Juan José Piñón Méndez y Otros.

Expediente 162/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 30 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
162/2022
Año
2022
Actuaciones
30
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • Juan José Piñón Méndez y Otros.
  • Valeria Piñón Mata
  • Juan José Piñón Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el proveído mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en tales condiciones, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, el que, a consideración de este tribunal, carece de relevancia documental. Ahora bien, toda vez que en el presente juicio se concedió la suspensión de plano, a consideración del suscrito, el presente expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I del ordinal 18 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberán conservarse todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se considera que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conllevará a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por las razones que se exponen a continuación. La porción normativa antes referida prevé como causal de improcedencia de la acción constitucional, la de cesación de efectos, que se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que en términos de la fracción XXI del artículo 61 del ordenamiento legal en comento, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso concreto, se aprecia que la parte quejosa controvierte la omisión de considerar a los niños y adolescentes de cinco a once años en un plan, estrategia o política pública nacionales, para que reciban la vacuna contra la Covid-19; lo que deriva en la imposibilidad para notificarle la fecha y hora para que sea inoculado. En ese tenor, el análisis integral del escrito de demanda pone de manifiesto que los directos quejosos cuentan con la edad de ocho y seis años, lo que se corrobora con las documentales anexas a su demanda. Circunstancia que cobra relevancia en virtud de que es un hecho notorio que a la fecha está ya contemplada la posibilidad de inoculación para menores de edad de cinco años en adelante, desde luego ajustándose a los programas, fechas y estipulaciones que determinen las autoridades correspondientes, pues en la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, se aprecia que se encuentra abierto el registro de vacunación para menores de cinco años o más, sin que se condicione, por ejemplo, a manifestar alguna comorbilidad ni alguna otra situación diferenciada del resto de la población. Lo que también se confirma al traer a cuenta como hecho notorio que el catorce de junio de dos mil veintidós, el subsecretario de salud federal, refirió que el registro para la vacunación universal para los niñas y niños de cinco años en adelante, se abrió a partir del dieciséis de junio del año en curso. Así como, la diversa promoción efectuada por el Gobierno del Estado, a efecto de que los menores que se encuentren en ese rango de edad puedan acudir a vacunarse. De lo anterior, se aprecia que, a la fecha, el grupo etario al que pertenecen los menores quejosos ya pueden registrarse en la página de internet de la Secretaría de Salud Federal, a fin de que se les aplique la vacuna, e incluso acudir a los centros de vacunación destinados para que sean inoculados. De ahí que, los actos reclamados ya no trascienden en los derechos de la parte peticionaria, dado que las autoridades sanitarias del país crearon un registro para que el grupo etario al que pertenecen tenga la posibilidad de acceder a la vacuna contra la Covid-19, lo que en sí mismo constituye una política pública, plan, o estrategia de vacunación a nivel nacional, para los menores de edad de cinco años en adelante. Tan es así, que en auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se informó a la parte quejosa que la aplicación de la primera dosis se efectuaría el treinta de ese mes, sin que hubiera acudido en esa ocasión, estando en aptitud de hacerlo posteriormente, conforme al programa de vacunación implementado. Situación que entraña la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, acorde con el artículo 77 de la ley de la materia, como es el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por los motivos expuestos. Así pues, lo que se impone es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas con cuarenta minutos del quince de julio de dos mil veintidós.

  3. Principal

    Con efectos de notificación personal para LA PARTE QUEJOSA y/o sus autorizados en autos, se notifica el proveído de 14 de julio de 2022, por medio de la presente lista que se publica en el PORTAL DEL INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Y A LAS AFUERAS DEL EDIFICIO, el día de hoy 20 de JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, en virtud de no haber comparecido hasta las 15:45 horas del día 19 DE JULIO DE 2022; a pesar de haber dejado CITATORIO en su domicilio señalado en autos para recibir notificaciones, resolución, la cual toralmente dice: " Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se considera que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conllevará a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por las razones que se exponen a continuación. La porción normativa antes referida prevé como causal de improcedencia de la acción constitucional, la de cesación de efectos, que se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que en términos de la fracción XXI del artículo 61 del ordenamiento legal en comento, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso concreto, se aprecia que la parte quejosa controvierte la omisión de considerar a los niños y adolescentes de cinco a once años en un plan, estrategia o política pública nacionales, para que reciban la vacuna contra la Covid-19; lo que deriva en la imposibilidad para notificarle la fecha y hora para que sea inoculado. En ese tenor, el análisis integral del escrito de demanda pone de manifiesto que los directos quejosos cuentan con la edad de ocho y seis años, lo que se corrobora con las documentales anexas a su demanda. Circunstancia que cobra relevancia en virtud de que es un hecho notorio que a la fecha está ya contemplada la posibilidad de inoculación para menores de edad de cinco años en adelante, desde luego ajustándose a los programas, fechas y estipulaciones que determinen las autoridades correspondientes, pues en la página de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, se aprecia que se encuentra abierto el registro de vacunación para menores de cinco años o más, sin que se condicione, por ejemplo, a manifestar alguna comorbilidad ni alguna otra situación diferenciada del resto de la población. Lo que también se confirma al traer a cuenta como hecho notorio que el catorce de junio de dos mil veintidós, el subsecretario de salud federal, refirió que el registro para la vacunación universal para los niñas y niños de cinco años en adelante, se abrió a partir del dieciséis de junio del año en curso. Así como, la diversa promoción efectuada por el Gobierno del Estado, a efecto de que los menores que se encuentren en ese rango de edad puedan acudir a vacunarse. De lo anterior, se aprecia que, a la fecha, el grupo etario al que pertenecen los menores quejosos ya pueden registrarse en la página de internet de la Secretaría de Salud Federal, a fin de que se les aplique la vacuna, e incluso acudir a los centros de vacunación destinados para que sean inoculados. De ahí que, los actos reclamados ya no trascienden en los derechos de la parte peticionaria, dado que las autoridades sanitarias del país crearon un registro para que el grupo etario al que pertenecen tenga la posibilidad de acceder a la vacuna contra la Covid-19, lo que en sí mismo constituye una política pública, plan, o estrategia de vacunación a nivel nacional, para los menores de edad de cinco años en adelante. Tan es así, que en auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se informó a la parte quejosa que la aplicación de la primera dosis se efectuaría el treinta de ese mes, sin que hubiera acudido en esa ocasión, estando en aptitud de hacerlo posteriormente, conforme al programa de vacunación implementado. Situación que entraña la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, acorde con el artículo 77 de la ley de la materia, como es el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por los motivos expuestos. Así pues, lo que se impone es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas con cuarenta minutos del quince de julio de dos mil veintidós. ". Lo anterior, Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.- Doy Fe.

  4. Principal

    Se tiene al apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que las personas menores de edad aquí quejosas, no acudieron a la valoración médica señalada para el día catorce de junio pasado. En tales condiciones, se estima necesario requerir a la parte quejosa para en el término de tres días, manifieste la razón del por qué no acudió a la referida valoración, o bien, si en su caso, acudió a la vacunación programada en la fecha que le fue notificada en proveído de veintiocho del presente año. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se le tendrá por desinteresada en la continuación de este juicio.

Quedan 26 actuaciones en este expediente

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