebolledo Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "Xalapa, Veracruz, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de Ingenio "LA Gloria", Sociedad Anónima, con sede en Ursulo Galván, Veracruz y Delegación del Registro Agrario Nacional en Veracruz, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 186/2019, que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, a efecto de proveer lo que corresponda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, en primer término, la parte quejosa reclama de "Ingenio Gloria Sociedad Anónima", con sede en Ursulo Galván, Veracruz, lo siguiente:  La inscripción del contrato de compra-venta y siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar sobre el ciclo agrícola 2019-2020, a favor de **********, respecto del predio ejidal en arrendamiento sobre la parcela ***********, del ejido de **********, municipio de Actopan, toda vez que "Ingenio Gloria Sociedad Anónima", con sede en Ursulo Galván, Veracruz, tenía una relación contractual con el quejoso hasta la zafra 2019-2020.  El incumplimiento del contrato uniforme de compra-venta, siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar, en particular la cláusula segunda inciso a), mismo que tenía celebrado el quejoso e "Ingenio Gloria Sociedad Anónima", bajo el folio ***********, con número de productor **********, sin haber dado resolución sobre recisión de contrato como lo establece la cláusula vigésima tercera. En el caso, del escrito de demanda se advierte la actualización, de manera manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo transcrito prevé claramente la improcedencia del juicio de amparo cuando ésta resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 1º, fracción I, mencionado, prevé: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte." Esta disposición establece que el objeto de estudio del juicio de amparo serán las leyes o actos de la autoridad que vulneren los derechos fundamentales. Por último, el artículo 5º, fracción II, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos; y que es autoridad, para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Sin embargo, el último precepto en cita, únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero omite abordar las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan derechos de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Lo anterior queda de manifiesto en la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199459, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Consecuentemente, es posible obtener como características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, las siguientes:  La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular.  Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana.  Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular.  Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, septiembre de 2011, Tomo XXXIV, del Semanario Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 161133, de epígrafe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." De ahí, que el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra-subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado y, el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Lo anterior se dice así, pues el acto realizado por Ingenio La Gloria Sociedad Anónima, con sede en Ursulo Galván, Veracruz, consistente la inscripción del contrato de compra-venta y siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar sobre el ciclo agrícola 2019-2020, en favor de **********, respecto del predio ejidal que el quejoso aduce tener en arrendamiento hasta la fecha, no constituye un acto de autoridad, toda vez que el mismo, sucede en un plano de igualdad con motivo de la relación contractual que existe entre ambas partes derivada de dicho contrato privado de compra-venta, por lo que cualquier situación derivada de esa relación, recurre a las formas del derecho privado para regularla y se evidencia que la relación jurídica existente en ambas partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra subordinación) si no a una relación entre las partes. En este sentido, se estima que el acto que reclama la parte quejosa en el escrito inicial de demanda, no es de autoridad para efectos del juicio de amparo. Por tanto, se colige que el juicio de amparo no es el medio para reclamar el derecho que el quejoso considera le ha sido violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII.2o.T.9 L (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 3436, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010538, de rubro: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL." Así como la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1956, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 2011343, de título: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." De ahí, que en esta parte al no provenir el acto reclamado, de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se actualiza de manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes indicada. Por otra parte, respecto del acto que el quejoso reclama a la autoridad Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, consistente en:  La inscripción de algún contrato de enajenación o arrendamiento en favor de **********, sin que haya sido notificado. En el caso, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, respecto del acto aquí reclamado. Al respecto, el artículo indicado señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Como puede advertirse, el señalado motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que sólo pueda acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, el cual debió agotarse previamente por la accionante del amparo. En este sentido, se precisa que antes de acudir al juicio de amparo, el promovente debió haber agotar el medio ordinario de impugnación del acto reclamado, ya que dada la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, éste procede excepcionalmente contra los actos de las autoridades judiciales, administrativas o del trabajo, cuando se hayan agotado los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos. En esa tesitura debe decirse que los actos reclamados en este juicio de amparo, son susceptibles de ser impugnados a través del juicio de nulidad de conformidad con lo establecido en el artículo 163 y 166, de la Ley Agraria, que establecen: "Artículo 163.- Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley." (.) "Artículo 166.- Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso." En ese entonces, se sigue que si la Ley Agraria remite a las disposiciones de la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos de las autoridades agrarias, es lógico que aquélla no exige mayores requisitos que la segunda para el otorgamiento de la medida. De esta transcripción se colige que el quejoso antes de acudir al juicio de amparo debió haber agotado el procedimiento que contempla la Ley de la materia, pues las determinaciones jurisdiccionales en comento, son susceptibles de ser modificadas, revocadas o nulificadas. Es ilustrativa, en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 55/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 177, del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "JUICIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS DE AUTORIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN O REEJECUCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DOTATORIA DE TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES, AUNQUE SE HAYAN REALIZADO CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SIEMPRE QUE LA IMPUGNACIÓN DE DICHOS ACTOS SE HAYA EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A LA INSTAURACIÓN DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS." Por tanto, se estima que este juicio de amparo es improcedente respecto de los actos destacados, pues previo a la promoción de este juicio de amparo, procede un medio ordinario de defensa. Por lo que, al no haberlo agotado la parte quejosa, dejó de observar el principio de definitividad que rige en materia de amparo. Máxime que al caso, no opera ninguna excepción al principio de mérito pues, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; ni aquellos que afecten la libertad personal del quejoso. Asimismo, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa no mencionó que haya instaurado juicio agrario en contra de las autoridades responsables por el incumplimiento de contrato de compra-venta y siembra de cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar sobre el ciclo agrícola 2019-2020. En efecto, de la lectura integral de la presente demanda se advierte que en el presente caso se surte la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracciones XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo, este Juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el aludido precepto, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Lo anterior es así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número I.1º.A. J/4, en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con los siguientes rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En las relatadas condiciones, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por **********. Sin que se soslaye la existencia de la jurisprudencia 54/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". Misma que establece que por regla general en el auto inicial de trámite de una demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, dado que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas anexadas, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio constitucional. Pues, el criterio citado no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a la regla general, como acontece en este biistancial. Resulta aplicable la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1224, libro 11, octubre 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2007580, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." Lo cual, además, se relaciona con la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido, como se sostuvo, no podría desvirtuarse con el material probatorio que se aportara al juicio. Lo que permite al quejoso conocer plenamente, desde el auto inicial, que la vía que propone en la forma en la que lo realiza, no es la idónea para defender el derecho que pretende. Robustece lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), visible en la página 213, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015595, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN."... "

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