Juan José Nemer de la Garza
Expediente 150/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Juan José Nemer de la Garza
Actuaciones
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. De autos se advierte que por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa respecto de los actos realizados por la[s] autoridad[es] responsable[s], en relación al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar oficiosamente si está cumplida o no la ejecutoria de garantías. Para estar en condiciones de realizar lo anterior, se deben estudiar los efectos de la protección constitucional concedida, así como la forma en que la responsable aduce que lo acató. Al respecto, se advierte que mediante oficio[s] recibido[s] en este juzgado, la autoridad responsable informó el cumplimiento a la ejecutoria, y a partir de ello, determinar la conclusión a la que se arribe (...) De la tabla precedente se obtiene que la responsable cumplió en sus términos con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, puesto que sin exceso ni defecto acató los efectos de la protección constitucional. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la sentencia de amparo. Por otra parte, mediante escritos de folio 1856 y 2672 el quejoso Eduardo Rosales Elizondo, promueve incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Aduciendo sustancialmente, que en la resolución de tres de febrero de dos mil veintiuno, en la que Gobernador del Estado de Tamaulipas, emitió en favor de los aquí quejosos el acuerdo de reversión respecto de las superficies de terreno de su propiedad, se indicó que el gobierno de la entidad no tomo posesión física y legal respecto de dichos predios, sin embargo, manifiesta el promovente que materialmente si se tomó posesión legal y jurídica de los mismos, por lo cual deberá hacerse una corrección a dicho acuerdo, sustentando su pretensión con copia simple del acta de entrega posesión del citado bien inmueble efectuada por personal de la Secretaria de obras Públicas y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, por lo cual refiere la autoridad responsable ha rebasado los términos de la concesión de amparo. Asimismo, solicita que se ordene al gobernador que emita un nuevo acuerdo purgando los vicios y omisiones en los que estima ha incurrido, así como que ordene la entrega física y material del inmueble materia de la expropiación, señalando fecha y hora para tal efecto. En ese sentido, la incidencia planteada por el quejoso resulta improcedente, ello toda vez que lo aducido por el promovente en relación al cumplimiento que emitieron las autoridades a la autoridad responsable a la sentencia de amparo, no fue materia de la sentencia de amparo ni de sus efectos. Lo anterior, se estima así pues en dicha sentencia se concedió el amparo y protección de la justicia federal por transgresión al principio de pronta impartición de justicia previsto en el artículo 17, en relación con el derecho de petición previsto numeral 8°, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la autoridad[es] responsable[s] previos trámites legales necesarios, emitiera la resolución que corresponda, debiendo ordenar y vigilar las acciones necesarias para su ejecución, en los plazos concedido para ello. En ese sentido, este Juez de Distrito no constriñó a la autoridad responsable a resolver de una manera específica, por tanto dicha determinación se emitió con libertad de jurisdicción, esto es, la responsable resolvió lo conducente conforme a las constancias relativas del procedimiento administrativo seguido en el forma de juicio relativo a la acción de reversión solicitada por la parte quejosa. De ahí, que resulte improcedente determinar que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se emitió con exceso o defecto en los términos que indica el quejoso, considerando que lo determinado en la resolución de tres de febrero de dos mil veintiuno, no atiende a los lineamientos fijados por este órgano federal de amparo; menos aún que el quejoso pretenda por esta vía se analice la legalidad de lo ahí estipulado. Ahora, si bien se fijó como efecto de la concesión del amparo que las autoridades responsables deben ordenar y vigilar las acciones necesarias para su ejecución correspondiente en el plazo otorgado, ello no implica que este juzgador pueda obligar a la autoridad a la responsable a ejecutar algo que no resolvió, en los términos que pretende el quejoso. En ese sentido, las violaciones u omisiones que aduce el quejoso en el incidente que plantea, constituyen temas ajenos al cumplimiento del amparo otorgado en este asunto y susceptibles de control a través de otros medios legales, pues no fueron materia de análisis de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto expone: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO. (...) Orienta lo anterior la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido. INCONFORMIDAD POR DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS ENCAMINADOS A ALEGAR VICIOS DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA, EN DONDE SE RESERVÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. (...) Por tanto, al haber cumplido las autoridades responsables en sus términos con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, se desecha de plano el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia interpuesto por el quejoso por improcedente, de conformidad a las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 66 y 196 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis de rubro y texto: INCIDENTES EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO TIENE POSIBILIDAD DE RESOLVERLOS DE PLANO SIN NECESIDAD DE TRAMITARLOS. (...) Notifíquese en términos de ley
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de quince días, que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para plantear inconformidad en contra del auto mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna para tal efecto. En consecuencia, sin ulterior acuerdo, una vez que se notifique el presente proveído, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 y 214 de la ley de la materia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este asunto se clasifica como depurable, pues se concedió la protección constitucional y dado que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral, una vez que transcurran tres años, procédase a su depuración conservando únicamente la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente auto y se destruirán el resto de las actuaciones; hecho lo cual deberá gestionarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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