Juan Jose Peniche Gonzalez
Expediente 899/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 899/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Jose Peniche Gonzalez
- Eva Luz Lara Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA VI. Agréguese el ocurso de la tercera interesada Eva Luz Lara Jiménez, mediante el cual solicita copia certificada de las resoluciones de veintiuno de septiembre y dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dictadas en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele las copias certificadas que refiere y hágaseles entrega por el conducto que indica, previa identificación y recibo que se otorgue en autos, autorizando para recibirlas a las personas que menciona en su ocurso de cuenta.
- Principal
MESA VI. Vistos los presentes autos y atendiendo a que ha transcurrido el término que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión contra el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Asimismo, en cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva se ubica en la diversa hipótesis a que se refiere la fracción III del punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN por lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado De igual modo, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo y acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto En cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo y tampoco el incidente original de suspensión derivado del mismo Por otra parte, toda vez que no existe razón para que continúe el anexo que remitido por el Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, para justificar la legalidad de su actuar; por ende, remítase a dicha autoridad las referidas constancias, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Finalmente notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido.
- Principal
MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguense a estos autos el oficio signado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, consistente en copias certificadas en un tomo del expediente 120/2018 de su índice, con las cuales, debido a su voluminosidad, con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se ordena formar un cuaderno auxiliar el cual estará a disposición de las partes para su consulta. Por otra parte y de una revisión de las referidas constancias se advierte que el veintisiete de agosto del presente año, se resolvió sobre la excepción de pago interpuesta por el ahora quejoso en los autos del expediente 120/2018, del índice de la responsable; así como también se advierte que el veintisiete de junio en dicho asunto se emitió un acuerdo en el cual se dio contestación a lo solicitado por el hoy quejoso mediante escrito de catorce de junio de la presente anualidad, el cual le fue notificado el tres de julio de dos mil dieciocho. Ahora bien, se trae a colación que los actos que la parte quejosa Juan José Peniche González reclamó en su demanda de amparo, consistieron en: La omisión de emitir una resolución respecto a la excepción de pago interpuesta por el hoy quejoso en autos del juicio de origen expediente 120/2018 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, La omisión de dar contestación al escrito de catorce de junio de dos mil dieciocho. En consecuencia, en el caso a estudio, en lo que respecta al primer acto reclamado consistente en la omisión de emitir una resolución respecto a la excepción de pago interpuesta por el hoy quejoso en autos del juicio de origen expediente 120/2018 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión de emitir una resolución respecto a la excepción de pago interpuesta por el hoy quejoso en autos del juicio de origen. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el veintisiete de agosto del año en curso resolvió sobre la referida excepción de pago en autos del expediente 120/2018 de su índice. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Juez responsable emitió el acuerdo correspondiente, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no emitió el acuerdo relativo respecto a la excepción de pago interpuesta por el hoy quejoso en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del acuerdo de veintisiete de agosto de este año, pronunciado por tal autoridad. Por otra parte y por lo que respecta al acto consistente en la omisión de dar contestación al escrito de catorce de junio de dos mil dieciocho, se concluye que dicha actuación fue realizada en una fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito, esto es, el nueve de agosto del presente año. Es decir, la parte quejosa reclama la omisión por parte de la responsable de acordar lo relativo respecto de su escrito de catorce de junio del presente año, sin embargo de las constancias que la responsable adjuntó a su informe de ley se advierte que el veintisiete de junio de dos mil dieciocho se dio contestación al referido escrito acuerdo que se hizo del conocimiento de la hoy parte quejosa el tres de julio del mismo año; por tanto si la demanda de mérito fue presentada el nueve de agosto del multicitado año dos mil dieciocho, se concluye que a la presentación de la misma dicho acto no existía. En consecuencia, el acto reclamado consistente en la negativa de dictar el acuerdo correspondiente respecto del escrito de catorce de junio de este año, se considera inexistente, en razón de que el veintisiete de junio del mismo año se dio contestación al mismo, esto es, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el nueve de agosto del presente año, en consecuencia se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, que dispone Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. De lo anterior se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y en caso contrario deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la parte agraviada es para invalidar el acto reclamado, restituyendo a la quejosa en el goce del derecho fundamental conculcado y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si se da la inexistencia del acto existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir en el goce del derecho violado. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que al momento de que el quejoso promovió la demanda de amparo, no existía la denegación de justicia reclamada a la responsable, ya que con anterioridad a ésta, se dictó el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciocho en el cual se dio contestación a lo solicitado; de ahí que se considere que a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto, lo que impide que este juzgado pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de garantías respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado. En base a ello, no obsta que les recaiga el carácter de terceros interesados a Eva Luz Lara Jiménez, y que no haya sido emplazada en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito.
- Principal
MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguense a estos autos el oficio signado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, consistente en copias certificadas en un tomo del expediente 120/2018 de su índice, con las cuales, debido a su voluminosidad, con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se ordena formar un cuaderno auxiliar el cual estará a disposición de las partes para su consulta. Por otra parte y de una revisión de las referidas constancias se advierte que el veintisiete de agosto del presente año, se resolvió sobre la excepción de pago interpuesta por el ahora quejoso en los autos del expediente 120/2018, del índice de la responsable; así como también se advierte que el veintisiete de junio en dicho asunto se emitió un acuerdo en el cual se dio contestación a lo solicitado por el hoy quejoso mediante escrito de catorce de junio de la presente anualidad, el cual le fue notificado el tres de julio de dos mil dieciocho. Ahora bien, se trae a colación que los actos que la parte quejosa Juan José Peniche González reclamó en su demanda de amparo, consistieron en: La omisión de emitir una resolución respecto a la excepción de pago interpuesta por el hoy quejoso en autos del juicio de origen expediente 120/2018 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, La omisión de dar contestación al escrito de catorce de junio de dos mil dieciocho. En consecuencia, en el caso a estudio, en lo que respecta al primer acto reclamado consistente en la omisión de emitir una resolución respecto a la excepción de pago interpuesta por el hoy quejoso en autos del juicio de origen expediente 120/2018 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión de emitir una resolución respecto a la excepción de pago interpuesta por el hoy quejoso en autos del juicio de origen. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el veintisiete de agosto del año en curso resolvió sobre la referida excepción de pago en autos del expediente 120/2018 de su índice. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Juez responsable emitió el acuerdo correspondiente, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no emitió el acuerdo relativo respecto a la excepción de pago interpuesta por el hoy quejoso en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del acuerdo de veintisiete de agosto de este año, pronunciado por tal autoridad. Por otra parte y por lo que respecta al acto consistente en la omisión de dar contestación al escrito de catorce de junio de dos mil dieciocho, se concluye que dicha actuación fue realizada en una fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito, esto es, el nueve de agosto del presente año. Es decir, la parte quejosa reclama la omisión por parte de la responsable de acordar lo relativo respecto de su escrito de catorce de junio del presente año, sin embargo de las constancias que la responsable adjuntó a su informe de ley se advierte que el veintisiete de junio de dos mil dieciocho se dio contestación al referido escrito acuerdo que se hizo del conocimiento de la hoy parte quejosa el tres de julio del mismo año; por tanto si la demanda de mérito fue presentada el nueve de agosto del multicitado año dos mil dieciocho, se concluye que a la presentación de la misma dicho acto no existía. En consecuencia, el acto reclamado consistente en la negativa de dictar el acuerdo correspondiente respecto del escrito de catorce de junio de este año, se considera inexistente, en razón de que el veintisiete de junio del mismo año se dio contestación al mismo, esto es, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el nueve de agosto del presente año, en consecuencia se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, que dispone Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. De lo anterior se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y en caso contrario deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la parte agraviada es para invalidar el acto reclamado, restituyendo a la quejosa en el goce del derecho fundamental conculcado y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable; por tanto, si se da la inexistencia del acto existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir en el goce del derecho violado. En efecto, la inexistencia del acto reclamado radicó en que al momento de que el quejoso promovió la demanda de amparo, no existía la denegación de justicia reclamada a la responsable, ya que con anterioridad a ésta, se dictó el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciocho en el cual se dio contestación a lo solicitado; de ahí que se considere que a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto, lo que impide que este juzgado pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de garantías respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado. En base a ello, no obsta que les recaiga el carácter de terceros interesados a Eva Luz Lara Jiménez, y que no haya sido emplazada en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Juan Jose Pech Lopez968/2019
- Juan Jose Peniche Gonzalez442/2021
- Juan Jose Peniche Gonzalez269/2019
- Juan José Peniche González956/2021
- Juan Jose Peniche Gonzalez209/2019
- Juan Jose Peniche Gonzalez925/2019
- Juan Jose Rivera Alcocer1028/2023
- Juan Jose Rivera Alcocer810/2023
- Juan Jose Rivera Alcocer1527/2023
- Juan Jose Santos Cano1718/2021
- Juan José Tun Cosio2026/2022
- Juan Jose Velazquez Cortazar1220/2020