Juan José Picena Belmontes

Expediente 1367/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1367/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • Juan José Picena Belmontes

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, siete de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 4496/2023, enviado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por el que informa que el referido órgano se avoca al conocimiento del asunto, derivado del amparo indirecto en que se actúa, promovido por ********************; en tención a su contenido, agréguense a los autos únicamente para que obren como corresponda la misiva de cuenta, en virtud de que el veintiséis de mayo del año en curso, en atención a lo comunicado por el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado de ese mismo circuito, residente en esta localidad (incompetencia planteada a su similar en Ciudad Victoria), se ordenó su archivo definitivo. Notifíquese. ...

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio 3415/2023, firmado electrónicamente por el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual se le tiene informando que por razón de territorio corresponde conocer del amparo directo formado con motivo de la incompetencia planteada por este órgano judicial, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil en turno, con residencia en Ciudad Victoria, por lo que ordenó la remisión de dichas constancias al citado órgano para que se avoque a su conocimiento. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se dio por concluido el juicio sin decidirlo en lo principal; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, once de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Juan José Picena Belmontes, contra el acto de la Novena Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, con sede en Ciudad Victoria; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 1367/2023-II, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la resolución diecinueve de fecha once de abril de dos mil veintitrés, dictada dentro del Toca 31/2023, por la autoridad señalada como responsable, por medio de la cual se confirmó el auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, en el que el Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con sede en Miguel Alemán, Tamaulipas, desechó la demanda a juicio ordinario sobre cancelación de acta de nacimiento, promovida por el aquí quejoso, la cual al haberse confirmado, constituye una resolución que pone fin al juicio. Ante lo anterior, el suscrito juzgador considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Juan José Picena Belmontes, en virtud de que la resolución que se combate, al haber confirmado el auto que desechó la demanda inicial, se reitera, constituye una determinación que pone fin al juicio de origen, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima que quien debe conocer de la misma es un Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, atento a lo dispuesto en dicho numeral. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 95, del Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, que establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Asimismo, encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial PC.XXX. J/8 K; 10a. Época; Pleno; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro 7, Junio de 2014, Tomo II; Página 854, cuyo texto y rubro rezan lo siguiente: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." En esas condiciones, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda en estudio; en consecuencia, envíese con sus copias, al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Turno, con residencia en Reynosa, Tamaulipas. Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda (estrados de este juzgado) y como autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luciano Costilla Pérez, quien cuenta con cédula profesional número 5760338, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, se toma nota del correo electrónico que se proporcionan para esos efectos. En atención a la solicitud realizada por la parte quejosa, consistente en que se le autorice el acceso al expediente electrónico y recibir notificaciones por dicho medio, dígasele que la consulta la podrá hacer en la página de internet www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, lo cual podrá realizar con el nombre de usuario que refiere en su escrito de cuenta, siempre y cuando se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que la autorización antes otorgada es en términos del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo.

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