Juan José Nuño Arana

Expediente 1526/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1526/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Juan José Nuño Arana
  • Presidente del Congreso del Estado de Jalisco

Actuaciones

  1. Principal

    Dése vista a las partes con el contenido del dictamen pericial que emite el perito designado por éste Juzgado de Distrito para que dentro del término concedido, manifiesten lo que a su interés legal convenga, bajo el apercibimiento que de ser omisos, se les tendrá por conformes...

  2. Principal

    ZAPOPAN, JALISCO, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo, presentado vía electrónica, por JOSÉ JUAN NUÑO ARANA, por conducto de su aducido apoderado especial, José de Jesús Cruz Verjan, carácter que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo y 3, fracción V, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en contra de los actos reclamados al PRESIDENTE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y OTRA AUTORIDAD, que hace consistir, substancialmente en la omisión de llevar a cabo gestiones para lograr se cumplimente el laudo dictado en el expediente 1588/2016-E1, ello por considerar que violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8, 14, 16, 174 y 123 de la Constitución General de la República; en consecuencia, regístrese con el número 1526/2022 y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Fórmese expediente impreso y electrónico. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como enseguida se demuestra. Del artículo en comento se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracciones X y XI de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; ---XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.] Al respecto debe decirse, que el juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que hayan sido materia de un diverso juicio de amparo cuya sentencia causó ejecutoria, configurándose la institución jurídica de la cosa juzgada dentro del procedimiento constitucional de mérito. Así también, resulta improcedente la acción de tutela constitucional, cuando se ejerce en contra de actos reclamados que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables, aunque e se aduzca violaciones constitucionales diversas. Es necesario establecer que la cosa juzgada es una forma que las leyes procesales han previsto, como regla que materializa la seguridad y la certeza jurídicas que resultan de haberse seguido un juicio que culminó con sentencia firme. En efecto, la autoridad de la cosa juzgada que se atribuye a la sentencia definitiva no se funda en una ficción, sino en la necesidad imperiosa de poner fin a las controversias, a efecto de dar certidumbre y estabilidad a los derechos del litigio, como consecuencia de la justicia impartida por el Estado, a través de los órganos legalmente facultados para tal efecto. En el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido éste como el que fue seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual da seguridad y certeza jurídica a las partes. Así también, la cosa juzgada se encuentra prevista en el artículo 17 de la propia Constitución Federal, en cuya parte que interesa establece: "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.". Ello, porque la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales se logra, exclusivamente, sólo en cuanto la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico, como resultado de un juicio regular, que se ha concluido en todas sus instancias y ha llegado al punto en que lo decidido ya no sea susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar el diverso derecho de acceso a la justicia, establecido en el propio artículo 17 constitucional, pues dentro de tal prerrogativa se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman un conflicto, sino también el derecho a que se garantice la ejecución de la decisión del órgano jurisdiccional. Luego, la autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que la seguridad jurídica se funda; por tanto, debe respetarse con todas sus consecuencias jurídicas. Así, en un proceso en el que el interesado tuvo adecuada oportunidad de ser escuchado en su defensa y de ofrecer pruebas para acreditar sus afirmaciones, además de que el litigio fue decidido ante las instancias judiciales que las normas del procedimiento señalan, la cosa juzgada resultante de esa tramitación no puede ser desconocida, pues en ella descansa el respeto al Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que se haya hecho efectivo el debido proceso, con sus formalidades esenciales. En contraposición a ello, la autoridad de la cosa juzgada no puede invocarse y confirmarse cuando ese debido proceso no tuvo lugar en el juicio correspondiente. El valor que la seguridad y la certeza jurídica tienen para el Estado no está a discusión, como tampoco lo está el hecho de que las sentencias definitivas establecen, con carácter rígido, la verdad legal del caso concreto. Esta última, en su inmutabilidad, eficacia y ejecutabilidad, materializa respecto a quienes fueron parte en el juicio, sus garantías de seguridad y certeza jurídica. A través del sistema jurídico debe buscarse proveer de certeza a los litigantes, de modo tal que la actividad jurisdiccional se desarrolle una sola vez y culmine con una sentencia definitiva y firme, por lo cual no debe consentirse la impugnación de la cosa juzgada y no debe abrirse, por tanto, una nueva relación procesal respecto de una cuestión jurídica que ya está decidida y cuyas etapas procesales se encuentran definitivamente cerradas; la impugnación de la cosa juzgada es irracional, pues la autoridad de esta última, en nuestro sistema, debe estimarse absoluta, sin que pueda considerarse que la cosa juzgada se establezca sólo por razones de oportunidad y utilidad, y que puedan también por excepción justificar su sacrificio, en aras de dotar de eficacia a la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, así como para evitar el desorden y el mayor daño que podría derivarse de la conservación de una sentencia que, como acto jurídico, contenga algún vicio de nulidad que la torna ilegal. De ahí que, en nuestro medio, los principios que inspiran la inmutabilidad de las sentencias son absolutos, y no deben ceder frente a algunos otros de origen también constitucional, como el de incongruencia en las resoluciones, pues aceptando que el proceso se encuentra debidamente garantizado, en la medida que el propio sistema está integrado por diversas instancias y medios de defensa que permiten a los interesados, impugnar oportunamente las decisiones jurisdiccionales, a fin de reparar cualquier vicio del que las decisiones judiciales pudieran adolecer, cuando estos han sido cuestionados y decidida impugnación o aceptado en sus términos, por falta de ejercicio de recursos en su contra se vuelven inmodificables, inimpugnables, inmutables y se tornan obligatorias por ser la verdad legal, al descansar precisamente en dicha inmutabilidad, los principios de seguridad y certeza jurídica. La cosa juzgada formal en realidad constituye una expresión de la institución jurídica de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad y en sentido estricto es la que se califica como material e implica la imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse en cualquier proceso futuro, sin desconocer que la formal es condición necesaria para que la material se produzca. Resulta aplicable, la tesis aislada XVII.2o.C.T.12 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Junio de 2004, visible a página 1427, con número de registro 181353, que a la letra dice: "COSA JUZGADA FORMAL Y MATERIAL. DIFERENCIAS Y EFECTOS. La doctrina moderna distingue dos especies de cosa juzgada, la formal y la material. La primera está encaminada a operar exclusivamente en el proceso, pues consiste en la inimpugnabilidad de la sentencia en su certeza jurídica, en virtud de que con la realización de ciertos actos o con el transcurso de los términos se extingue el derecho que pudiera haberse ejercido para realizar determinados actos procesales. En cambio, la material, además de tener como base esa inimpugnabilidad de la sentencia dentro del proceso, su firmeza o inmutabilidad debe ser respetada fuera del proceso, o en cualquier otro procedimiento en que se pretenda promover exactamente el mismo litigio. Esto es, los efectos de la sentencia devienen definitivos y obligatorios para el juzgador en cualquier juicio en el que se pretendiera reiterar lo sentenciado, es decir, la sentencia al ser inimpugnable alcanza autoridad o fuerza de cosa juzgada en sentido formal o externo, pero si, además, resulta jurídicamente indiscutible el pronunciamiento judicial que el fallo contenga, entonces, adquiere fuerza de cosa juzgada en sentido material o interno. Luego, la primera es el presupuesto de la segunda y el significado de ambas puede condensarse así: la cosa juzgada formal es igual a inimpugnabilidad, mientras que la cosa juzgada material es igual a indiscutibilidad. Por lo general coinciden los dos sentidos de la cosa juzgada, pero no en todos los casos, ya que en algunos sólo se produce el primero.". Lo que impide que se analice de nueva cuenta un acto que ya fue materia de estudio en otro juicio de amparo; es decir, existe imposibilidad jurídica para analizar en una posterior ocasión la inconstitucionalidad o constitucionalidad de un mismo acto, porque la causa de improcedencia contemplada en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se estableció por el legislador ordinario con el exclusivo propósito de impedir, en ese caso, la posibilidad de la coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada. Por otro lado, la litispendencia, cuando existe identidad sustancial y objeto materia del juicio, torna en inoficiosa la promoción de un juicio de amparo, ante la característica de medio de control de constitucionalidad extraordinario, con que se encuentra revestido el juicio de amparo. Aunado a que, el sustento de esa determinación estriba en que resultaría ociosa la tramitación de múltiples juicios de amparo, cuyo punto jurídico sea idéntico o similar al que se planteó en primer lugar, y respecto del cual se hubiera, como en la especie ocurrió, concedido la tutela federal, pues ello tornaría nugatoria la ejecución del fallo y las decisiones alcanzadas por un órgano de control constitucional, que resulta de orden público e interés social e incluso, oficioso para este Juzgado de Distrito, que conoció de dos juicios anteriores. En ese contexto, es un hecho notorio para quien ahora resuelve, que se invoca con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el diverso juicio de amparo número 2068/2019, en el que por sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a JOSÉ JUAN NUÑO ARANA, para efectos de que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: ". de manera inmediata proceda a continuar con los trámites correspondientes a la etapa de ejecución del laudo en el expediente 1588/2016-E1, hasta su conclusión sin que sea necesaria la intervención de la aquí quejosa. [.]". ello dentro del juicio burocrático 1588/2016-E1, sentencia que causó ejecutoria el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve y actualmente se encuentra en etapa de cumplimiento. Por tanto, se DESECHA DE PLANO, la presente demanda de amparo, toda vez que el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; en la inteligencia que la causal invocada tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada y tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por la quejosa con idéntico objetivo. En el caso concreto, de la demanda que ahora se analiza, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa lo es la omisión de llevar a cabo gestiones para lograr cumplimentar el laudo dictado en el expediente 1588/2016-E1. Luego, es un hecho notorio que existe el diverso juicio de amparo 2068/2019, del índice de este Juzgado, promovido por la misma parte quejosa, por las mismas consecuencias de los actos que reclaman en el juicio de amparo en que se actúa, y en el que se concedió la protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la responsable realizara las gestiones necesarias para la ejecución del laudo. Por tanto, se puede válidamente arribar a la conclusión de que si en la demanda de amparo que nos ocupa, la ahora quejosa pretende combatir el mismo acto reclamado, o las secuelas derivadas de la ejecución del laudo emitido en el juicio de origen, se actualiza la referida causal de improcedencia. Lo anterior, considerando que con anterioridad a la fecha de presentación del juicio de amparo en que se actúa, se tramitó ante este Juzgador el amparo indirecto 2068/2019, promovido por la propia parte quejosa, contra la misma autoridad responsable y respecto del mismo acto reclamado, actualizándose así los extremos de la cosa juzgada material y formal, resolución que resulta inmodificable, por ser la verdad legal. Máxime, que será un desatino jurídico emprender un nuevo análisis de una resolución que alcanzó la calidad de cosa juzgada, pues se trastocaría la garantía de seguridad jurídica. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 41, volumen XCIX, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior. La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." Sin que resulte óbice a lo aquí determinado, la circunstancia de que la peticionaria narre antecedentes diversos a los narrados en el libelo que dio origen a aquél amparo o pretenda señalar a una autoridad diversa, pues ello no influye en el sentido de esta determinación, conforme se expuso previamente. Resulta aplicable la tesis publicada en la página ciento cuarenta y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216 Primera Parte, Pleno, que contempla: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR, EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS.- Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de algunas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia" Sin que lo anterior, violente el derecho fundamental de la parte quejosa a la seguridad jurídica, como se desprende de la tesis 1a. XCV/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal, que dice: 'COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. De ahí que, en todo caso la peticionaria de amparo debe promover lo conducente a la ejecución del fallo protector en el juicio de amparo en que le fue concedida la tutela federal, a través de los medios legales que corresponda, contemplados en la normatividad aplicable al caso y no mediante la promoción constante de nuevos juicios de amparo, pues de considerarse lo contrario se desnaturalizaría la característica de medio de defensa extraordinario que reviste al juicio de derechos fundamentales, pues éste se encuentra regido por los mecanismos legales instaurados en la legislación y la jurisprudencia que rigen su desenvolvimiento procesal. Por ende, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, así como 61, fracciones X y XI del propio ordenamiento, SE DESECHA la demanda que nos ocupa. Se tiene como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Se tiene como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala; por lo que ve al resto de los mencionados, se les tiene en términos restringidos del citado numeral. Así como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se concede el uso en este juicio de amparo de medios electrónicos, para el efecto de que realice la reproducción de los mismos, previo razón y recibo que se otorgue en autos, por cualquiera de las personas que se encuentra autorizada para ello. Asimismo, toda vez que proporciona el nombre de usuario "JOSECRUZVERJAN", a efecto de que se le autorice la consulta vía internet del expediente electrónico 1526/2022; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3 de la Ley que rige la Materia, se autoriza a dicho usuario la consulta de este expediente. Instrúyase, al actuario judicial que las notificaciones que se ordenen de forma personal al quejoso, lo haga vía electrónica, toda vez que así lo solicita. Se le tiene proporcionado el correo electrónico que señala en su escrito, a fin de establecer el contacto respectivo, en términos del numeral 2, fracción XIX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Por último, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 del último párrafo de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política Mexicana, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario de la adscripción practique las notificaciones que de manera personal sean ordenadas en este asunto. MEDIDAS ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA. Ahora bien, las circunstancias de emergencia y el riesgo sanitario en que nos encontramos exigen la implementación de una solución acorde con el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, que fueron implementadas por parte del Consejo de la Judicatura Federal, mismas que conforman el Acuerdo General 8/2020, así como el 9/2020, 10/2020 y 13/2020. En esa tesitura, mediante el diverso acuerdo denominado "MECANISMO DE REFORZAMIENTO A LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADAS EN LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19", el Consejo de la Judicatura Federal contempló la posibilidad por parte de dichos órganos jurisdiccionales, de utilizar las herramientas tecnológicas que se tienen en la actualidad, ello a fin de evitar la propagación del virus denominado SARS-COVID-19. Así, como estrategia excepcional acorde con las medidas establecidas por los organismos internacionales y las autoridades nacionales de salud, para inhibir que las partes y el personal jurisdiccional se ubiquen en un riesgo mayor de contagio durante el desarrollo de las diligencias que por su propia naturaleza o carácter urgente lo ameriten, este Juzgado Federal autoriza a los Actuarios Judiciales y demás personal de la adscripción, para que en la medida de lo posible hagan uso de las herramientas tecnológicas disponibles (de manera enunciativa más no limitativa, la utilización de computadoras, laptops, tabletas, teléfonos celulares, etcétera), a fin de que puedan practicar las diligencias que les sean encomendadas. En el entendido que de recurrir a dichas medidas, deberán de efectuar la certificación y razón relativa, debiendo cotejar que en todo momento sean entregadas a las partes los documentos necesarios para su debida defensa, en la inteligencia que dichas constancias podrán ser entregadas asimismo de forma digital. De igual forma, se solicita e insta a las partes a fin de que en la medida de lo posible y en virtud de la contingencia sanitaria decretada, a efecto de poder mitigar su propagación, se haga uso de manera extraordinaria de las herramientas tecnológicas a su alcance y se continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", mediante la utilización de la Fiel, Firel o firma electrónica del SAT, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por ende, con base en lo previsto por los artículos 22 y 28 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus COVID-19, se exhorta a las partes, para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y de no ser ello posible, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, tales como correo electrónico. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Christian Ernesto Ceballos Castellanos, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Encargado del Despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTA DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", en razón de que la Comisión de Carrera Judicial en sesión celebrada el cuatro de julio de dos mil veintidós, acordó autorizar al Juez Óscar Arturo Murguía Mesina, su primer periodo vacacional, lo que fue comunicado por oficio CCJ/ST/2913/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciadaMartha Paulina Robles Muro, Secretaria que autoriza y da fe. MPRM/

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,821 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano