Juan José Ramírez Lopez
Expediente 1293/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1293/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan José Ramírez Lopez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al cuaderno de antecedentes en que se actúa y téngase al Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, aceptando la competencia declinada por este órgano jurisdiccional para conocer del juicio de amparo 1293/2021. En consideración a lo anterior, de conformidad a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se determinó que carece de competencia para conocer del juicio de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso j) del numeral 21 del referido Acuerdo General1; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1293/2021. Incompetencia. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado es: "LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL TOCA PENAL NÚMERO 32/2021, DE FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, QUE ME DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN, POR MI PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, COMETIDO EN AGRAVIO DE EDMUNDO REYES AMAYA O ANDRES REYES AMAYA Y GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ O RAYMUNDO RIVERA MAYA, EMITIDA POR EL C. MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO" Resolución dictada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en el Estado de Oaxaca, en la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de formal prisión dictado el doce de agosto de dos mil veinte, por la Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, Jalisco, de la que después conocería el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, bajo la causa penal 1/2020; resolución en la que se modificó la determinación recurrida, en la causa penal de referencia instruida en contra del aquí quejoso Juan José Ramírez López. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el diverso 36 de la Ley de Amparo, este Juzgado es legalmente incompetente para juzgar el acto pronunciado por el referido Tribunal Unitario; y por tanto, para conocer de la demanda presentada, por lo cual se ordena remitirla, con las copias correspondientes, a la oficina de correspondencia común de los Tribunales Unitarios de este Circuito, para que, por su conducto, a fin de compensar el reparto de asuntos, lo envíe al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, al que se estima legalmente competente para el conocimiento de la misma, por ser el más próximo a la residencia de aquel que emitió el acto impugnado. En apoyo a la consideración anterior, se cita la jurisprudencia, emitida por la Primera Sala, consultable en la página 79, Marzo de 2012, Décima Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2000325 que dice: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador." Y, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 25/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, abril de 1998, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, cuyos datos de localización, rubro y texto, son del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO. Con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, que textualmente dice: "... En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", debe estimarse que la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que con los preceptos antes señalados quedó superado lo estatuido en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues dicha regla implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a un distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 establece que un Juez de Distrito conoce en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competen cial del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama." En esas circunstancias, fórmese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado; asimismo, solicítese al Tribunal correspondiente, tenga a bien acusar el recibo de estilo correspondiente. Domicilio y autorizados del quejoso. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Hermelinda Méndez Castellanos, con cédula profesional 7628988, por estar dada de alta ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que señala, por no estar dada de alta sus cédulas profesionales en el citado sistema. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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