Juan José Pedraza Cardona

Expediente 207/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
207/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
07/08/2019

Partes del expediente

  • Juan José Pedraza Cardona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    MESA I. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que el quejoso dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído de doce de julio de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y visto el estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción III, de dicho Acuerdo General), al haberse negado la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo en mención). 4. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se hace la precisión que no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reformas los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa junto con los cuadernos incidentales, que serán remitidos por separado con el cuaderno principal. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA I Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se agrega a los presentes autos el escrito signado por el quejoso Juan José Pedraza Cardona, por medio del cual desahoga la vista ordenada por este órgano jurisdiccional en proveído de cuatro de julio del año en curso, y al efecto manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. VALORACIÓN CUMPLIMIENTO. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La determinación emitida el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, por el Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dentro del expediente 573/2018, al resolver el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, en contra del auto que estableció convivencias de tránsito del aquí quejoso con su menor hija. Previa substanciación del juicio de amparo, el dos de abril de dos mil diecinueve, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se resolvió "ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **, respecto del acto señalado en el considerando tercero de este fallo." Inconforme con la resolución anterior, el quejoso Juan José Pedraza Cardona promovió recurso de revisión, el cual por razón de turno le correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien en sesión de trece de junio de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión 150/2019, resolvió "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **, contra el acto reclamado al Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, consistente en la resolución de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 573/2018, para los efectos precisados en la parte final del quinto considerando de esta resolución" El veintisiete de junio del año que transcurre, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento, el cual debería ser únicamente en los términos siguientes 1. el juez responsable deje insubsistente la resolución reclamada de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 573/2018. 2. En su lugar, dicte una nueva resolución en la que con base en lo considerado en esta resolución, previo al dictado de la nueva determinación, pondere los informes rendidos en autos por parte del Centro de Convivencia donde se desarrolla la visita entre el progenitor y la niña, a fin de establecer la viabilidad de la modificación del régimen de convivencias, encaminado al fortalecimiento de los lazos entre la niña y su progenitor no custodio (.) En ese orden de ideas, mediante oficio registrado con folio 10992, el Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, remitió copia certificada de la resolución dictada el dos de julio de dos mil diecinueve en el expediente 573/2018 por el cual por una parte dejó sin efectos la interlocutoria de veintitrés de enero de dos mil diecinueve y, dictó otra, en la cual al haber ponderado los informes rendidos en autos por parte del Centro de Convivencia donde se desarrolla la visita entre el progenitor y la niña, determinó modificar el régimen de visitas y convivencias provisional decretado anteriormente, realizando los apercibimientos respectivos e imponiendo a la partes diversas obligaciones. Lo precedente revela que la responsable acató el efecto de la ejecutoria de amparo; de ahí que se encuentra totalmente cumplida. Sin que obste a lo anterior las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en el sentido de que la sentencia no está cumplida, puesto que de lo expuesto, así como de las constancias exhibidas la autoridad encargada de dar cumplimiento acató en sus términos la ejecutoria de amparo, ya que como se asentó en la ejecutoria la forma en que se cumpla con la orden del juzgador, ni los actos posteriores a dicha determinación fueron materia de la propia concesión. En consecuencia, la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por último, se hace del conocimiento a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA I Agréguese a los autos la razón del actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, en la que hace constar la imposibilidad para notificar a la parte quejosa el auto de cuatro de julio del año en curso, por los motivos expuestos. En términos de los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dicha diligencia tiene valor probatorio, al tratarse de la actuación de un funcionario con fe pública cuyas manifestaciones vertidas en sus razones, corresponden a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia 563, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 405, del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, materia común, con número de registro 198729, que establece "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, se ordena agregarla a los autos, toda vez que mediante comparecencia del ocho de junio del año en curso, le fue notificado a la parte quejosa el proveído de cuatro de los cursantes, por conducto de uno de sus autorizados. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena realizar a la parte quejosa las subsecuentes que deban ser personales, por medio de lista que se fije para tales efectos en los estrados de este órgano jurisdiccional. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 20/2008 de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 238 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXVII, Abril de 2008, que es del rubro y texto siguiente "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." Así como la tesis número I.6.P.4 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, Mayo de 2002, página 1251, cuyo contenido es el siguiente "NOTIFICACIÓN HECHA POR LISTA EN EL AMPARO. NO PROCEDE DECLARAR SU NULIDAD, SI A PESAR DE ORDENARSE SU REALIZACIÓN EN FORMA PERSONAL, EL ACTUARIO NO DEJA CITATORIO, AL NO ENCONTRARSE ALGUNA DE LAS PERSONAS SEÑALADAS EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción I del artículo 30 de la Ley de Amparo establece que en el supuesto de que el notificador no encuentre a la persona a quien deba hacerse la notificación personal, le dejará citatorio para hora fija, dentro de las veinticuatro horas siguientes, y si no espera, se hará la notificación por lista; ahora bien, el párrafo segundo de la fracción mencionada dispone que dicho citatorio se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona que viva en la casa, en caso de que la notificación deba hacerse en la casa o en el despacho señalado para oír notificaciones, supuesto en que el notificador entregará citatorio a las personas que vivan en la casa o se encontraren en el despacho, el cual contendrá una síntesis de la resolución que deba notificarse; sin embargo, si el actuario al hacer la notificación no encuentra a persona alguna de las señaladas con anterioridad, se encontrará imposibilitado para dejar dicho citatorio, pues ningún dispositivo del capítulo IV de la Ley de Amparo establece la obligación de dejar el citatorio, si en el domicilio o despacho señalado no se encuentra persona alguna con quien se pueda entender la diligencia. Por lo anterior, si consta que el notificador, después de haber acudido, incluso en varias ocasiones, al despacho o domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, no encontró a ninguno de los sujetos previstos en la fracción I del artículo 30 de la Ley de Amparo, es correcto que la notificación se haga por lista y surta efectos legales, resultando, por ello, improcedente la nulidad que se reclame de ésta." Así como la diversa tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo Primera Parte, XLIII, página 221, cuyo contenido es el siguiente "NOTIFICACIONES POR LISTA. EN QUE CASO PROCEDEN. Si el domicilio señalado por los quejosos no existe, como consta de las diligencias practicadas por el actuario respectivo, no puede alegarse violación al artículo 30 de la Ley de Amparo, si la notificación se hace por lista, lo que resulta legal, por analogía con los casos previstos por el citado artículo 30, fracción II, de la ley citada." Notifíquese.

  4. Principal

    Mesa I. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria de trece de junio de dos mil diecinueve, pronunciada en el amparo en revisión 1502019, así como copia certificada del expediente ***/2018 y cinco discos en formato DVD; en la que se resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *** contra el acto reclamado al Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, consistente en la resolución de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente ***/2018, para los efectos precisados en la parte final del quinto considerando de esta resolución" Por tanto, acúsese recibo a la Superioridad, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y glósense las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En ese sentido, toda vez que el testimonio dictado por la Superioridad en comentó, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que el Juez responsable realice lo siguiente: (.) 1. el juez responsable deje insubsistente la resolución reclamada de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente ***/2018. 2. En su lugar, dicte una nueva resolución en la que con base en lo considerado en esta resolución, previo al dictado de la nueva determinación, pondere los informes rendidos en autos por parte del Centro de Convivencia donde se desarrolla la visita entre el progenitor y la niña, a fin de establecer la viabilidad de la modificación del régimen de convivencias, encaminado al fortalecimiento de los lazos entre la niña y su progenitor no custodio(.) SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En ese contexto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, cumpla con el fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibido que de hacer caso omiso, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tenga para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, podrá hacerse acreedor a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese.

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