Juan José Raimrez Cardona y Otros.
Expediente 109/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juan José Raimrez Cardona y Otros.
- Ronald Edgardo Martínez Guillen y Otros.
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, mediante el cual informa las gestiones que realiza a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo y remite la constancia que lo acredita; por tanto, estese en espera de lo que informe con posterioridad. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; a veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese los autos el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto número 143/2023, que se envió para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional notificara el oficio 2676/2023, dirigido al Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado. Sin que haya lugar a acusar el recibo de estilo correspondiente, en razón de que el acuse de recibo relativo lo genera automáticamente el propio sistema el día de su envío. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio que remite el Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México en atención a su contenido, resérvese a proveer sobre el particular, hasta en tanto se tenga pronunciamiento respecto de la incompetencia planteada en acuerdo de ocho de febrero del año en curso. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la guía de Estafeta que antecede, devuelta por el personal de la citada empresa, que contiene el oficio 2676/2023 dirigido al Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de MÉXICO; en obvio de mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional comisione a quien corresponda se constituya en el domicilio ubicado en Avenida Ejército Nacional 862, primer Piso colonia Los Morales, Sección Palmas, Polanco, código postal 11540, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, con el objeto de que notifique el citado comunicado oficial y anexo a la aludida institución, a efecto de que de cumplimiento a lo ahí solicitado; en el entendido, de que si dicha notificación se negara a ser recibida o firmada por la persona encargada, la negativa se asentará en la razón levantada por el actuario adscrito a dicho juzgado, y aquélla la tendrá por hecha, lo anterior, en términos del artículo 28, fracción I, inciso a) de la ley de la materia. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en caso de ser necesario habilite horas y días inhábiles para el desahogo de la diligencia. Hecho que sea, se sirva devolver el comunicado oficial con las constancias relativas. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por José Bernardo Cruz Trillanes, en favor de los directos quejosos Ronald Edgardo Martínez Guillen, Juan José Raimrez Cardona y Evelyn Carelyn Mazariegos Velásquez, contra actos del Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México. Regístrese en el libro de gobierno con el número 109/2023, y fórmese expediente. SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los directos quejosos Ronald Edgardo Martínez Guillen, Juan José Raimrez Cardona y Evelyn Carelyn Mazariegos Velásquez, señalan como actos reclamados los siguientes: 1. La incomunicación de la que son objetos por parte del Director de la Estación Migratoria en la ciudad de México. 2. Cualquier acto posterior u orden de traslado a otra estación migratoria. 3. El alojamiento de manera prolongada en la Estación Migratoria de la ciudad de México, lo que materialmente implica la privación de su libertad personal en dichas instalaciones. Actos que se encuentran previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, sobre los que procede decretar la suspensión en términos del diverso numeral 126 de la misma ley. Por tanto, en cuanto al acto reclamado con el inciso 1, se DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO para el efecto de que los actos de incomunicación cesen de inmediato, y las autoridades responsables se abstengan de aplicarles cualquier otro acto de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; responsabilizándose a la autoridad responsable migratorias por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación. Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado con el número 2, consistente en la posible deportación a su país de origen o cualquier otra Estación Migratoria, en razón de su calidad de migrantes con situación irregular en el país, en términos de los artículos 138, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no se afecta el interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO en los siguientes términos: Para el efecto de que los aquí quejosos Ronald Edgardo Martínez Guillen, Juan José Raimrez Cardona y Evelyn Carelyn Mazariegos Velásquez, no sean deportados a su país de origen ni trasladados a diversa Estación Migratoria de donde actualmente se encuentran, quedando a disposición de éste órgano jurisdiccional solo en lo que se refiere a su libertad personal, en el lugar donde se encuentran; medida cautelar que surtirá efectos de manera inmediata. Lo que se hace extensivo a cualquier denominación o figura que empleen las autoridades responsables migratorias que implique la expulsión del país de los directos quejosos a su lugar de origen, derivada de las circunstancias que se presentan en el presente juicio de amparo y que se observan en el escrito de demanda. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 170578 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: P./J. 80/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, de encontrarse los directos quejosos en las instalaciones de la autoridad migratoria responsable, deberá garantizar en todo momento los derechos previstos en el artículo 109 de la Ley de Migración vigente, entre los que destacan de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: a. Recibir un trato digno y humano durante su estancia. b. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. c. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hablen o no entiendan el idioma español. d. Permitirle el acceso a la comunicación telefónica. e. Recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enceres básicos para su aseo personal, y atención médica, en caso de necesitarla. f. Ser visitado por sus familiares y/o por su representantes legales, conforme a los horarios y procedimientos administrativos reglamentarios aplicables al caso, y con las medidas de seguridad y sanitarias que estimen pertinentes las autoridades responsables. g. Así como todos aquellos que tengan como fin conservar la dignidad, vida e integridad física del directo quejoso. Por otra parte, por lo que hace al acto reclamado con el arábigo 3, consistente en el alojamiento de los directos quejosos Ronald Edgardo Martínez Guillen, Juan José Raimrez Cardona y Evelyn Carelyn Mazariegos Velásquez, en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de México, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que sean puestos en inmediata libertad, siempre y cuando cumpla dentro del término de cinco días siguientes a la notificación del presente proveído, ante este órgano jurisdiccional con las medidas de eficacia que al efecto se proveen, y que se encuentran previstas por el artículo 102 de la Ley de Migración, al tenor de lo siguiente: I. Establecer un domicilio o lugar en el que permanecerán durante el trámite del procedimiento administrativo correspondiente. II. La manifestación bajo protesta de decir verdad, de no ausentarse de dicho lugar o domicilio sin previa autorización por parte de este órgano jurisdiccional. Y por último, III. La presentación de una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana, con los requisitos mínimos como lo son los datos generales. Por tanto, una vez que los directos quejosos cumplan ante este juzgado con dichas medidas enumeradas en números romanos I al III, surtirá efectos la suspensión para su inmediata libertad de la estación migratoria en la que se encuentran internados relativas únicamente en cuanto al acto reclamado identificado con el número 3 al inicio del presente apartado. Apoya lo anterior, la tesis PC.X. J/15 K (10a.) que a continuación se transcribe: "Registro digital: 2022090 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.X. J/15 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879 Tipo: Jurisprudencia "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." Todo lo anterior, en el entendido de que la desobediencia a esta determinación, o bien, el traslado de los quejosos con miras a evitar su localización, puede ser constitutiva de un ilícito que se sanciona en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Para verificar el cumplimiento a esta determinación, la autoridad responsable migratoria, deberá informar dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir del siguiente minuto en que les surta efectos la notificación del presente proveído (el cual correrá de momento a momento), sobre el cumplimiento de esta resolución, apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país, en términos del artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. INCOMPETENCIA Ahora bien, del análisis del escrito de demanda, se advierte que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, para demostrar lo anterior, es menester traer a contexto lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción del anterior artículo se desprenden tres hipótesis que determinan cuando es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, las cuales son las siguientes: a) Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de tales jurisdicciones, ante quien se presente la demanda. c) Es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, aquél del lugar donde se presenta la demanda, siempre y cuando el acto reclamado no revista ejecución material. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese sentido, atendiendo a los datos que emanan del escrito inicial de demanda, se advierte que el peticionario de amparo bajo protesta de decir verdad manifiesta que los directos quejosos Ronald Edgardo Martínez Guillen, Juan José Raimrez Cardona y Evelyn Carelyn Mazariegos Velásquez, se encuentran detenidos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de México, en donde se encuentran recluidos e incomunicados, de ahí que sea en esa ciudad, donde tienen ejecución los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, novena época, Agosto de 2001, Tomo XIV, página 1299, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En las anotadas condiciones, el suscrito juzgador se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto y estima que resulta competente el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, en turno, por lo que se ordena remitir vía electrónica el escrito de demanda, a fin de que en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, resuelva dentro de cuarenta y ocho horas, si acepta o no el conocimiento del asunto y acuse el recibo de estilo correspondiente. AUTORIZADOS Téngase como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Jesús Omar Marure Alonso, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a José Luis Cruz Floriano, Samuel Capdevielle González, Mirna Peralta González y Jose Enrique Castillo Nicolas, por asi haberlo solicitado expresamente. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Por otro lado, como lo solicita se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico en el presente juicio, a través de los nombres de usuario que proporciona (********************), por lo que previa verificación de los referidos usuarios, de existir registrados, se instruye al servidor público responsable para que haga la autorización relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal; asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, hágansele las notificaciones personales por la vía electrónica, a través del usuario (********************), salvo aquellas que este juzgado realice por medio de lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. DATOS DE CONTACTO Con fundamento en el artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II del mencionado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente como dato de contacto, es decir, para comunicaciones no procesales el correo electrónico y teléfono proporcionados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. AUTORIZACION AL ACTUARIO PARA FIRMAR OFICIOS Finalmente, se autoriza al actuario adscrito que corresponda la presente diligenciación, para que firme las comunicaciones oficiales que deriven del presente asunto. Notifíquese.
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