Juan José Razo Cebreros

Expediente 477/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 20 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
477/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
01/08/2018

Partes del expediente

  • Juan José Razo Cebreros
  • Alejo López Galán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    Ensenada, Baja California, uno de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, en específico la notificación personal del quejoso **********, del proveído de veintisiete de julio del actual, de la que se advierte que ratificó el escrito de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, en el que solicitó la devolución del billete de depósito con el que garantizó la suspensión provisional concedido en los presentes autos, y su endoso a *******, ello al encontrarse interno en el centro penitenciario de esta ciudad. Atento a lo anterior, y toda vez que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 156 de la Ley de Amparo, endósese y devuélvase el billete de depósito N811752 (registro 70/2017), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), a favor de Manuel Alonso Vera Vidal; previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos para constancia. En el entendido de que la entrega de billetes de depósito y pólizas de fianza, se realiza los jueves de nueve a doce horas.

  2. Incidental

    Notifíquese personalmente al quejoso en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, considerando que las partes legitimadas para hacerlo no interpusieron recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O: PRESENTACIÓN DE DEMANDA Y CONTENIDO. El dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Ensenada, Baja California, se recibió la demanda de amparo promovida por Juan José Razo Cebreros, de la cual correspondió conocer a este Juzgado por razón de turno, en ella la impetrante solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos humanos que otorgan los artículos 14 y 16 constitucionales, contra actos de las siguientes autoridades: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez Único de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad; Juez de Control del Poder Judicial, con residencia en esta ciudad; Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en San Quintín, Baja California; Agente del Ministerio Público, con residencia en San Quintín, Baja California; Coordinador de Unidad de San Quintín: Comandancia de la Zona de Policía Ministerial de Ensenada, Director de Seguridad Pública Municipal de Ensenada; y Comandante de la Policía Estatal Preventiva, Delegación Ensenada ACTO RECLAMADO "De la autoridad ordenadora: La orden de aprehensión dictada en mi contra. De las ejecutoras: El cumplimiento que pretenden dar a dicha orden". II. ADMISIÓN Y TRÁMITE. El diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó solicitar a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, y dar la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. III. En auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por inexistente a la autoridad responsable señalada como "Agente del Ministerio Público, San quintín, Baja California", por las razones ahí expuestas. IV. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. El día de hoy tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 52/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a una autoridad con residencia donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al realizar el análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte que en el caso específico, la parte quejosa se duele de lo siguiente: "De la autoridad ordenadora: La orden de aprehensión dictada en mi contra. De las ejecutoras: El cumplimiento que pretenden dar a dicha orden". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California (foja 22); Juez Único de Primera Instancia Penal de esta ciudad (foja 24); y Titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, con residencia en San Quintín, Baja California (foja 34); lo que se desprende de sus informes justificados. Por lo anterior, se determina que no es cierto el acto reclamado, pues tales informes son documentos públicos que gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2o. de la Ley de Amparo. Aunado al valor referido, la parte quejosa no aportó prueba que desvirtuara el contenido de dichas documentales; en consecuencia, es patente la negativa del acto reclamado. En ese sentido, ante la inexistencia del acto reclamado, es procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello tiene sustento en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Julio a Diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. De igual forma es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Julio-Septiembre de 1989, foja 154, que establece: ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en San Quintín, Baja California, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama; lo que se corrobora con las copias certificadas que integran la causa penal 76/2011-II, de su índice, instruida al hoy quejoso Juan José Razo Cebreros, por el delito de Robo Calificado a casa habitación. Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De igual forma, se deberán tener como ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Comandante de la Policía Ministerial del Estado Zona Ensenada (foja 18); Subdirector Administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del XXII Ayuntamiento de Ensenada (foja 21); y Comandante Operativo de la Policía Estatal Preventiva Plaza Ensenada (foja 26), pues no obstante que al rendir sus informes justificados, negaron el acto que se les atribuye, las mismas tienen el carácter de ejecutoras de un acto cuya existencia fue reconocida por la ordenadora; por tanto, pudieran ejecutarlo en cualquier momento. QUINTO.- Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía de amparo se reclaman, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación, se tiene que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" La citada causa de improcedencia, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a letra dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la orden de aprehensión y cumplimiento de la misma librada en su contra. Ahora bien, de las constancias que integran la causa penal 76/2016, mismas que fueron acompañadas por la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que el nueve de agosto de dos mil dieciséis, la Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en San Quintín, Baja California, libró orden de aprehensión en contra del hoy quejoso Juan José Razo Cebreros, por el delito de robo calificado a casa habitación, previsto y sancionado por los artículos 198, 200, 208, fracción II en relación con el artículo 14, fracción I y 16, fracción I, todos del Código Penal en vigor; orden judicial que el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, fue cumplimentada dejando al citado inculpado interno en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, por lo que en proveído de veintiséis del citado mes y año, giró exhorto al Juez Único de Primera Instancia de esta ciudad a efecto de que le fuera tomada la declaración preparatoria al detenido y resolviera su situación jurídica. En veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, la Juez Único de Primera Instancia Penal de esta ciudad, recabó la declaración preparatoria de Juan José Razo Cebreros, y el treinta y uno de octubre de la citada anualidad, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, decretando auto de formal prisión en su contra por el delito de robo calificado a casa habitación. Por su parte, de la demanda de amparo se deduce que el quejoso se duele de la orden de aprehensión girada en su contra. No obstante lo anterior, según se advierte de las constancias con las que la responsable acompañó su informe justificado, así como las que se envió posteriormente en alcance la Juez de Primera Instancia, con residencia en San Quintín, Baja California, libró orden de aprehensión en contra del hoy quejoso Juan José Razo Cebreros, por el delito de robo calificado a casa habitación, previsto y sancionado por los artículos 198, 200, 208, fracción II en relación con el artículo 14, fracción I y 16, fracción I, todos del Código Penal en vigor; orden judicial que fue cumplida el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, quedando el quejoso interno en el Centro de Reinserción Social, a disposición de la responsable. En veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, la Juez Único de Primera Instancia Penal de esta ciudad, recabó la declaración preparatoria de Juan José Razo Cebreros, y el treinta y uno siguiente resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, decretando auto de formal prisión en su contra, por el delito de robo calificado a casa habitación; por lo anteriormente expuesto, es inconcuso que su situación jurídica ha cambiado. En ese orden de ideas, se estima que en el presente asunto se surten los presupuestos de la causal de improcedencia examinada. Ello, si se toma en consideración, que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una determinación que cambió la situación jurídica en que se encontraba el peticionario por virtud del acto reclamó en el amparo, consistente en orden de aprehensión. Derivado de lo anterior, no puede decidirse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, pues pese a la inconstitucionalidad que pudiera con llevar la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, resulta insoslayable que a le fecha existe un pronunciamiento que alteró la situación jurídica del quejoso, como es el acto de formal prisión. En este punto, conviene tener presente que el quejoso combate una orden de aprehensión que fue dictada por la responsable con la finalidad de que el quejoso fuera sujeto al plazo constitucional y se determinara su situación jurídica, lo que aconteció el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete; por lo que dictado el auto de formal prisión en su contra, aquella dejó de surtir efectos, pues el auto de plazo lo ha sustituido. A lo que se suma que existe autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional, tan es así que la eventual concesión de amparo no tendría el alcance de dejar insubsistente la determinación por la cual se dictó auto de formal prisión al quejoso. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, la suscrita se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 509, de rubro y texto que se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de la sentencia. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SÉPTIMO. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, proceda el Secretario a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente en su oportunidad. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XVII, en relación con el diverso 17, 73, 75, 79, 124, y demás aplicables de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio promovido por Juan José Razo Cebreros, por su propio derecho, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero y quinto del presente fallo. SEGUNDO.- Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos sexto y séptimo de este fallo. Notifíquese.

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