Juan José Pelaez Perezguerra

Expediente 177/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
177/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Juan José Pelaez Perezguerra
  • Miembros que integran el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 177/2023, promovido por Juan José Peláez Perezguerra, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por oficio 3400/2023, presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado el mismo día, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, Guerrero remitió el juicio de amparo 116/2023, promovido por Juan José Peláez Perezguerra, por su propio derecho, al declararse legalmente incompetente para conocer del mismo; juicio mediante el cual, dicho quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Miembros que integran el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Ciudad. ACTO RECLAMADO: "La violación al artículo 17 de nuestra Constitución Federal porque desde el diecisiete de junio de dos mil veintidós, se encuentra inactivo el juicio laboral 59/2020, entablado por JUAN JOSÉ PELÁEZ PEREZGUERRA, en contra del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO." SEGUNDO. En el escrito de demanda señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se registró el oficio 3400/2023, como juicio de amparo indirecto 177/2023 y no se admitió a trámite la competencia planteada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco y se ordenó devolver los autos. CUARTO. Mediante acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio 522, suscrito por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, así como, el testimonio de sentencia de diecisiete del mes y año antes referido, relacionada con el conflicto competencial 11/2023, por el cual determinó que la competencia para conocer de la demanda de amparo correspondía a este órgano de control constitucional, motivo por el cual se admitió aquella y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, se tuvo como tercero interesado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, luego de diversos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto omisivo reclamado le es atribuido a autoridades que tienen su domicilio dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la quejosa es: La omisión de dictar el auto correspondiente al exhorto que giró a efecto de emplazar a juicio a la demandada en el expediente laboral 59/2020, a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero. TERCERO. Por razón de método, de acuerdo con la técnica que rige al juicio constitucional, en toda sentencia, sea directo o indirecto, el tribunal que conozca, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y solo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior, porque de no ser así, resultaría ocioso ocuparse del examen de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 73 de la ley sobre la materia. Es aplicable al caso jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, abril de 1994, página 68, siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Sobre esa tesitura, se tiene que el acto reclamado consistente en la omisión de dictar el auto correspondiente al exhorto que giró a efecto de emplazar a juicio a la demandada en el expediente laboral 59/2020, a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero, resulta inexistente, al momento de la presentación de la demanda de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, como enseguida se explica. La certeza o falsedad del acto atribuido a la autoridad responsable, se advertirá de los elementos y datos que arrojan las constancias de autos. Ahora, efecto de demostrar lo sostenido por este juzgado, respecto de la inexistencia del acto reclamado, es pertinente señalar el contenido del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, mismo que en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." El numeral en comento, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, hace procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo. Una vez realizada la anterior acotación, es de indicarse que de la constancia remitida por la autoridad responsable, consistente en copia certificada del acuerdo de trece de enero de dos mil veintitrés, a la que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte, lo siguiente: Que el trece de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dictó un proveído en el que, tuvo devuelto diligenciado el exhorto que le envió a la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje deducido del expediente laboral 59/2020, y declaró que el demandado quedó legalmente notificado y emplazado a juicio. Lo anterior se traduce en la inexistencia del acto omisivo que se reclama a la citada responsable, en el sentido de que no había dictado el auto correspondiente al exhorto que giró a efecto de emplazar a juicio a la demandada en el expediente laboral 59/2020, a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero, toda vez que, al momento de presentar la demanda de amparo, en forma primigenia ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Acapulco, Guerrero (nueve de febrero de dos mil veintitrés) la responsable de mérito ya había emitido el multicitado auto. Por tanto, se concluye que al momento de la presentación de la demanda de amparo, la omisión que reclamó la parte quejosa de la autoridad responsable era inexistente, pues no había incurrido en la conducta omisiva que se le atribuye, en virtud de que, desde el trece de enero de dos mil veintitrés, ya había dictado el acuerdo correspondiente a la devolución del exhorto que envió a efecto de que fuera emplazada a juicio la parte demandada en el expediente laboral 59/2020. La determinación de inexistencia del acto reclamado, encuentra sustento en el criterio de la Tercera Sala de nuestro más Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, visible en la página 273, del texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda". En tal tesitura, procede el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación que expresó el impetrante de amparo, para demostrar las violaciones que alega, así como, las causales de improcedencia invocadas por el tercero interesado , tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Página 335, Materia Común, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se hizo del conocimiento de las partes lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista a la parte quejosa el treinta de mayo del año antes citado, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en el artículo 62 y 63 fracción IV, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, por su propio derecho, en términos de lo expresado en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando cuarto de esta sentencia.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se aprecia que para el día de hoy, se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que se encuentra pendiente de realizar la notificación personal a la parte quejosa del auto de diecisiete de agosto del año en curso, con el informe justificado rendido por la autoridad denominada Miembros que Integran el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en términos del artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, para su verificativo. En otro orden, visto el oficio de cuenta, enviado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto de origen 153/2023, con número de orden 466/2023; que se le envió a efecto de que notificara el proveído de veintinueve de mayo del año en curso, al quejoso ********************; por tanto, agréguese a los autos para que como corresponda, en virtud de que en proveído de dos de agosto de esta anualidad, el quejoso de mérito, se apersonó al presente juicio. Acúsese el recibo correspondiente. En consecuencia, dese de baja la comunicación recibida en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional, así como del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Materias Común, página 1253, registro digital: 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado de manera conjunta, por los Miembros que Integran el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngasele a la autoridad responsable denominada Miembros que integran el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad, rendido su informe justificado; con su contenido y constancias que acompañan, dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Lo anterior no obstante, que del informe justificado en comento, se observa que el Representante del Gobierno del Estado, quien conforma la Integración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, no firmó el mismo; toda vez que, tal circunstancia, se estima intrascendente, dado que, en términos del artículo 120-A, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en forma supletoria a la Ley 51 del Estado, quien representa al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, es la Presidenta, de ahí que se considere suficiente que con relación a los actos reclamados al Representante del Gobierno del Estado de Guerrero, hayan firmado el aludido informe los señalados en el primer párrafo. Tiene aplicación por identidad jurídica, la Tesis XVIII, 2°.10 K, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Diciembre de 2001, Página 1742, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SI EN LA DEMANDA DE AMPARO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE A LOS INTEGRANTES DE UNA DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, EL PRESIDENTE DE LA MISMA, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA RENDIRLO. Cuando en la demanda de amparo el quejoso señala como autoridad responsable a una Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, no se requiere que el informe justificado lo rindan sus integrantes, ya que su presidente puede hacerlo en representación de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos."

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dos de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta presentado por el quejoso Juan José Peláez Perezguerra, atento a su contenido, se le tiene designando como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que señala en su escrito que se provee, dada la materia del acto que en esta vía reclama. Asimismo, se le tiene designando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 18 de Marzo, en la casa marcada número 23, de la colonia Centro, en esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Asimismo, con fundamento en los artículos 77, 79 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en relación con el 26, fracción IV, de la Ley Amparo, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza para que realicen la consulta del expediente electrónico que corresponde al presente sumario, así como para recibir citas y notificaciones por dicho medio, ello a través de los usuarios "Berrut", "Abi.Gonzalez" y "Adriana_Martínez", que pertenecen a Carlos César Berrut Bustos, Christian Abigail González Hernández, y Adriana Martínez Carmona, respectivamente. EN ATENCIÓN A ELLO, SE INSTRUYE A LA ANALISTA JURÍDICA ENCARGADA DEL "SISTEMA INTEGRAL DEL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES [SISE 2.0)", A FIN DE QUE REALICE LOS MOVIMIENTOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA TALES EFECTOS. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas" Lo anterior, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, ante ello, dicho tercero interesado deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. Sin que sea el caso tenerle el correo electrónico y servicio de mensajería whatsapp y líneas telefónicas, que señala para oír y recibir notificaciones, en razón de que en párrafos que anteceden se tuvo para tal efecto los usuarios desinados. Además, porque si bien, con antelación resultaba procedente notificar a las partes, mediante correo electrónico o vía telefónica, también lo es que, ello, acontecía debido a que nos encontrábamos inmersos en la pandemia por Covid-19, por lo cual se emitieron diversos acuerdos generales, a efecto de salvaguardar la salud tanto de los justiciables, como de los funcionarios de los diversos órganos jurisdiccionales, sin embargo, los mismos fueron abrogados mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, en los que, además, se derogaron diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo sistema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. En otro orden, vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en auto de tres de julio del año en curso, se fijaron las nueve horas con treinta y cuatro minutos del treinta y uno del mismo mes y año, para la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, ese día se omitió dar cuenta al titular, a fin de emitir el acuerdo relativo, ya que la misma fecha y hora, se encontraba ocupada en la agenda física de control interno y electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", en razón de estar agendada la audiencia constitucional, que corresponde al sumario 333/2023 de este índice, razón por la que, a fin de subsanar la duplicidad de audiencias fijadas y con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se procede a fijar nueva fecha y hora para su desahogo, y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional que corresponde.

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