Juan José Ramírez Bautista

Expediente 1413/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1413/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Juan José Ramírez Bautista
  • Juan José Ramírez Bautista y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, uno de diciembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, de cuyo contenido se advierte que se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso *******, en contra del proveído de tres de octubre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio, al que le fuera asignado el número de recurso de queja laboral *****. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que se declaró legalmente incompetente para conocer del recurso de queja interpuesto por el quejoso ********************, en contra del auto de tres de octubre de dos mil veintidós, emitido en el presente asunto, y lo remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para su envío al tribunal colegiado en turno correspondiente. Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes, para los efectos legales procedentes, que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tomó posesión como titular de este Juzgado Federal la licenciada Karina Castillo Flores. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado vía electrónica por Víctor Manuel Sánchez Guarneros, autorizado de los terceros interesados ************* y *****************; visto su contenido, téngasele desahogando la vista otorgada mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, objetando el dictamen pericial realizado por la perito tercero en discordia en materia de grafoscopía y documentoscopía, así como por hechas sus manifestaciones en torno al mismo, lo cual habrá de ser considerado y valorado en su momento procesal oportuno. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de octubre de dos mil veintidós. Visto el escrito y anexo de cuenta presentado por ***, por propio derecho, contra actos del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, y de otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1413/2022, y fórmese expediente. DESECHAMIENTO El quejoso Juan José Ramírez Bautista, reclama del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, y de otra autoridad, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: "La ilegal orden de retener mi salario, producto de mi trabajo, correspondiente a las quincenas del mes de agosto y septiembre, del año 2022, así como las subsecuentes quincenas que me sigan reteniendo. La omisión de notificar al quejoso el procedimiento del cual se originó la retención a mi salario, ya que bajo protesta de decir verdad, manifiesto que a la fecha no se me ha notificado procedimiento alguno del cual emane la referida retención. La ilegal privación del producto de mi trabajo, sin que exista resolución judicial, fundada y motivada en la que se me dé a conocer el origen de la privación del producto de mi trabajo." Este Juzgador considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al 1 fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.]. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Los preceptos legales antes invocados permiten apreciar que, para la procedencia del juicio de amparo, no es suficiente el reclamo de una violación a los derechos humanos reconocidos, y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; sino que, la contravención o trasgresión de los derechos fundamentales, debe ser imputable a una autoridad. En la jurisprudencia por reiteración de tesis 2a./J.164/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que las notas distintivas de una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: i. La existencia de un ente de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un particular. ii. Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. iii. Con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. iv. Para emitir esos actos, no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el criterio antes citado, el Alto Tribunal de la República estableció que, el acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, surge de relaciones de supra a subordinación, entendidas como las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden púbico y del interés social, caracterizadas por la imperatividad, coercitividad y unilateralidad; en contraposición a las relaciones de coordinación, las cuales surgen entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, requiriendo de la intervención de los tribunales ordinarios para, en su caso, resolver las controversias suscitadas entre las partes, último de los casos que en la especie se actualizó. La jurisprudencia a que se hizo alusión, se encuentra localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Página 1089 (registro 161133), la cual es del tenor: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Entonces, para los efectos del juicio de amparo, una autoridad responsable será aquella a quien la norma legal faculta para emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones que afectan la esfera jurídica del gobernado, sin requerir su voluntad o aún en contra de ella. Esto es, acto de autoridad es el emitido en ejercicio de las facultades decisorias que le están atribuidas, en la ley, al emisor; por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo precisa que, tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Con base en los anteriores lineamientos, el acto destacado no tiene la naturaleza de acto de autoridad, toda vez que la potestad a quien se le atribuyó, no puede considerarse como autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo. Lo anterior se considera así, pues en su demanda de amparo, el quejoso narró ser trabajador de la potestad responsable Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; lo cual revela la relación laboral que el promovente del amparo sostiene con la aludida Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, que señaló como responsable, en su carácter de patrón. Por tanto, el acto destacado no es susceptible de impugnarse directamente a través de la acción constitucional, pues la pretensión del quejoso consistió esencialmente en que, se le pagara sus salarios retenidos a partir de la primera quincena del mes de agosto de dos mil veintidós, y las que se sigan reteniendo; circunstancia meramente relacionada e inherente a la relación de trabajo que existe entre la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y sus trabajadores, regulada por el artículo 123 Constitucional, y la ley laboral aplicable. El quejoso Juan José Ramírez Bautista, reclamó de su empleador acciones y omisiones que, desde su punto de vista, trasgredieron sus derechos; sin embargo, para hacer procedente el juicio de amparo, el acto debe ser reclamado a una autoridad, o a un particular que realice actos equiparables, lo cual no aconteció, pues los patrones, al efectuar determinaciones o actos con relación a sus empleados, aun cuando violaran sus derechos humanos, no adquieren el carácter de autoridades responsables o ente equiparado a una, precisamente por el plano de igualdad con motivo de la relación laboral pre-existente. De tal manera, el derecho de la parte quejosa para solicitar el pago de sus salarios retenidos a partir de la primera quince de agosto de dos mil veintidós, y las que se sigan reteniendo, que sostiene no le han sido cubiertos; no encuentra su origen en una relación de supra a subordinación, sino de una relación laboral que mantiene en un plano de coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero donde labora; por ello, el acto reclamado no puede ser considerado de autoridad para efectos del juicio de amparo. Con la precisión que, el impetrante tiene expedito su derecho para instar en contra de la dependencia en cuestión, y ante el tribunal ordinario laboral, cualquier acción jurisdiccional laboral, y no acudir directamente al juicio de amparo, pues este último, constituye un medio extraordinario de control constitucional, a través del cual se dilucida violación a los derechos humanos de los gobernados, y no aspectos relacionados con los derechos laborales de los trabajadores, que estimen infringidos por sus patrones. En conclusión, si el quejoso reclamó la retención de sus salarios a partir de la primera quince de agosto de dos mil veintidós, y las que se sigan reteniendo; tal circunstancia no puede ser analizada de manera inmediata, a través de la acción de amparo, sino sometida en la vía ordinaria laboral, ante las autoridades jurisdiccionales del trabajo. Por las consideraciones antes expuestas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda planteada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que al efecto se indica en su demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ** y ****, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado, en acatamiento al artículo 2º de citado Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de ser posible y de así considerarlo, continúen con la tramitación del juicio en línea. Asimismo, se tiene a la parte quejosa proporcionando su correo electrónico y número telefónicos para los efectos legales conducentes. Se ordena al Actuario Judicial adscrito realice la notificación del presente proveído vía electrónica, con independencia de los medios acostumbrados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

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